Cinco policías se sumaron en las últimas horas a la lista de desafectados de la fuerza, decisión tomada por orden del propio gobernador Osvaldo Jaldo.
En el transcurso de esta semana, suman ya diez los uniformados a los que se exoneró de la fuerza.
En el Boletín Oficial del martes, se publicó que por orden del jefe de Policía Joaquín Girveau se había hecho efectiva la cesantía de los efectivos Cynthia Jeannette Galarza, José Gabriel Espinoza, Luciano Ismael Garrocho, Axel Chaile y Marcos Antonio Carrizo.
Todos ellos habían fueron designados en octubre de 2022 y aparecieron mencionados en la causa en la que se analiza un supuesto intento de sedición abortado el 25 de febrero, en el marco de una causa que investiga la fiscal Mariana Rivadeneira, quien consideró que tendrían participación en el grupo, aunque por el momento no se dispuso ninguna medida judicial efectiva en su contra.
El lunes, por pedido del gobernador, fueron dados de baja los agentes Nicolás Agustín González y Santiago Miguel Brunetto, quienes fuero filmados causando incidentes al intentar eludir un control de alcoholemia en la capital.
El caso tomó trascendencia porque la filmación se viralizó mostrrando a los uniformados increpando en tono intimidatorio a un empleado municipal.
“Ellos darán a conocer su versión de los hechos porque sólo se conoce la de los empleados municipales. Hubo hasta una situación de acoso y de violencia de género en contra de ella”, aseguró el defensor de los policías, Patricio Fresia. “Tienen pruebas suficientes para demostrar que en realidad fueron víctimas”, agregó el letrado.
Benjamín Orrillo se sumó el martes a la lista como el cuarto agente que quedó fuera de la Policía. Este uniformado quedó involucrado en una causa de narcomenudeo, por lo que se solicitó su baja inmediata.
El quinto efectivo que quedó al borde de ser cesanteado es Sergio Javier Ponce, que fue procesado por ser uno de los acusados de participar en el intento de huelga policial desarticulada hace poco más de un mes.
El agente, al que se le dictó el arresto domiciliario, no había cumplido con todos los requisitos para ingresar a la fuerza. Tanto el gobernador Jaldo como el jefe de Policía indicaron que continuarían firmando la expulsión de efectivos que no tengan la conducta necesaria para vestir el uniforme o que sean acusados de cometer delitos. Vale la pena aclarar que los sancionados eran Personal Transitorio Policial por lo que es mucho más sencilla sancionarlos con la expulsión de la fuerza.
Con el comienzo de un trámite administrativo y la rúbrica de un decreto alcanza para que los sancionados no vuelvan a utilizar su uniforme, aún cuando se trate, como en todos estos casos, de personal recientemente incorporado.
