OPINIÓN
Irene Benito | La Gaceta
José Alperovich modeló la casta política tucumana y, en la hora larga del declive, expresa su decadencia. De ese ¿epílogo? se colige lo siguiente: el proyecto de máxima acumulación de poder termina en una huida hacia las sombras. En una metáfora casi perfecta de la pequeñez, el ciudadano que más tiempo gobernó la provincia durante la democracia parece obsesionado por evitar la tan temida fotografía en una sala de la Justicia y con el rótulo de imputado. Es un clic que evidentemente entraña el fin, como si esa instantánea fuese una sentencia de muerte o, quizá, un acta de defunción. El caudillo no se somete a los Tribunales, sino que está por encima de ellos. Lo contrario es la debilidad irremontable, despojo para el festín de los enemigos: la postal que no pudieron evitar los ex mandatarios José Domato y Antonio Domingo Bussi.
El colmo de Alperovich es que ni siquiera asiste a las audiencias orales y públicas que, en su afán de defenderse y de atacar, genera. Porque eso fueron los dos actos celebrados por el camarista Enrique Pedicone en el lapso de un mes y medio: debates que peticionó el ex gobernador para determinar la radicación de la denuncia que lo cuestiona y de la contradenuncia con la que él respondió. El agravante es que Alperovich pidió licencia en el Senado para dedicarse sin condicionamientos a atender el frente judicial que abrió su ex colaboradora y sobrina cuando lo acusó de violarla entre diciembre de 2017 y mayo de 2019. En resumen, el senador abrió un paréntesis en el ejercicio del cargo estatal al que llegó por la voluntad mayoritaria del pueblo para esclarecer lo que él considera una imputación falsa pergeñada por sus enemigos. En esa actividad no cabe, a la vista está, la presencia en los recintos tribunalicios. El mensaje luce así: Alperovich sólo se arrellana en las sillas de mando que él elige.
A fuerza de cultivarla, la destrucción del principio republicano de la rendición de cuentas ha terminado por convertirse en una base del ejercicio de la función pública en “Trucumán”. El caudillo máximo es el máximo exponente de esa comprensión del poder político como la dominación y la ausencia de los controles, hasta de los mínimos. Hay quienes recuerdan que, por ejemplo, Alperovich inauguró la costumbre de descartar una y otra vez candidatos a juez sin ofrecer explicaciones. Vetó y “discriminó” postulantes alegremente, y, en 2012, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán avaló la potestad del gobernador para dejar de lado nombres de la terna de manera inmotivada. El hoy extinto alperovichismo, que en ese momento se jactaba de haber alambrado la provincia, naturalizó así que un titular del Poder Ejecutivo pudiese hartarse de tachar a otros ciudadanos sin tomarse la delicadeza de decir por qué. A la dirigencia le pareció correctísimo que la medida de las decisiones fuesen el “gusto”, “las ganas” y “la voluntad” de José.
El personalismo se impuso hasta el punto de dejar a Alperovich -y a los suyos- por encima de la ley. Entre 2005 y mayo de 2018, el ex gobernador acumulaba al menos 29 denuncias penales por hechos de supuesta corrupción. Fue, por lejos, el funcionario tucumano más denunciado -y menos investigado- de ese período, según el informe que publicaron LA GACETA y Chequeado tras analizar el derrotero de 219 casos. Ninguno de los procesos abiertos en su contra prosperó en los Tribunales ordinarios y federales de Tucumán. Por lo que se sabe, Alperovich ni siquiera llegó a prestar una declaración indagatoria en un contexto donde sólo el 0,5% de las denuncias de corrupción con trascendencia pública presentadas en los órganos judiciales locales registraron una condena firme durante los 13 años considerados.
Alperovich no fue a los Tribunales ni como denunciado ni como denunciante. Tampoco aceptó hacerlo como testigo. Tuvo la oportunidad de enfrentar a los magistrados Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez en ocasión del primer juzgamiento del encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, pero prefirió litigar para fortalecer el blindaje que lo protege en su condición de senador de la Nación. Nuevamente la Corte falló a su favor, lo que permitió al ex gobernador evitar las preguntas verbales que pudiesen formular las partes a partir de las respuestas que había dado por escrito. Esta jurisprudencia favoreció al ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, a quien no le importó quedar en contradicción puesto que encabeza la institución que debe velar para que los testigos y los imputados vayan a la sala de juicio.
Los fueros devienen la razón de ser de la permanencia en la función pública para algunos gobernantes “con carrera” extensa y opaca. Véase, al respecto, el modelo paradigmático de Carlos Menem. Esas inmunidades supuestamente existen para impedir el entorpecimiento de la tarea legislativa. Pero esta teoría resulta insostenible en el contraste con el desempeño de Alperovich: su propensión a la inasistencia lo convirtió en el senador que más veces faltó a las sesiones de la Cámara Alta durante 2019. La excusa de la campaña electoral cede y se cae por completo si se recuerda que su “ausentismo” característico también lo erigió en el único de los candidatos a gobernador que faltó al debate de propuestas organizado por LA GACETA.
¿Qué pasará con Alperovich en junio, cuando venza la licencia que pidió al Senado con motivo de la denuncia del supuesto abuso sexual? El ex jefe de Estado podría volver a su banca y disfrutar de lo que le queda de mandato, a menos que sus pares lo obliguen a renovar el permiso o a desvincularse en forma definitiva. Este estatus político es relevantísimo para mantener la asimetría o equilibrar las “armas” con quien lo cuestiona: la denunciante pone en evidencia esa desigualdad de manera sistemática.
Tal vez el método más eficiente para exponer la diferencia de pesos sea la decisión de la joven de presentarse a las audiencias orales y públicas, y de observarlas desde una cabina donde está al reparo de la mirada ajena. Es un “dar la cara” sui generis que, paradójicamente, acrecienta la vulnerabilidad de Alperovich.
