La Legislatura avanzó hoy con la titularización de docentes. En la sesión de hoy, los parlamentarios sancionaron una ley que beneficiará a unos 2.000 educadores. Estos se suman a los casi 10.000 docentes que habían sido incluidos en la Ley 9.177, aprobada a principios de año.
La iniciativa aprobada hoy incluye a los docentes de centros de Educación Física de dicha modalidad; de equipos de apoyo a la Integración Escolar y de apoyo a la Estimulación Temprana; maestro de sección, maestro celador, maestro de taller y maestros especiales de la modalidad Educación Especial. El segundo apartado del proyecto comprende al personal técnico docente perteneciente al Gabinete de Educación Especial, al Instituto Superior de Educación Tecnológica y al Instituto de Perfeccionamiento Docente. El tercer ítem refiere al “personal docente que haya sido designado en espacios curriculares correspondientes al nivel de Educación Secundaria y sus modalidades como consecuencia de la transformación curricular, y que actualmente se encuentren cumpliendo funciones en espacios de definición institucional, horas institucionales y/o espacios de tutoría, con una antigüedad mínima de tres años”. Por último, se consigna al “personal docente que cumple funciones como maestro de jornada completa, maestro de lenguas extranjeras correspondiente al nivel de educación primaria, maestro de grado a cargo de tutoría (maestros tutores de la ex EGB3) y maestro de nivel de Educación Primaria perteneciente a la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”.
Además, también por unanimidad se aprobó un proyecto de resolución firmado por legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Justicialista (PJ), referido a la crisis de la industria azucarera. El cuerpo legislativo le solicita al Ejecutivo nacional que “arbitre los medios necesarios para adecuar la fórmula de determinación del precio del bioetanol”. El objetivo: que se “garantice los costos de producción, rentabilidad razonable y la seguridad jurídica para incentivar la inversión”.
Además, la propuesta exhorta al Congreso nacional “a declarar el biocombustible como recurso estratégico para el desarrollo de las economías regionales”.
