En los primeros días de noviembre el fiscal federal Pablo Camuña volvió a pedir que se fije el día de inicio del juicio al exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Juan Alberto Cerisola, en el marco de la causa que investiga el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier y la malversación de fondos de la minería nacional que debían destinarse a la construcción del campus.
La Justicia Federal tendría probado que todo comenzó en 2005, con un adelantamiento de fondos de un millón de dólares, con la participación de los exrectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, y continuó con la firma del acta Nº498 del directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que suscribieron sus autoridades en la Ciudad de Buenos Aires el jueves 27 de diciembre de 2007 y que conforma una evidencia abrumadora del latrocinio del mejor campus universitario del país, aún impune.
Si bien en abril de este año el diario La Gaceta había anunciado que las audiencias comenzarían a fines de octubre, Cerisola y los exfuncionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino aún no pasaron por el banquillo de los acusados. Con diferentes maniobras, las defensas dilataron el inicio una y otra vez. Sin embargo, el 17 de octubre “se incoporó al sistema Lex100 el informe pericial proveniente de la Corte Suprema de Justicia la Nación, por parte del ingeniero Francisco Guzmán, siendo esta la última prueba pendiente de producción en el marco de la causa de referencia”, según el pedido de Camuña, por lo que ya no habría motivos ni excusas para no fijar una fecha de inicio. Camuña también advirtió que la causa puede caer en la impunidad, por lo que pidió “evitar cualquier posibilidad de prescripción de la acción penal”. Uno de los imputados también ha pedido en cinco ocasiones que se estipule la fecha.
En sintonía con el relato Saabista y la investigación del fiscal federal Carlos Brito, La Gaceta se centra una vez más, en la presunta malversación de fondos por parte de los funcionarios, omitiendo el delito principal: el robo de la Ciudad Universitaria. Los fondos para esta obra debían provenir de las regalías de la minería, como marca la Ley 14.771 de creación de YMAD, que indica que el 40% de esos ingresos debían destinarse a construir un gran campus universitario “conforme a los planos ya aprobados”. Dichos planos fueron localizados este año por eltucumano, a los que nunca acudieron las autoridades universitarias, que optaron por utilizar los fondos en meras refacciones edilicias para el Museo de la UNT -en la ex escuela de Agricultura- y la Escuela de Cine -en instalaciones de Canal 10-, sentando las bases de un sistemático despojo a la UNT que continua hasta nuestros días.
En la causa se investiga qué se hizo en la UNT con $353.000.000 de regalías mineras, unos U$S 85.500.000 (85,5 MILLONES DE DÓLARES) en cotización de 2010, lo que equivaldría a $31.207.500.000 a su cotización actual ($365). El fiscal federal Gustavo Gómez requirió la elevación a juicio en su momento y denunció que la UNT nunca intentó recuperar los fondos.
En el proceso también fueron y siguen investigados empresarios y funcionarios por el cobro y pago de sobreprecios en el plan de obras 2006-2009 de Cerisola que “reemplazó” a la Ciudad Universitaria. Ellos son: Luis Exequiel Movsovich, Marcelo Eduardo Boero, Pedro Alberto Varela Ottonello, Juan Manuel Peña, Guillermo José Pasquini, Ana Inés Cossio, Juan Carlos Aranda, Norma del Valle Zóttola, Ricardo Aníbal Fernández, Ruth Soledad Fernández, Manuel Guillermo Galindo, Roberto Antonio Galindo, Javier Martínez Riera, Oscar Enrique Prado, Juan Vicente Guzmán, Horacio Eduardo Gordillo, Fernando Adrián Gordillo, Martín Preatonio, Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio, Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace.
Brito omitió el delito principal: el Robo de la Ciudad Universitaria
El Robo de la Ciudad Universitaria comenzó a ejecutarse en 2005 con un “anticipo de utilidades” por USD 1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses) que Rodolfo Martín Campero – en su doble rol de gerente de Minera Alumbrera LTD y al mismo tiempo representante de la UNT en Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) – negoció para su correligionario y entonces rector de la UNT, Mario Marigliano –ya fallecido-.
