Pese a que se prevé una intensa puja con la oposición para conseguir los apoyos durante el período de sesiones extraordinarias, el Gobierno confía en que el Congreso aprobará el ambicioso proyecto de ley ómnibus con el que el presidente Javier Milei aspira a poner en marcha un paquete de reformas para desregular la economía y modificar el funcionamiento del Estado frente a la aceleración de la crisis y el deterioro del tejido social.
El optimismo en la cúpula del Ejecutivo se ancla en que Milei se guardó una carta para comprometer a los gobernadores en la tarea de recolectar los votos necesarios para que ambas cámaras le den el visto bueno al set de reformas económicas, financieras y fiscales que plantea el primer mandatario en el amanecer de su gestión: la reversión del impuesto a las Ganancias.
Si bien se preveía que el Gobierno incluyera la iniciativa para restituir ese gravamen en la ley ómnibus que envió Milei al Congreso, un reclamo de los mandatarios provinciales que vieron afectados sus recursos coparticipables por la reforma que implementó Sergio Massa en plena campaña, el jefe del Estado lo quitó del paquete con el fin de preservar un instrumento para negociar. Es decir, prefirió quedarse con esa garantía para presionar a los gobernadores y lograr que colaboren con el oficialismo para obtener el aval de las cámaras de diputados y senadores a su megaproyecto, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.
Milei, que rechazó de plano la idea de un grupo de caciques del PJ de coparticipar el impuesto al cheque, está dispuesto a asumir el costo político de restituir ganancias –mandaría un proyecto más adelante, en extraordinarias- mientras avanza con el plan de ajuste para bajar drásticamente el gasto público e implementar un “shock” económico. Pero quiere que los mandatarios provinciales se involucren en la tarea de ayudarlo a asegurar la gobernabilidad. “Ellos tienen que hacer su aporte y cumplir con su parte para que aprobemos la ley. Si nos ayudan con la gobernabilidad, nosotros los ayudamos a ellos con ganancias”, resumen en la cúpula del Gobierno.
Es más: remarcan que “no se trata de un chantaje, sino de una negociación política”. “Sería naif darles esa ayuda antes de que salga lo otro”, aseguran.
Con apenas 38 o 40 diputados y siete senadores, la Casa Rosada corre en desventaja y necesita abrir una vía de negociación para conseguir la sanción de la ley ómnibus en el Congreso. En Balcarce 50 admiten que Milei hoy no tienen lo números garantizados en la Cámara baja, donde arrancará el debate, y deberá apelar a las artes de la política para construir un colchón de adhesiones, pese a que mantendrá su ofensiva discursiva contra “la casta”, el enemigo que eligió para confrontar y disimular su falta de sustento legislativo. Si el Congreso no acompaña o traba sus reformas, pregona Milei, es porque rechaza la voluntad popular de implementar una transformación estructural de la economía y del Estado frente a la aguda crisis.
Altos funcionarios del Gobierno consideran que, pese al malestar de gobernadores o jefes opositores por la falta de diálogo respecto de reformas estratégicas que afectan sus intereses o impactan en sus territorios, hay un consenso entre los mandatarios –incluso del peronismo- de que la Argentina requiere avanzar con un “cambio” y una transformación de raíz. Los colaboradores más estrechos de Milei confían en que los gobernadores e intendentes detectan el humor social y no frenarán las “soluciones crudas” que el Presidente dispuso para reducir el gasto público y sortear una crisis de mayor magnitud. Se jactan de que Milei supera el 75% de imagen positiva en las encuestas y que sus reformas -como el impulso de las privatizaciones- tiene un amplio acompañamiento social, según las encuestas que manejan en el Gobierno.
El megaproyecto de Milei incluye la modificación de 664 artículos, deroga leyes y contiene amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años. La vasta iniciativa le abre la puerta las privatizaciones e impulsa desde una nueva estructura del Estado hasta cambios en el Código Penal, en salud y educación, y en la forma de elegir diputados.
