El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, inició sumarios a 956 empleados estatales que recibían el Potenciar Trabajo. Mediante la firma de un decreto, el mandatario inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades ante presuntas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada en relación con la percepción ilegítima de los beneficios del programa nacional.
La medida se puso en marcha en respuesta al Oficio emitido por el Fiscal Federal Guillermo Fernando Marijuan y a la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación, por la cual se suspendió el pago del Salario Social Complementario a 4588 titulares de todo el país del Programa “Potenciar Trabajo”, de los cuales 956 corresponden a Tucumán.
“Corresponde señalar que las incompatibilidades en la percepción de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo se originaron durante la gestión de gobierno que concluyó el 29/10/2023”, indica el correspondiente decreto firmado por el gobernador de Tucumán, el contador Osvaldo Jaldo.
De esta manera, el Gobierno de Tucumán instruyó a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en un plazo de 30 días, eleve las Conclusiones Finales y el eventual Capítulo de Formulación de Cargos. Asimismo, los Ministros de Educación y Seguridad tienen la misma instrucción respecto al personal de sus dependencias. Las posibles sanciones pueden ir desde un apercibimiento hasta la cesantía.