Ese millón de dólares de utilidades – adelantados directamente desde la empresa minera al rectorado de Marigliano-, se otorgó en el marco del artículo 18 inciso b) de la vigente ley 14.711 que ordena repartir el 40% de las ganancias de la minera YMAD en favor de la UNT para la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier de acuerdo a los más de 2500 planos elaborados por la UNT en 1948 y hallados por eltucumano en la planoteca de la Casa de Altos Estudios.
La letra del artículo 18 de la ley 14771 que el diario La Gaceta no pudo leer y publicar por décadas.
Sin embargo, y contra el mandato de la ley que ordena destinar las utilidades mineras a la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier, el entonces rector de la UNT Mario Marigliano malversó los dólares recibidos y los utilizó en meras refacciones edilicias para el Museo de la UNT – en la ex escuela de Agricultura- y la Escuela de Cine -en instalaciones de Canal 10-, sentando las bases de un sistemático despojo a la UNT que continua hasta nuestros días.
De acuerdo a documentación firmada por los propios ex rectores, el 8 de Marzo de 2005 la UNT recibió un millón de dólares de Minera Alumbrera LTD a cuenta de “futuras utilidades” en el marco del artículo 18 inciso b) de la ley 14.711 que ordena la terminación de la Ciudad Universitaria en San Javier de acuerdo a los planos desarrollados en 1948.
En efecto, la acreditación del ingreso de los dólares a la UNT en 2005 consta en la requisitoria que ambos ex rectores -y directivos de YMAD por la UNT- presentaron con sus firmas el 10 de septiembre de 2007 ante el entonces rector de la UNT Juan Alberto Cerisola:
“De acuerdo con el seguimiento contable e institucional de los aportes realizados a la Universidad Nacional de Tucumán por YMAD, tratados oportunamente, tenemos el agrado de dirigimos al Señor Rector a fin de informarle que el Directorio de la empresa nos ha encomendado solicitarle quiera tener a bien brinde a YMAD la documentación necesaria que permita ponderar la marcha de los trabajos y/o actos conducentes a obras para la construcción de la Ciudad Universitaria, en el marco de los alcances del Artículo 18 inciso b) de la ley 14771”, le reclamaron Campero y Marigliano a Cerisola.
Las firmas de Campero y Marigliano que prueban el cabal conocimiento del fraude a la UNT que perpetraron en 2005.
“Lo expuesto que se encuentra detallado en las Actas pertinentes celebradas entre la UNT e YMAD, tornan necesario contar con la citada información, toda vez que el Señor Rector, en virtud de lo establecido en el inciso b) del mencionado Artículo 18, ha manifestado en cada Úno de los convenios de pago celebrados entre YMAD y la Universidad Nacional de Tucumán, que “a la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso”, prosiguieron los descarados ladrones de la Ciudad Universitaria en San Javier.
El arribo del millón de dólares mineros al rectorado de Marigliano se ejecutó a través de un fideicomiso financiero entre el rectorado de la UNT y el Banco Río bajo la “veeduría” del arquitecto Raúl Torres Zuccardi – consejero superior del Mariglianismo– y contó con un dictamen favorable de la dirección de Asuntos Jurídicos a cargo de Augusto González Navarro y la aprobación del Consejo Superior de la UNT (expediente 1552-2005).
El expediente que dio origen al Robo de la Ciudad Universitaria en San Javier tiene fecha de ingreso el 4/11/2005 a las 12:00:00 a.m. y su carátula reza textual: “Aprueba las gestiones realizadas por el sr rector y sres rectores de YMAD tendientes al cobro anticipado de utilidades que pudieran corresponder en el futuro a la UNT y autoriza al sr. rector a celebrar los convenios necesarios para el cobro ante la empresa Minera Alumbrera por u$s 1.000.000.-determina que el arq. Raúl Torres Zuccardi actuará como veedor. Se agregan notas referencia al contrato de fideicomiso en garantía Banco Río, comprobantes y copia de notas del sr. rector n° 4,5 y 6/06(03-03-06) se agrega nota de pedido de fondos n° 3 y transferencia por $146.310,99 del arq.Torres Zuccardi(18-10-06)”.
