Después del escrache a la casa de los Macri que Malena Galmarini realizó durante el anuncio de aumentos de las tarifas de luz, gas y agua, la titular de AySA, junto a otros “funcionarios responsables de la custodia de datos de personas subsidiadas en los servicios de electricidad”, fue denunciada penalmente por “violar la confidencialidad de los ciudadanos”.
La presentación fue realizada por la Fundación Apolo, una ONG que, según su sitio web, “tiene como objetivo luchar contra la corrupción, generar mecanismos de transparencia y diseñar políticas públicas de calidad”.
Allí apuntaron a la mujer del ministro de Economía, Sergio Massa, por hacer pública información “que debe ser utilizada con la finalidad de aplicar subsidios, y que no debiera ser aplicada con otros fines, más allá de los que fueron previstos al momento de recabarla”.
El pasado martes, cuando se confirmaron subas de entre el 50 y el 140 por ciento en los próximos meses, en el marco de un plan de “segmentación” establecido por el Gobierno, Galmarini, quien calificó la medida como “una redistribución de los subsidios”, mostró una serie de placas con imágenes de distintas viviendas y edificios.
Una de ellas, titulada “Ejemplos Alto NSE”, presentaba la imagen del frente de una casa que la familia Macri tiene en San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense.
La denuncia apunta a Malena Galmarini por hacer pública información “que debe ser utilizada con la finalidad de aplicar subsidios. Foto Maxi Failla
La Fundación Apolo, a través de su presidente, Antonio Fratamico; su director del Equipo Legal, José Luis Magioncalda, y su Coordinador del Derecho Administrativo, Juan Fazio; la Fundación Apolo denunció entonces a Galmarini por la exhibición de datos y fotografías de los frentes de tres edificios y una vivienda, con sus respectivos montos de facturación por el servicio de agua corriente.
“Respecto de los edificios, expuso la cantidad de unidades funcionales y la facturación media mensual que abonarían sus ocupantes, con la supuesta intención de justificar por qué era importante quitar los subsidios”, se argumentó en la denuncia.
Y se agregó: “Nótese que, no obstante limitarse a mostrar inmuebles, no son los inmuebles sujeto pasivo de las tarifas eléctricas, sino las personas que son sus titulares de dominio u ocupantes”.
También apuntan contra la filtración de nombres de famosos por recibir subsidios de luz
El mismo día en que el Gobierno anunció subas de tarifas debido al nuevo esquema de segmentación, medios oficialistas sacaron a la luz una escandalosa lista de políticos, empresarios, famosos y deportistas a los que acusaban de recibir subsidios para pagar la luz, algo que ni siquiera era optativo.
Esto generó el enojo de la oposición, que denunció que se violó la ley de protección de datos personales con un único fin: escrachar.
El programa de Gustavo Sylvestre habló de “Subsidios VIP”.
Es por este motivo que la denuncia incluyó también a los funcionarios que “filtraron datos personales relacionados con el subsidio del servicio eléctrico a ‘famosos’, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y violación de datos personales”.
En esa línea, pidieron que “se libre oficio al Ministerio de Economía y al ENRE, a fin de que informen quiénes son los funcionarios que tienen a su cargo el manejo de datos vinculados a subsidios del servicio de electricidad”.
También exigieron que “se investigue quiénes recibieron y quiénes dieron órdenes de tratamiento de datos con la finalidad de ejemplificar con ellos situaciones sobre la nueva política tarifaria”.
La denuncia, según se precisó, recayó en el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.
