La Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que conduce Mariana Rivadeneira, consiguió sellar una serie de convenios entre las partes que incluyeron acuerdos millonarios para resarcir a varias víctimas de delitos que implicaron perjuicios económicos. Estos convenios les posibilitaron a los acusados evitar ser condenados por sus actos, al haber indemnizado a las víctimas.
Uno de los casos es el de una agente de Rapipago que, durante diciembre de 2022 y enero de 2023, desvió la recaudación, por un monto de $20,9 millones, del circuito de rendición de cuentas. La agente se aprovechó de una demora en el seguimiento de las rendiciones periódicas que era causada por una falla operativa en el sistema de procesamiento de las operaciones. Los acusados pagaron una reparación de $ 21 millones.
En otro caso, una persona vendió su automóvil marca BMW a un ciudadano en su carácter de socio gerente de una firma de venta de transportes. La transacción se hizo por U$S 32.000, siendo que una parte de la operación fue abonada con dos cheques firmados por el comprador y un pagaré rubricado por otro.
Sin embargo, al momento del cobro fueron rechazados por falta de fondos. La víctima trató de recuperar el automóvil pero al obtener un informe de dominio vio que había sido transferido a un individuo domiciliado en la provincia de Jujuy. El comprador al final pagó una reparación de U$S 170.000.
Finalmente, tres integrantes de una asociación, aparentando un emprendimiento inmobiliario de loteo referente a un proyecto urbanístico, vendieron por $ 1,8 millón a un hombre un lote de 455 metros ubicado dentro del emprendimiento, en la zona conocida como La Picada, departamento Tafí Viejo.
Instrumentaron a tales efectos un boleto de compraventa entre los mencionados y un contrato mutuo. Todo ello, a sabiendas de la imposibilidad de su realización debido a que el padrón correspondiente al inmueble se encontraba en áreas destinadas a espacios verdes y parquizaciones de uso público.
Se causó un perjuicio económico a quien ya había abonado la suma de $ 933.330 antes de advertir esta maniobra delictiva. Finalmente, la causa caducó cuando los acusados abonaron una reparación de $ 2 millones a la víctima.
Estos acuerdos son un ejemplo de cómo la Unidad Fiscal de Delitos Complejos está trabajando para resarcir a las víctimas de delitos económicos y, al mismo tiempo, evitar que los acusados sean condenados por los hechos.