La maniobra de Campero y Marigliano pasó inadvertida para el diario La Gaceta que desde 2005 hasta hoy jamás publicó el texto del artículo 18 inciso b) de la ley 14.711 que ordena construir -“de acuerdo a los planos ya aprobados” (sic)- la Ciudad Universitaria en San Javier, campus universitario valuado en 5.700 millones de dólares según Sergio Mohamed actual secretario de Obras y Planeamiento de la UNT.
Según La Gaceta, el arribo del millón de dólares a manos de Marigliano en 2005 se produjo porque “una ley en vigencia determina que el anticipo de utilidades debe ser aplicado a la realización de obras públicas”.
Aunque la nota del centenario diario tucumano data del 24 de noviembre de 2005, el millón de dólares frescos provenientes de Minera Alumbrera LTD ya había arribado a las arcas de la UNT 9 meses antes. Así trataba el diario La Gaceta el desvío de los fondos que correspondían a la Ciudad Universitaria en San Javier por parte del extinto Marigliano:
De acuerdo al centenario diario tucumano, Marigliano – al dejar inaugurado el Museo de la UNT (MUNT) en mayo de 2006- abogó por la construcción del Instituto de Arqueología “con la tercera parte del millón de dólares que le resta recibir a la UNT del YMAD”. “Las dos partes ya se invirtieron en este Museo, en la Escuela de Cine, y en otros establecimientos dependientes de la Universidad”, señaló entonces Marigliano al diario condescendiente.
La UCR y el millón de dólares extraviado en la UNT
Según pudo reconstruir eltucumano.com, el 7 de diciembre de 2017, la entonces decana de Derecho Adela Seguí -en su carácter de presidenta de la Comisión Especial del Consejo Superior de la UNT para investigar el manejo de los fondos provenientes de YMAD- solicitó a la entonces secretaria Económico Financiera Lidia Ascárate le informe “ 1) Cuánto dinero ingresó a la UNT en concepto de utilidades provenientes de YMAD. Detalle montos; medios de pago (Depósito en cuernta; cheques u otro medio de pago) y la fecha de la acreditación total o parcial de esos montos en los registros de la Universidad en cada caso. 2) Cuál era el procedimiento establecido internamente en la UNT para el ingreso de fondos en carácter de recursos propios. Acompañe el reglamento, manual de procedimientos y/o circulares respectivas. 3) Detalle del destino de los fondos provenientes de YMAD, desde el inicio de la liquidación de utilidades a la fecha”.
En la documentación remitida por Lidia Ascárate a Adela Seguí como presidenta de la Comisión especial YMAD UNT, no figura el ingreso de un millón de dólares en 2005 durante el rectorado de Marigliano.
La respuesta oficial de Lidia Ascárate ocultó el ingreso del millón de dólares al rectorado de Marigliano.
“Se hace notar que el primer ingreso de fecha 08/08/2006 por un importe de $18.360.000 fue depositado en la cuenta del Banco de la Nación Argentina Cuenta nº110197/8 . Los restantes cheques del cuadro que se adjuntan fueron depositados en la Cta. Cte Especial en Pesos del Banco de Galicia Cuenta nº 9750073/4 089/3”, informó la entonces funcionaria de la UNT y actual diputada nacional de la UCR de Tucumán.
El detalle de ingresos de fondos informado por Lidia Ascárate sin el millón de dólares del rectorado de Marigliano.
¿Investigación o encubrimiento del fiscal Federal Carlos Brito?
El 3 de julio de 2018, en su declaración ante el fiscal federal nº1 de Tucumán, Rodolfo Martín Campero confesó que “una vez aprobada” por Cerisola la falsificación ingeniada y promovida por él mismo desde YMAD “la UNT dejó de recibir el 40% de las utilidades líquidas para pasar a cobrar el 20%…” por disposición de YMAD que él mismo votó como vocal del directorio representando a la UNT…
La Confesión impune del ex rector Rodolfo Campero ante el fiscal Carlos Brito (que actuó como si fuera su abogado defensor).
Fiscal Brito reconoce en autos que la falsa construcción de la Ciudad Universitaria de la UNT causó un “daño patrimonial gravísimo” que el mismo prefirió no investigar deshonrando la investidura de fiscal federal de la Nación.
