El ex fiscal Anticorrupción, Estebán Jerez, presentó ayer una denuncia en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia contra la jueza penal de la V Nominación, Carolina Ballesteros. El letrado sostiene que la magistrada o se encuentra imposibilitada para ejercer su función, de acuerdo con un informe médico que ella misma ha presentado en el marco de un juicio que entabló contra el Estado, o ha incurrido en un presunto fraude procesal y administrativo en la búsqueda de beneficiarse económicamente.
El planteo del ex diputado gira en torno de las consecuencias del siniestro de tránsito que Ballesteros sufrió el 12 de agosto de 2015, cuando viajaba a Concepción, donde se desempeñaba entonces como defensora oficial. Por ese accidente de trabajo, Ballesteros fue indemnizada con casi 1,1 millón de pesos por la ART de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, PopulArt, en concepto de una Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva del 14,47%.
En diciembre de 2018, según el escrito que Jerez también presentó en el Colegio de Abogados de la Capital, Ballesteros interpone una demanda en el Juzgado de Trabajo de la III Nominación del Centro Judicial de Concepción, en la cual le reclama 8,4 millones de pesos a la mencionada ART. “El argumento es que presenta, como secuela del accidente, una incapacidad parcial permanente y definitiva estimada en el 40%, encuadrándose como RVAN III (Reacción vivencial anormal neurótica – Trastorno por estrés postraumático de grado III)”, puntualiza la denuncia.
Incongruencias
Jerez, inclusive, reproduce la historia clínica firmada por la psiquiatra Lidia Fátima Assad: “A partir de ese acontecimiento (el accidente), el quehacer cotidiano ha cambiado radicalmente, es una persona obsesiva, compulsiva, por momentos ni su tratamiento farmacológico logra calmar su estado de ánimo (…) Presenta una incapacidad de orden mental de un 45% parcial y crónico”.
El ex fiscal argumenta, en este punto, que la situación invocada por Ballesteros en su demanda contra el Estado plantea serias incongruencias con su condición de magistrada. Sostiene, en primer lugar, que Ballesteros siguió participando en forma ininterrumpida de concursos para la Justicia provincial, ante el Consejo Asesor de la Magistratura, y también de concursos federales, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. En segundo término, alega que ella debió comunicar la condición de salud que esgrime en su demanda a la ART al Ministerio Público Fiscal, cuando se desempeñaba como defensora; al CAM, cuando concursó para el cargo de jueza que ahora ejerce; al Poder Ejecutivo, cuando la seleccionó; y a la Legislatura, cuando trató su pliego. En tercera instancia, sostiene que la incapacidad que manifiesta tener “es incompatible con el ejercicio” de este al frente un juzgado penal.
“Si la certificación médica es veraz, corresponde iniciar el proceso de destitución de mediante juicio político, lo cual solicito expresamente en la presentación. Si la certificación es falsa, estamos ante un fraude procesal y administrativo”, concluye Jerez.
Consultada por LA GACETA, la jueza negó los términos de la denuncia de Jerez. Puntualizó que las consecuencias del accidente no son incapacitantes para el ejercicio de la judicatura. Precisó que su demanda se circunscribe a lo normado en la Ley de Riesgo de Trabajo. Y denunció que la presentación de Jerez es una represalia por una causa judicial, lo cual fue desmentido por el ex fiscal.
