Paula Argañaraz extraña salir a caminar por el parque o sacar a pasear al perro. Hoy valora algo tan cotidiano como ponerse un vestido y calzarse zapatos con tacos. Recuerda que en las últimas fiestas de fin de año no pudo lucir los tacones por los dolores que venía soportando tras el accidente de tránsito sufrido en Yerba Buena. Es que en su vida todo cambió desde el 4 de junio de 2017. “No quiero mostrar mis piernas porque las tengo llenas de cicatrices. No pude volver a viajar. No pude ir a la playa aún. Me duele si estoy sentada mucho tiempo”, enfatizó la estudiante universitaria.
La joven, de 22 años, ingresó el lunes pasado al salón de audiencia de la Sala I, en el edificio del Poder Judicial de calle España, en la capital. Entró caminando, sostenida por sus padres para no perder el equilibrio en cada paso. Se sentó en el lugar asignado a las víctimas y esperó el inicio de la audiencia preliminar. Minutos más tarde también ingresó Serafín Ríos, el acusado de haber atropellado y lesionado a Argañaraz. Era la primera vez que estaban frente a frente. Es más, ella no conocía el rostro del imputado, ni a su familia, según remarcó.
“Cuando entró me llamó la atención su expresión. Ingresó como diciendo: ‘bueno, aquí estoy’. Lo interpreté como que venía por obligación, riéndose y distendido ante la situación. Quizás, para él, este proceso es un trámite. Para mí no lo es”, remarcó Argañaraz.
Ríos afronta una acusación de lesiones culposas, agravada por las condiciones del hecho. Argañaraz fue atropellada por un auto Honda Fit cuando cruzaba la avenida Aconquija al 1.200, durante la madrugada. El vehículo impactó contra su cuerpo y siguió sin detenerse. Días después, el fiscal Diego López Ávila consideró que Ríos, que en ese momento tenía 16 años, había estado al frente del volante esa noche. En el medio, la madre del chico se había presentado ante el fiscal para hacerse responsable del hecho.
El lunes, la defensora María Fernanda Battig propuso una “probation” (suspensión del juicio a prueba) para evitar el inicio del debate oral contra el imputado. La abogada expresó que la acusación estaba sujeta a una pena de entre dos y cuatro años de cárcel, lo que podría llevar al cumplimiento condicional, sin ir a prisión. Además, los padres del joven ofrecieron una reparación económica para la víctima de $ 1 millón por los daños, que se acreditarían en cuotas. A la vez, propusieron pautas de conducta de Ríos, como tareas comunitarias en una parroquia de “La Bombilla”.
El rechazo
“Estoy dolorida por caminar. Más allá de eso, no sólo me siento decepcionada, sino también insultada por la propuesta que han hecho. No tienen en cuenta todo lo que pasé. En un momento, la abogada dijo que él no podía tener una pena porque iba a perjudicar sus estudios. Además, una de las conductas presentadas era terminar el estudio secundario, como si eso fuese una retribución al daño que causó. No están teniendo en cuenta que he perdido mucho tiempo de estudio, de rendir”, expresó la víctima.
“También dijo que no conducirá por un año algún vehículo con motor. Eso parece insuficiente, teniendo en cuenta que desde el accidente vino haciéndolo. Conozco a gente que lo veía acelerando, pasando semáforos en rojo, conduciendo de forma inapropiada y sin ser consciente de que tiene un arma al volante”, reprochó.
La posición de Argañaraz coincidió con la del fiscal Carlos Sale, quien dijo que se trata de un hecho gravísimo, debido a que se había intentado obstaculizar el accionar de la Justicia desde un primer momento.
“Me gustaría que mi caso pueda mostrar que sí hay justicia cuando ocurren estas cosas, y que él también pueda aprender de lo que pasó. Si lo mandan a hacer tareas sencillas, después no creo que pueda aprender o reflexionar sobre lo que significa manejar”, destacó la estudiante de Medicina.
