La jueza federal Silvina Domínguez decretó ayer el procesamiento con prisión preventiva de Betiana Ayelén Colhuan, de Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas “por considerarlas” “prima facie” coautoras penalmente responsables del delito de usurpación por despojo de los predios donde está el exHotel Mascardi y “La Escondida”, ubicados en Villa Mascardi.
Cinco mujeres y tres hombres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu fueron procesados por la jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez, en el marco de la causa que investiga la usurpación de propiedades públicas y privadas en la zona de Villa Mascardi.
La magistrada decretó el pasado martes el procesamiento con prisión preventiva de la machi Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas por considerarlas coautoras penalmente responsables del delito de usurpación por despojo de los predios donde está el ex-Hotel Mascardi (de la Administración de Parques Nacionales) y La Escondida.
También fue procesada con prisión preventiva María Celeste Ardaiz Guenumil por la ocupación de esta última propiedad.
Las cuatro mujeres de la comunidad Lafken Winkul Mapu, desalojadas y detenidas desde el pasado 4 de octubre, cumplirán la prisión preventiva en un centro mapuche que funciona en Bariloche.
la jueza revocó la falta de mérito que se había dispuesto en octubre del año pasado y procesó con prisión preventiva a Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan, a quienes también ordenó detener.
En su fallo, la magistrada indicó que desde 2017 se registra en la zona “una problemática que nunca antes había sido vista”, a la que definió como “situaciones de violencia inusitada que constituyen delitos en los términos del Código Penal”.
“Los hechos se vienen sucediendo a partir de un accionar violento y por fuera de toda legalidad por un grupo de personas que se autodenominan Lof Lafken Winkul Mapu y que dicen pertenecer a la nación mapuche”, señaló.
Y remarcó: “El Estado de derecho no puede permitir el empleo de vías de hecho como mecanismo de presión o para acceder al ejercicio de derechos que se entienden poseer”.
En ese sentido, Domínguez destacó que el marco jurídico que protege a los pueblos originarios “jamás podría significar una carta blanca para la reivindicación violenta de supuestas proclamas legítimas”.
