La Corte provincial de Mendoza confirmó que Enrique Hugo Montuelle Masmouk (38) -un triple homicida y descuartizador condenado a prisión perpetua- debe ser indemnizado por el Estado provincial que no lo pudo custodiar debidamente y por ello resultó herido durante una trifulca carcelaria.
Montuelle no es un recluso más: fue uno de los “descuartizadores de Boulogne Sur Mer”, tal vez el caso más espeluznante ocurrido en las cárceles mendocinas: en 2004, tras una noche de descontrol por el consumo de pastillas y alcohol, un grupo de internos le asestó 70 puñaladas a Sergio Salinas (24), cuando estaba lavando ropa. Luego lo llevaron a una pileta y seccionaron el cuerpo en 8 partes. Montuelle fue uno de los protagonistas del brutal crimen.
Ahora, el fallo firmado por la sala Primera de la Suprema Corte de Justicia, conformada por Julio Gómez, Dalmiro Garay (votó en disidencia) y Mario Adaro, ordena que el triple homicida reciba 220 mil pesos (290 mil, con intereses), una cifra menor a los 716 mil solicitado por el interno y a los 350 mil que ya había establecido el Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil.
Maltratos carcelarios
Montuelle ingresó a la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer en diciembre de 2003, en un estado de salud psicofísica normal. Pero, según la demanda, fue torturado, sometido a encierros prolongados sin luz, a utilizar baños sin agua, a dormir en invierno sin frazadas y a no recibir comidas, cuestiones que fueron agravando su salud mental y estado físico.
Luego fue internado en el Sauce, en 2014 y 2018, y las autoridades penitenciarias no tuvieron en cuenta que las visitadoras sociales indicaron que debía recibir tratamiento psiquiátrico. También fue trasladado en cuatro oportunidades, entre 2003 y 2011, a distintas dependencias carcelarias, frente a un cuadro de depresión.
En la demanda se afirma que todos estos cambios agravaron el estado mental de Montuelle, quien sufrió “molestias de sus compañeros de pabellón que lo maltrataban, lo trataban como loco, le cortaban la cara, sin poder éste comprender lo que sucedía a su alrededor”.
Su situación se agravó el 29 de enero de 2013 cuando fue herido por tres reclusos con armas blancas (este es el asunto central de la demanda). Como consecuencia de ello fue trasladado al Hospital Central, perdiendo el bazo y una parte del intestino a raíz de las puñaladas. Luego de ser operado “lo llevaron a la Penitenciaría donde lo “tiraron” en una “exclusa” en el módulo 4, sin luz ni agua potable, en un catre y baño”.
Concretamente, la demanda sostiene que el Estado no veló por la seguridad y la salud del interno que ingresó sano y no recibió vacunas a pesar de su sistema inmunológico dañado. Además, debió determinar políticas preventivas para evitar riñas entre personas privadas de libertad”.
