El médico Sergio Guillermo Martínez enfrenta un camino complicado en su afán de lograr que la Justicia avance en la adopción de medidas concretas contra el hombre que ejerció la medicina utilizando su nombre y su título. El profesional también viene exigiendo que se investiguen las responsabilidades que tuvieron en el hecho tanto el sanatorio Jesús María de Concepción como el Siprosa. “Sin complicidades lo ocurrido hubiera sido imposible”, advirtió el profesional. Pero hasta ahora poco o nada ha logrado en ese camino.
Enrique Bustamante, un estudiante de Medicina que abandonó la carrera en la UNT y que cuando se descubrió el ilícito se había reinscripto, se desempeñó durante varios años en la sala de terapia intensiva del centro asistencial de “La Perla del Sur”. Por esta razón hay más de una veintena de parientes de personas que fallecieron en esa unidad asistencial que fueron atendidas por el falso profesional, que también se suman a los reclamos de justicia, según adelantaron ante los medios.
El caso lo lleva adelante la Unidad de Decisión Temprana de los tribunales de Concepción, a cargo del fiscal Miguel Varela. El representante del Ministerio Público resolvió separar de su rol de querellante a Martínez, a pesar de haber sido quien radicó la denuncia. Sin embargo, antes lo había aceptado como tal e incluso lo convocó a fin de que el lunes asistiera a la audiencia de formulación de cargo contra Bustamante.
La decisión, afirmó Martínez, fue abrupta. De esta manera el terapista, que se desempeña en el Sanatorio Rivadavia y el hospital Padilla, queda imposibilitado –según dijo- de presentar pruebas por su propia cuenta en la causa. Ahora todo queda en manos de la fiscalía que, hace más de una semana, no aceptó como documentación de un presunto delito una declaración grabada al propietario del Sanatorio, Silvio Martoni. En esta admite que habría permitido que Bustamante se desempeñe en la terapia intensiva aun sabiendo que no era profesional, afirmó el verdadero médico. En torno al caso de Bustamante también se apunta como factor de posible investigación el hecho de que su cónyuge se desempeña como letrada penal en el Siprosa.
Martínez aseguró que hay un afán claro de cargar toda la responsabilidad de lo sucedido en Bustamante, eximiendo de cualquier culpa al sanatorio y al área de fiscalización sanitaria del Siprosa, a cargo de Orlando Di Marco. En razón de las presuntas y graves irregularidades que comenzaron a aparecer en el proceso de investigación del hecho es que, adelantó, formalizará ante la Legislatura un pedido de juicio político contra Varela. “Es insólito que el propio fiscal que me aceptó como querellante y me citara a la audiencia de formulación de cargo contra Bustamante, después cambie todo y me separe de esa condición. ¿En manos de quién estamos?”, planteó el terapista. Bustamante podría ser acusado mañana por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina y de usurpación de identidad, título y honores.
Mientras tanto la misma fiscalía lleva adelante una causa contra Carlos González, hijo de una mujer que falleció en la terapia intensiva del Jesús María mientras Bustamante estaba al frente de esa unidad. El hombre protagonizó una manifestación que se realizó frente al centro asistencial para repudiar al falso médico y a sus autoridades. En la ocasión se realizaron pintadas con leyendas de “asesinos” en la fachada. Martoni denunció que además de las pintadas, González destruyó un vidrio. Este niega la última acusación y consideró que se trata de una maniobra de amedrentamiento a fin de que otros 25 familiares de víctimas del sanatorio, no avancen en sus reclamos de Justicia. “Vamos a seguir con nuestros reclamos hasta que aparezcan los responsables de un hecho que nos colma de angustia al saber que la vida de nuestros abuelos y padres la depositamos en manos de un impostor. De alguien amparado en un centro asistencial que, al parecer, lo menos que importaba era salvar vidas”, se lamentó González. “Lo triste es que hasta ahora la causa que más avanza es contra mi persona y no la de Bustamante y todo el entorno de cómplices que hasta ahora la Justicia ni tan siquiera los investiga”, añadió. “Al paso que avanza la causa, el sanatorio ya tuvo el suficiente tiempo para modificar las documentaciones y protegerse de las denuncias que vamos a efectuar. Hay historias clínicas a las que le suprimieron los días en que nuestros pariente estuvieron hasta morir” expuso Jorge Arroyo, otro familiar de un paciente fallecido en el Jesús María.