La decisión del TOF en 2021 de incorporar pruebas documentales a la causa dejó expuesta también la cuestionable investigación que llevó adelante la fiscalía Federal nº1 a cargo de Carlos Brito (sobre todo respecto de los sospechosos Campero, González Navarro y Saab, entre otros) –agravada por la magnitud y gravedad del latrocinio y su trascendencia pública- y exhibe con crudeza la gravedad institucional por la que atraviesa la UNT, institución que debiera ser rectora y ejemplo para la sociedad tucumana y nacional.
Hasta La Gaceta ha reconocido en mayo pasado- después de quince años– la coautoría de Campero y Marigliano en la estafa a la Universidad Nacional de Tucumán:
Por último, la decisión tomada por el Tribunal federal en 2021 expone, con máxima gravedad institucional para la UNT, el encubrimiento disfrazado de querella ejercido por Rodolfo Tercero Burgos, múltiple agente universitario, abogado particular de la ex rectora Alicia Bardón y militante de González Navarro para el decanato de la Facultad de Derecho de la UNT.
Es que en los tribunales federales -hasta el momento- no se advierte actuación conducente alguna de la supuesta querella que la UNT abona al directivo de Canal 10 de forma particular como abogado recientemente recontratado por el actual rector Sergio Pagani.
La causa contra Cerisola: delitos secundarios en comparación con el Robo dela Ciudad Universitaria de San Javier
La causa contra el exRector Cerisola lleva muchos años en trámite. La misma partió de una denuncia del arquitecto Ramón Eudal, a la que se sumaron otras acusaciones del peronista disidente Oscar López y de la Sindicatura General de la Nación. La investigación a cargo del fiscal federal N°1, Carlos Brito, constató irregularidades en el manejo de utilidades por $ 340 millones -o U$S 85,5 millones, según la cotización en 2010- que la UNT recibió de YMAD. En 2019, los coimputados lograron diferir el inicio de la audiencia en el TOF mediante el pedido de dos peritajes adicionales (uno contable y otro de ingeniería civil).
Las acefalías en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) llevaron al Poder Judicial a reprogramar las declaraciones indagatorias previstas para junio de 2021. Los magistrados subrogantes Enrique Lilljedahl (Catamarca) y Jorge Abelardo Basbus (Santiago del Estero) debieron cumplir compromisos en sus jurisdicciones y reprogramaron las audiencias de la causa YMAD. En 2017, en el marco de la investigación de los Paradise Papers, el fiscal general Antonio Gustavo Gómez solicitó la detención de Cerisola como de Olga Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias; Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones; y Luis Fernando Sacca, subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, ante la sospecha de que el manejo indebido de fondos.
Con el arribo de los fondos de YMAD, Cerisola dispuso la elaboración de un plan de obras a través de Construcciones Universitarias, área a cargo de Cudmani. El 2 de enero de 2008 se firmó un acta con el director de YMAD en la que se declaraba concluida la tarea de la Ciudad Universitaria, con lo cual se disminuía el porcentaje de regalías al 20%, que a partir de entonces quedaban de libre disponibilidad. El restante 20% debía distribuirse, por la ley 14.771, a otras universidades nacionales.
Con ese propósito, Cerisola dictó tres resoluciones (365, 366 y 367/08), que según la acusación “resultaron contrarias a la Ley Nacional de Obras Públicas, violando sus deberes de funcionario público, ya que con la puesta en vigencia de estas disposiciones creó un sistema de licitación por fuera de la ley… lo que permitió que se adjudicaran de manera directa 12 obras, autorizando en todas ellas el pago de sobreprecios por $ 28,3 millones de pesos”.
En el pedido de detención de Cerisola se lee: “Sin la intervención de esta Dirección hubiera resultado imposible el misce in scene tendiente a defraudar a la administración pública. Por ello es que cabe y así postulo la citación a indagatoria de Augusto González Navarro, responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos”.
Además, se establece que “el contexto de la inconducta indica, el Sr. José Hugo Saab en su condición de Secretario General de la Universidad, impulso con carácter de “urgente” la definición sobre las formas y procedimientos a seguir para concretar del plan de obras en la Universidad (vr. fs. 1694). Esto habilita la convocatoria de Saab a prestar declaración indagatoria”. Sin embargo, Saab y González Navarro no se encuentran imputados ni siquiera después de que el fiscal federal Gómez requirió su nueva indagatoria y detención.
