El objetivo del debate oral que comienza este lunes será determinar quién asesinó a Fernando Sebastián Medina mientras permanecía detenido en el penal de Villa Urquiza, pero el telón de fondo será el tráfico de drogas dentro de los altos muros del penal de Villa Urquiza, que hizo del caso uno de los más polémicos y complejos de los últimos años.
El reo asesinado purgaba una sentencia por robo agravado. Un día argumentando que no soportaba más la situación en que vivía, hizo una grave denuncia, revelando que desde tiempo atrás era objeto de acoso y maltratos por parte de efectivos del Servicio Penitenciario que le exigían que vendiera entre los internos la droga que le entregaban.
Medina aseguró que por hacerlo, él gozaba de algunos beneficios además de percibir un porcentaje del dinero que se generaba, el que le era entregado a su pareja.
La fiscal María del Carmen Reuter se hizo cargo del caso y le pasó el expediente al fiscal federal Pablo Camuña para que pusiera en marcha una pesquisa por el delito federal de venta de drogas, al tiempo que requirió medidas de protección para el denunciante que, por orden del ex juez de Ejecución Roberto Guyot fue trasladado en agosto de 2017 a la seccional 7° para alejarlo de los guardias a quienes había acusado.
Sin embargo, tres meses después, un imprevisto operativo devolvió a Medina a la cárcel, junto a otro testigo de la causa, siendo ambos brutalm,ente golpeados en el trayecto, como un oscuro aviso de lo que les esperaba entre las paredes de México y avenida Lïbano.
Medina alcanzó a hablar con sus familiares para contarles lo sucedido y advertirles que temía por su vida, situación que fue expuesta de manera insistente por unos y otros, pero nadie actuó y el miércoles 22 de noviembre, fue efecutado por otro reo, mientras su esposa esperaba una respuesta del juez de Ejecución.
La por entonces fuscal Adriana Giannoni comenzó a investigar el caso y lo que parecía una muerte más en el marco de la violencia carcelaria, terminó configurando un caso con ingredientes como nunca antes se vio, incluyendo acusaciones que jamás se habían formalizado en esos términos
En primer lugar, la acusación asegura que Medina fue trasladado al penal sin ningún tipo de orden formal, por un grupo liderado por Claudio Alejandro González quien habría tratado de hacer creer que la víctima había causado incidentes en la seccional 7°, lo que fue desmentido por los policías y los otros detenidos en esa dependencia policial.
La fiscal además responsabilizó a los comisarios Sergio Walter Patto y José Fernando Cisterna de haber organizado el regreso de Medina al que sería su destino final, por haberlos denunciado como responsables de la venta drogas en el penal.
Acusó también a Alejandro “Pichi” Mendoza de haber ultimado a Medina utilizando una punta carcelaria provista por el personal del Servicio Penitenciario, a cambio de la promesa de dinero y mejoras en los informes sobre su conducta, tratándose de un condenado a 18 años de prisión por un homicidio en ocasión de robo y considerado como “un cabecita ’i fierro”.
La investigadora apuntó también al ex director de Institutos Penales Guillermo Snaider por in¿cumplir la orden judicial de proteger a Medina y haber facilitado que lo lesionaran en el traslado, misma acusación que recayó sobre las espaldas de los ex funcionarios Víctor Lisandro Casasola y Enrique Osvaldo Núñez.
La fiscal intentó intentó también que ekl propio Guyot sea investigado por su supuesta participación en el hecho, debido a que jamás atendió los pedidos de la víctima ni la de sus familiares que le imploraban protección, pero su planteo fue rechazado en varias oportunidades, hasta que finalmente el magistrado fue destituido mediante un juicio político.
Ahora tras más de siete años, el caso llega a juicio oral ante el tribunal integrado por Dante Ibáñez, Rafael Macorito y Diego Lammoglia, quienes unicamente entenderán en la causa del homicidio.
La pesquisa por la venta de drogas, que avanza muy lentamente, está en la órbita de la Justicia Federal, donde la acusación estará a cargo del fiscal Daniel Marranzino y la querella fue asumida por Silvia Furque y en la que el Gobierno, que fue demandado civilmente por este caso, también tendrá contará con su propio representante.
