Se trata de un caso histórico. Es el primer antecedente en la provincia y, a nivel nacional, no existe o por lo menos, no encontraron casos de estas características. No hay precedentes sobre padres que hayan sido imputados por hechos cometidos por sus hijos, sin embargo, la ley prevé la existencia de la responsabilidad parental. Al momento de resolver, el juez Alejandro Tomas reconoció que se trata de una cuestión muy discutida en la doctrina, pero finalmente hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal e imputó a E. y a J. por el homicidio culposo que protagonizó en 2021 su hija L. cuando tenía 12 años.
Los nombres de los implicados no pueden publicarse porque implicaría revelar indirectamente la identidad de la menor. LA GACETA pudo presenciar la audiencia con la condición de que al contar la historia no se exponga a la adolescente, que además era inimputable cuando se registró el accidente mortal.
Según explicó Diego Hevia, el titular de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas I, el 22 de mayo de 2021 los ahora imputados incumplieron sus deberes tutelares al permitir que su hija de 12 años se subiera en una camioneta Toyota Hilux y condujera hasta la casa de un pariente, en un barrio de Las Talitas.
Ese día ocurrió una tragedia. La niña perdió el control del vehículo y terminó subiendo a la vereda, en ese desbocado trayecto la camioneta embistió a una criatura de tres años y terminó impactando contra una pared. El niño V. murió en el acto por la violencia del impacto. Para dimensionar la fuerza que tuvo el golpe, el fiscal detalló que en el muro quedó un hueco de tres metros de diámetro.
Violencia
La conmoción del hecho generó un caos en el barrio. Algunos vecinos aseguraron que la conductora venía a alta velocidad y que habría intentado derrapar cuando perdió el control. No era la primera vez que veían a la niña manejando rápido vehículos de motor, algunos mencionaron que solía pasar por la cuadra haciendo “willy” en una moto y también conduciendo un cuatriciclo color azul. Todo eso explotó en una reacción violenta y L., desesperada llamó a su padre pidiendo ayuda.
Según la investigación, la reacción de la familia de L. también fue violenta. E y J fueron en otra camioneta a buscar a su hija junto a otras personas. Al llegar al lugar algunos de los mencionados bajaron armados y realizaron disparos al aire para amedrentar a los presentes. Luego uno se subió al vehículo que protagonizó el accidente y se lo llevaron junto a la niña. Con el correr de las horas, el titular de la camioneta lo entregaron a las autoridades para que sea peritada.
Por ese segundo hecho, el fiscal solicitó allanamientos en los cuales se incautó varias armas que no estaban registradas a nombre de sus poseedores. Una de ellas, incluso, tenía pedido de secuestro por un robo registrado en 2016. Con esa prueba, Hevia solicitó que los tres familiares de L. y un sereno que trabaja para la empresa de transporte de la que son propietarios sean imputados por la tenencia no autorizada de ese armamento. Además, a los padres de la menor que protagonizó la tragedia los acusó por homicidio culposo, no como autores, pero sí por no haber tomado los recaudos para evitar que la niña protagonizara el accidente fatal.
La defensora de los imputados, Tania Visintini, completó el relato del hecho recordando que luego del accidente los disturbios siguieron y que una horda de vecinos vandalizaron y saquearon la casa donde habitaba la conductora y sus padres. Por esa razón terminaron mudándose a un departamento de la capital.
Concepto jurídico
El debate giró en torno a la responsabilidad parental ¿qué implica esto? Que los padres de un menor que comete un delito -un homicidio culposo en este caso- no pueden ser condenados por el por la comisión del hecho, es decir, por haberlo cometido.
Sin embargo, en esta oportunidad, el fiscal Hevia consideró que los puede considerarse que los progenitores hayan violado sus deberes de cuidado y guardia legal, haciendo que sus hijos se expusieran a un riesgo físico, moral o psicológico o hicieran lo mismo contra terceros.
En esta imputación tuvo importancia los testimonios de vecinos y parientes de los acusados. Todos informaron que la menor siguió conduciendo vehículos de gran porte luego de haber protagonizado la tragedia.
En consecuencia, podrían ser condenados por abandono del cuidado de la menor de edad. Tanto Hevia como la defensora de Niñez (representa a la víctima), Alejandra Rivas, remarcaron la importancia de hacer valer este concepto jurídico en la causa. Lo mismo ocurrió con Hugo Lami y Marcos Rufinio, acompañantes de la familia del niño fallecido, que no pueden ser querellantes por la norma que impide ocupar ese rol en causa donde están involucrados menores.
En la audiencia de ayer, los acusados se abstuvieron de declarar. Visintini planteó la nulidad de lo que solicitaba el fiscal Hevia. Argumentó su pedido señalando que no era correcto que dos fiscales hayan tenido un criterio diferente a la hora de pedir la imputación en su contra.
En defensa de los imputados, explicó que el caso comenzó a ser investigado por otro fiscal (Claudio Bonari), quien en su momento no habría hecho una apertura de la investigación al entender que la autora del hecho era, por su edad, inimputable, es decir, que nunca respondería penalmente por la muerte que había provocadao.
Sí le dio intervención al fuero Civil para que tomara cartas en el asunto y determinara cómo se reparará el daño causado a la familia de V. La defensora remarcó que en ese momento nadie planteó tratar la responsabilidad penal del caso.
Visintini cuestionó también que la Fiscalía haya solicitado nuevos allanamientos luego de un año y siete meses del hecho para secuestrar las armas. Ambos planteos fueron rechazado por el juez Tomas.
Medidas
El fiscal solicitó medidas menores para cautelar el proceso. Sugirió que los acusados cumplan con normas de conducta y no se acerquen a la familia de la víctima, pero además pidió que se le imponga a E. y a J. una caución real de $ 10 millones a cada uno para asegurar que sigan ligados al proceso.
Remarcó que en total los cuatro imputados tenían 37 vehículos a su nombre. La defensa consideró excesivo ese último pedido. El juez Tomas finalmente dio lugar a la caución, pero imponiéndoles que la pareja en total pague un monto total de $ 10 millones y no de $ 20 millones como solicitaba la Fiscalía.
Cómo se tramitó la causa
El 22 de mayo de 2021 E. y J. incumplieron los deberes de cuidado sobre su hija L. La menor sacó un vehículo y ocasionó una tragedia
E. tiene 11 vehículos a su nombre y, en total, los imputados registran 37 automotores. Solicitamos una caución real de $ 20 millones a los padres
En mayo de 2021, L. de 12 años, tomó la camioneta de sus padres y condujo hasta la casa de un familiar, en Las Talitas. No era la primera vez que lo hacía.
Según los vecinos, la menor llegó a su destino a alta velocidad e intentó derrapar. Así perdió el control y embistió a un niño de tres años. Lo mató en el acto.
El hecho desató un estallido de violencia. Los padres de L. fueron a buscarla con otros familiares y habrían hecho disparos al aire para amedrentar a los vecinos.
Al ser inimputable L., el primer fiscal de la causa le dio intervención al fuero Civil para que tratara el tema de la reparación. No abrió una causa penal.
