Hoy se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, instaurado a través de la Ley 25633 en 2002. Está muy bien que los argentinos recordemos y mantengamos viva la memoria sobre lo sucedido durante la dictadura militar, básicamente, y lo dice la ley, para que estos no se repitan. Pero, lamentablemente, ni el Gobierno, ni sus militantes políticos, ni los organismos de derechos humanos que participan activamente de esta conmemoración, dirán una palabra.
Ni una sola en alusión a los cientos de violaciones a los DD.HH. cometidos durante los años 2020 y 2021 mientras transcurría la pandemia y el gobierno decretaba normas para regular el comportamiento social con el fin de generar un resguardo sanitario. Algunos ejemplos: Luis Espinoza, de 31 años y padre de seis hijos, fue asesinado durante un violento operativo policial el viernes 15 de mayo de 2020 en el sur de Tucumán.
Su cuerpo fue encontrado una semana más tarde en el fondo de un acantilado en Catamarca. El Presidente visito esta provincia dias posteriores y no dijo siquiera una palabra sobre este hecho aberrante, pero sí habló de “segregación racial” en Estados Unidos porque en esos días estaba vigente el crimen de George Floyd, víctima de la violencia policial en la ciudad de Minneapolis.
También en Tucumán, en 2020, fue asesinado Walter Nadal, detenido por seis policías y asfixiado contra el suelo, en un hecho similar al de George Floyd. Provocados por persecuciones policiales motivadas por el incumplimiento de un grave delito: la “violación de la cuarentena”. En ese marco, hay denuncias, con filmaciones caseras, de detenciones que incluyen torturas y acoso policial.
Que terminaron en maltrato y abusos de vejación sobre una joven sucedida en la comisaría. También se detallan las consecuencias de la insólita política del gobierno de Gildo Insfrán de impedir el ingreso de 7500 formoseños varados en la entrada a la provincia, como lo padecido por el joven Mario Ledesma, que murió ahogado intentando cruzar a nado el río Bermejo en la desesperación por reencontrarse con su familia.
Todo esto fue debidamente denunciado en un relevamiento realizado el año pasado solo en provincias del NOA. Pero, además, muchos de ellos figuraban ya desde meses antes en un trabajo que acompañan los fundamentos de su proyecto para la creación de la Comisión Nacional Bicameral de investigación de los Delitos cometidos por el Estado durante la Cuarentena (Conadec).
Donde demostraba que a julio de 2021 ya se habían registrados casi 200 casos donde aparecen violaciones de derechos humanos, que van desde aquellos que culminaron en muertes y desapariciones, como la que tuvo como víctima a Facundo Castro en Bahía Blanca, pasando por detenciones arbitrarias con situaciones de maltrato y tortura por parte de las fuerzas de seguridad de las distintas provincias.
En estos informes se detallan casi 200 casos de violencia institucional sobre ciudadanos, todo bajo pretexto de controlar el tránsito comunitario durante la pandemia. Los trabajos de investigación permiten recopilar caso por caso los hechos de violencia institucional más aberrantes que se cometieron durante esos meses de pandemia, ponen en evidencia que el control social de las medidas restrictivas dieron carta libre a algunas fuerzas de seguridad provinciales.
Las cuales actuaron bajo su conocida falta de preparación profesional en un escenario donde los derechos civiles fueron vulnerados reiteradas veces, con la complicidad que otorga el silencio de los gobiernos responsables. Hay que agregar las denuncias e informes de la Comisión Interamericana de DDHH, de Human Rights Watch, de los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins y de Amnistía Internacional.
Los mismos son sobre las violaciones a los derechos humanos y civiles en la provincia de Formosa. Amnistía, además, recopiló más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en el país en este período. Todo esto sucedió durante el control de la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el gobierno nacional nunca realizó un relevamiento o un pronunciamiento condenatorio sobre esta situación.
Como tampoco jamás se vio apremiado por los organismos de derechos humanos más caracterizados que acompañaron con silencio cómplice estos hechos de violencia institucional. Parece ser que, para el kirchnerismo y los organismos enrolados en sus filas, solo los derechos humanos que fueron violados durante la dictadura y en gobiernos no peronistas merecen ser denunciados. Priorizando la búsqueda de un efecto político por sobre la demanda integral de la verdad acompañada con justicia.
Esa apropiación corporativa sobre el control moral de los derechos humanos, sesgada por un sector de la política, de algún modo es responsable de que en nuestro país las máximas autoridades puedan elegir no pronunciarse sobre los hechos de violencia institucional que en un corto plazo dejaron cientos de víctimas, algunas fatales. El Día de la Memoria hace bien en recordar la noche más oscura de la dictadura militar.
Pero también debería invitar a reflexionar para que estos no vuelvan a ocurrir en manos de fuerzas de seguridad estatales en democracia, investigando y castigando cuando esto sucediera. Pero el gobierno y los organismos, que marchan este 24 de marzo, optaron por una memoria selectiva y discriminatoria hacia las víctimas de hoy, que parecen no merecer ni su memoria, ni el derecho a establecer la verdad y mucho menos la oportunidad de obtener justicia.
