SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. La fiscal Mónica García de Targa, que investiga el asesinato del trabajador rural Luis Alberto Espinoza , ocurrido el 15 de mayo último, pidió hoy que se dicte la prisión preventiva de los nueve policías imputados en la causa .
La resolución sobre el dictamen de la fiscal quedó en manos del juez del Centro Judicial Monteros, Mario Velázquez, que el 20 de mayo pasado ordenó que los efectivos involucrados en el asesinato de Espinoza queden detenidos en la cárcel de Villa Urquiza, en la capital tucumana.
El pedido de prisión preventiva, por el término de un año, alcanza al subcomisario Rubén Montenegro; al oficial auxiliar José Morales, de cuya arma reglamentaria salió el disparo que terminó con la vida de Espinoza ; a los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas; a los cabos Carlos Romano, José Paz, Claudio Zelaya y Miriam González, y al agente Esteban Rojas González. El planteo de la fiscal, en el que se advierte como agravante el hecho de que los sospechosos integran la fuerza de seguridad, no incluye al vigía ciudadano de la comuna de Monteagudo, Fabio Santillán. Desde el Ministerio Público Fiscal de Tucumán (MPF) aclararon que el pedido de prisión preventiva tampoco alcanza a otro civil, hermano de uno de los policías, debido a que no tuvo una participación directa en el hecho.
Las mismas fuentes explicaron que el juez Velázquez cuenta con diez días hábiles para resolver el pedido de prisión preventiva efectuado por la fiscal, en tanto que las defensas de los imputados tienen un plazo de 72 horas hábiles, a partir de su notificación, para ejercer su descargo.
Un crimen brutal
Espinoza, un trabajador rural de 31 años y padre de seis hijos, fue asesinado de un disparo el viernes 15 de mayo durante un violento operativo policial por una carrera de caballos clandestina en la localidad de Melcho, departamento Simoca, en el sur de Tucumán.
Ese día, Luis y su hermano, Juan Antonio Espinoza, pasaban por el lugar donde se realizaba un festival de “cuadreras” y se detuvieron a observar. En ese contexto fueron atacados a golpes por los efectivos de la comisaría de Monteagudo que participaban del operativo.
Juan Espinoza declaró que, en medio del tumulto, se cayó del caballo y fue atacado a golpes por los efectivos, al igual que su hermano, quien, según dijo, fue arrastrado hacia el monte, hasta que se escuchó un disparo. Testigos aseguraron que Luis Espinoza fue subido a la camioneta de uno de los policías. Fue la última vez que se lo vio con vida.
Tras permanecer desaparecido durante una semana, el cuerpo sin vida de Espinoza fue encontrado el viernes 22 de mayo en la base de un acantilado de 150 metros, en Andalgalá, Catamarca, cerca del límite interprovincial con Tucumán, donde los policías lo arrojaron para intentar ocultar el crimen.
El resultado de la autopsia determinó que Espinoza murió a causa del disparo por la espalda, a la altura del omóplato izquierdo, proveniente del arma reglamentaria del oficial José Morales, uno de los policías detenidos en la causa. Se trata de una pistola Jericho calibre 9 milímetros. Los investigadores llegaron a esa conclusión luego de analizar los informes realizados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) con la utilización de un comparador balístico, donde fueron peritados proyectiles y casquillos recuperados en el lugar del hecho y el plomo extraído del cuerpo de la víctima.
Según informó el MPF “la autopsia también reveló que el cadáver de Espinoza tenía signos de arrastres vitales, lo que indicaría que pudo haber estado con vida algunos minutos después de recibir el disparo mortal”.
Temblor político
El crimen de Espinoza generó un sacudón político e institucional en Tucumán. El gobernador Juan Manzur (Frente de Todos) se vio forzado a ordenar una profunda depuración en la estructura de mandos de la policía. En ese marco se realizaron cambios en los puestos de conducción de las Unidades Regionales y de algunos Departamentos policiales, y se decidió avanzar con una reforma de la ley orgánica de la fuerza.
Por su parte, desde la oposición reclamaron la renuncia del ministro de Seguridad, Claudio Maley, y solicitaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comprometa e intervenga en el caso de gatillo fácil que conmovió esta provincia.
