La posibilidad de una fuerte intervención estatal en el proceso de extracción, comercialización e industrialización del litio fue rechazada enfáticamente por autoridades provinciales del área minera.
Flavia Royón, secretaria de Minería de la provincia, explicó a El Tribuno que “no hemos tenido la posibilidad de acceder a un proyecto oficial”, al respecto. Sin embargo la funcionaria fue precisa en su rechazo: “Es inconstitucional”, detalló.
Para Royón la Constitución Nacional es muy clara ya que en su artículo 124 establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
“Es un avance total contra el federalismo”, explicó Royón a la vez que señaló que “no se trata de un insumo crítico y Argentina no es una formadora de mercado” a nivel global.
La funcionaria a cargo del área minera de la provincia explicó que este tipo de iniciativas “genera inestabilidad del lado de los inversionistas”. En materia de litio “estamos en una carrera tecnológica y debemos movernos con rapidez para atraer capitales”.
Intenciones
Dos medios nacionales dieron cuenta de que el kirchnerismo duro avanza con otra propuesta concreta para marcarle la cancha a Alberto Fernández. Esta vez se trata de un tema de alta sensibilidad: la posibilidad concreta de declarar como un “recurso estratégico” al litio, al mismo tiempo que establecer un mayor control estatal en la industria de extracción y procesamiento de este mineral altamente valioso a nivel mundial.
El ala dura del Frente de Todos se propone impulsar un nuevo esquema legal para el tratamiento del litio que tiene dos vías de acción: por un lado, avanzar con un proyecto de ley tendiente a nacionalizar el uso de este mineral para calificarlo como un recurso estratégico y, por otra parte, crear una empresa binacional con Bolivia para desarrollar la producción de manera conjunta.
En el plano legislativo, los diputados kirchneristas Marcelo Koenig y Carlos Heller, con el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, empezaron a elaborar sendos borradores de proyectos de ley destinados a imponer un nuevo status al tratamiento de litio en la Argentina que se despliega en el denominado triángulo del oro blanco conformado por las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca.
La idea del kirchnerismo duro es que el gobierno imponga en el tema del litio un modelo de producción como el de Bolivia donde el Estado tiene una fuerte impronta. Esto implicaría controlar la extracción y la producción por parte del Estado. Así, las empresas extranjeras o los privados locales que ya invierten en el país seguirían con sus contratos, pero con mayor seguimiento del Estado.
Con Bolivia
En paralelo al plano legislativo el Gobierno trabaja desde el plano diplomático en la instrumentación de una Mesa del Litio con Bolivia para avanzar en una suerte de empresa binacional. El embajador argentino en Bolivia, el kirchnerista Ariel Basteiro, ya entabló negociaciones con el gobierno socialista de Luis Arce para llevar adelante esta estrategia internacional en torno del litio.
La intención de la Argentina ahora es tomar buena parte de ese modelo y desarrollar un trabajo conjunto. La intención del Gobierno es que en la visita que realizará el presidente Arce en agosto para reunirse con Alberto Fernández se termine de cerrar este acuerdo de la empresa binacional por el litio.
Marcha atrás de una idea similar en México
El partido oficialista de México abandonó sus planes de nacionalizar la producción de litio y ahora está promoviendo la bienvenida de inversores privados que ayuden a desarrollar el potencial del país en el metal empleado para fabricar baterías, dijo el legislador detrás de la propuesta.
México, un importante productor de cobre y plata, alberga grandes reservas potenciales de litio. La mayor parte se encuentra en depósitos de arcilla difíciles de explotar, que son costosos y técnicamente complicados de extraer.
Después de anunciar la posibilidad de establecer un monopolio estatal del litio a finales del año pasado, el senador Alejandro Armenta, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta y aliado clave del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que en su lugar elaborará un proyecto de ley para promover un mercado regulado en el naciente sector.
“Estamos convencidos de que necesitamos la inversión privada, somos aliados de los inversionistas nacionalistas y también de los inversionistas extranjeros que nos respetan”, dijo Armenta, en una entrevista con Reuters, atribuyendo su nueva postura a haber estudiado los marcos regulatorios en otros países.
El legislador sostuvo que un proyecto de ley sobre el litio favorable al mercado será presentado en septiembre con el inicio de un nuevo período legislativo, tras las elecciones intermedias de principio de junio, que renovaron la Cámara de Diputados.
En las últimas semanas, ha surgido un mensaje más amigable con las empresas por parte de funcionarios y candidatos del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tras los enfrentamientos de López Obrador con las élites empresariales.
El nacionalista presidente de México, partidario de la intervención del Estado en los mercados energéticos, afirmó en marzo que su administración estaba analizando la posibilidad de asumir una mayor presencia en el litio, pero no entró en detalles.
