A pocos días de terminar su mandato, Mauricio Macri elevó el rango de Agencia al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados por decreto, un programa que había tomado notoriedad en los últimos años, especialmente ligado a las causas de corrupción política y de narcotráfico.
Con el decreto 795/2019, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno realizó una serie de modificaciones a la Ley n° 25.764, sancionada en 2003,que le otorgan una mayor autonomía, además de crear un Consejo Consultivo presidido por la Cámara Federal de Casación Penal.
“Créase la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados destinada a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y lo previsto por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias”, expresa el decreto.
El programa había tomado notoriedad en los últimos años con el ingreso de algunos involucrados en causa de corrupción como Oscar Centeno, el chofer autor de los cuadernos de las coimas; Alejandro Vandenbroele, por la causa Ciccone; el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares; y Leonardo Fariña, quien recientemente renunció al programa. En ese sentido, ahora la medida crea la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados como un ente autárquico dotado de autonomía funcional, aunque actuará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La Cámara Federal de Casación Penal propondrá un nombre para el cargo de Director Nacional de la agencia, el cual luego pasará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para, finalmente, ser aprobado por el Poder Ejecutivo. A su vez, el decreto constituye un Consejo Consultivo, que tendrá reuniones mensuales para que el director nacional de la agencia informe sobre su funcionamiento. Este cuerpo estará presidido por el titular del máximo tribunal en temas penales, cargo que desde 2017 ocupa el juez Carlos Mahiques; y también lo integrarán un representante de la Procuración General de la Nación y uno del Ministerio de Seguridad.
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