Luego de una semana sombría en la provincia, marcada por los asesinatos del cabo Ramón Sánchez y el oficial Víctor Emanuel Lazarte (22), los agentes que patrullan los barrios de Las Piedritas, Villa Alem, Alejandro Heredia y San Cayetano han expresado su descontento respecto a las actuales condiciones laborales. Estos profesionales han solicitado a las autoridades gubernamentales y policiales una revisión y modificación de las regulaciones laborales para sentirse más protegidos.
“Nos encontramos totalmente desprotegidos por parte de quienes están al mando”, declaró la agente C. J., una “ciclo” (bicipolicía) asignada a Villa Alem. “El dolor y la frustración por la pérdida de nuestros colegas son profundos. Tal vez antes no tomábamos plena consciencia, pero ahora estamos más alerta que nunca sobre la vulnerabilidad que enfrentamos al trabajar en estas zonas conflictivas”, agregó Federico, un oficial del barrio Alejandro Heredia.
Los policías recalcaron la necesidad urgente de revisar las leyes y normativas que rigen su labor. “El primer asunto a tratar es la legítima defensa”, apuntó el cabo R.L. “Si ves a alguien armado en la calle, claramente es una amenaza, pero debemos esperar a ser atacados para actuar; esto debería ser a la inversa”, comentó su compañero Lucas antes de volver a la patrulla.
“Es esencial que se brinde un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad, especialmente en cuestiones de derechos humanos. Estos deben aplicarse equitativamente. Si uno de los policías asesinados se hubiera defendido, probablemente estaría tras las rejas”, expresó la oficial Luciana en su recorrido por Villa Alem.
Además, insistieron en la necesidad de modificar las sentencias a los criminales. “Requerimos sentencias ejemplares que hagan entender a los infractores la severidad de la justicia, de la misma manera en que nos afecta si nos defendemos”, enfatizó C.J.
“Quien trabaja merece sentirse seguro, con la certeza de que un policía lo defenderá si es necesario. Sin embargo, nos encontramos limitados e incapaces de ejercer nuestra autoridad”, añadió Luciana.
Los oficiales en servicio en los barrios Las Piedritas, San Cayetano, Villa Alem y Alejandro Heredia catalogaron estas áreas como “zonas peligrosas”. “Las áreas que rodean la avenida Circunvalación son terroríficas”, indicó R.L.
“En Las Piedritas, algunos residentes arrojan piedras a las garitas porque rechazan la presencia policial. En estas zonas, los criminales cuentan con la protección de la comunidad; un problema sistemático que contribuye al deterioro social”, añadió.
“Nuestro deber es quedarnos en la base y realizar patrullajes ocasionales, incluso cuando somos atacadas por las mismas mujeres. Todos saben que el clan Contreras opera en la zona y cuenta con el respaldo de los residentes. Cuando patrullamos en bicicleta, debemos estar listos para defendernos ante un posible ataque”, relató Jiménez.
Además, los oficiales se quejaron del equipamiento deficiente proporcionado para su labor. “A los recién incorporados se les asignan armas antiguas, propensas a atascarse; cuando solicitas munición, te dicen que no hay. Lo mismo ocurre con los chalecos antibalas, hay compañeros que terminan pagando de su propio bolsillo para comprarlos y aumentar su protección”, dijo Federico.
Por último, se refirieron a la necesidad de costear sus propios uniformes. “Un uniforme completo cuesta hoy $350.000. Nuestro salario no cubre este costo, por lo que debemos financiarlo en cuotas. Es una vergüenza”, concluyó.