En el círculo de confianza de Milei argumentan que la situación de emergencia económica impide estirar los plazos de la discusión. No confirman si evaluarían extender el período de sesiones extraordinarias más allá del 31 de enero ante las quejas de los legisladores por el volumen del paquete de leyes, aunque dan señales de que no hay tiempo debido a la profunda crisis. No esconden el apuro del jefe del Estado para que se pongan en marcha las reformas. Consideran que los “detractores” de la ley responden a “intereses sectoriales” del ámbito público o privado. “No hay alternativa, vamos a pasar seis meses muy duros”, repiten en los despachos de la Casa Rosada.
En el Gobierno reconocen que el capítulo fiscal es “importante” para Milei, pero también las desregulaciones económicas. Saben que se discutirá artículo por artículo y si bien el Presidente mantiene la estrategia de “a todo o nada”, exhiben voluntad de negociar modificaciones menores con la oposición para eliminar obstáculos. Se preparan para un ejercicio de tira y afloja en duras tratativas. “No pueden cambiar el espíritu”, avisan.
En las últimas horas, Milei acentuó su ofensiva contra los sectores de la oposición, como Pro o la UCR, que podrían ayudarlo en el Congreso. No solo denunció que hay legisladores que buscan “coimas”, sino que criticó a los macristas y radicales que votaron a favor del aval legislativo para la ley impositiva y el pedido para tomar deuda que impulsó el gobernador Axel Kicillof con un duro mensaje en la red social X. Esas críticas provocan un fuerte enojo en las tribus de JxC. “¿Quieren que aprobemos el megaproyecto y el DNU o no quiere reunir los votos y busca una excusa para culpar a ‘la casta’ por las trabas?”, lanza uno de los dirigentes de la plana mayor de Pro.
Dado que Milei considera que la ley ómnibus es necesaria para implementar “cambios urgentes” y marcar un rumbo claro, “un norte”, de la gestión. Admiten que sería una señal negativa, con un posible impacto en los mercados, que el Congreso no apruebe el paquete de reformas. Sin embargo, altos funcionarios del Gobierno advierten que Milei está dispuesto a utilizar “todos los mecanismos constitucionales” para avanzar con los cambios. En otras palabras: el plan B de Milei es activar un decreto, que no incluiría las modificaciones tributarias, penales y en el sistema electoral, que deben pasar por el Congreso, en caso de que las cámaras traben el megaproyecto. En ese caso, lograría una reforma parcial por decreto.
Resistencia
Mientras tanto, el Gobierno mira de reojo la deriva de los reclamos judiciales contra el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que Milei lanzó una drástica reforma de leyes y regulaciones. El caso incluso llegó en las últimas horas a la Corte Suprema de Justicia por un planteo del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El máximo tribunal envió el caso a la Procuración General de la Nación, pero no habilitará la feria. “Confiamos en Barra [Rodolfo, procurador del Tesoro”, dicen en la Casa Rosada. Milei avisó que si el Congreso lo declara nulo, avanzará con una jugada aún más audaz: un plebiscito. En Balcarce 50 apuestan a doblegar la resistencia de gobernadores y la CGT, que lanzó un paro para el 24 de enero en rechazo de la reforma laboral y los límites a la protesta. “Vamos a explicarles el sentido de la ley. La Argentina necesita desregular la economía: necesitamos marcar el camino y dar una señal clara hacia dónde va el gobierno”, sintetiza un interlocutor habitual del Presidente.
El encargado de contener los enojos por las reformas de Milei, sobre todo de los gobernadores y sindicalistas, es Guillermo Francos, el ministro del Interior. En las últimas horas se multiplicaron los contactos con mandatarios que están alertados por la magnitud del proyecto y el impacto en sus provincias. Hubo errores en la redacción, reconocen en la Casa Rosada, que pusieron en guardia a Rolando Figueroa (Neuquén). Se trata del artículo 298 que modifica el artículo 98 de la ley de hidrocarburos (17.319). “Habrá correcciones pequeñas porque hay textos poco claros y errores semánticos”, dicen en el Ejecutivo.
Hoy, Francos recibirá a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien manifestó su inquietud por el impacto del megaproyecto en el sector de biocombustibles de Santa Fe. “Hay diálogo”, repiten en la Casa Rosada.
