Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
La semana que pasó culminó nuevamente con la confirmación de que nuestra provincia atraviesa una grave crisis institucional, luego de lo que fue el intento de golpe institucional que habría llevado a cabo el legislador oficialista Jorge Yapura Astorga, a la hora de atacar a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por medio de una condenable utilización de la comunidad indígena de Tafí del Valle.
Para ello, fue clave el papel desempeñado por este medio a la hora de truncar los planes del procesado por corrupción en su época de intendente. Por el trabajo periodístico llevado a cabo por Tucumán Despierta, un abogado presentó una denuncia penal en contra de Yapura Astorga y también pidió su remoción de la legislatura provincial.
En la denuncia presentada por el Dr. Gustavo Morales, se advierte que la conducta desplegada por Jorge Yapura Astorga, se encuadra la figura del artículo 256 del Código Penal conocido como “tráfico de influencias”. Las actas publicadas por este medio, dejaron al descubierto, que el pedido de juicio político a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Dra. Claudia Sbdar, como así también a un vocal del tribunal supremo, el Dr. Daniel Posse, fueron presentados por la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí, pero posterior a la presentación, en una asamblea del concejo de dicha comunidad, manifestaron que “Dicha decisión se toma básicamente debido a que hay intereses políticos y económicos del legislador Yapura Astorga, quién instó estas acciones”, dijeron por escrito en el documento publicado la anterior semana por Tucumán Despierta.
A raíz de las publicaciones de este medio, acerca de este accionar de Yapura Astorga, fue lo que motivó la denuncia penal que presentó oportunamente el abogado Morales y también realizó una presentación en la legislatura provincial, donde solicitó, la remoción en contra del legislador provincial del Partido Justicialista, Jorge Yapura Astorga.
Esto significa que lo que se solicita es, ni más ni menos, que la destitución del procesado ex intendente de Tafí del Valle. Yapura Astorga puede darse el lujo de tratar de descabezar un poder de la República, como lo es el Judicial, desde la mismísima legislatura de la provincia, que guarda un claro silencio cómplice, que ensordece y avergüenza al pueblo tucumano.
En ese marco de vergüenza institucional, también se enmarca el caso del ex juez Enrique Pedicone, ya que narra la gravedad institucional que intentan tapar desde la cámara legislativa, con total cinismo, para proteger al vocal de la Corte, Daniel Leiva, al menos esa es la sensación que quedó flotando en el aire, luego de que se consumara la destitución de Pedicone. Es por ello que dijo que no podía decir que esta expulsión lo sorprendiera.
“Se ha hecho aquí lo que quiso el poder político, en especial el administrador de la legislatura provincial, manifestó en su momento el ahora ex magistrado. Y es que, es el Poder Judicial, el más afectado de las instituciones de la República, por lo que la situación es más grave.
Teniendo en cuenta la denuncia penal, el pedido de remoción de su banca en la Cámara legislativa provincial se veía venir, por lo que, Yapura Astorga debería ser destituido. ¿Cuánto tiempo más podrá la legislatura mirar para otro lado?
Recordamos que, a pesar de la gravedad de los delitos en contra del erario público, por los cuales Yapura Astorga deberá enfrentar próximamente un juicio oral, sigue ocupando su banca.
Y es que continúa siendo “protegido” por los demás integrantes de la legislatura, que miran para otro lado. Al mismo tiempo, la sociedad tucumana ya está harta de que se le rían en la cara a causa de una especie de defensa corporativa que existiría en la legislatura, que no es más que una muestra más de la tamaña impunidad que existe en el poder político provincial. Sin embargo, la clase política tucumana debiera observar con detalle lo que sucedió en Formosa.
Y es que, aunque encendieron la mecha, no fueron los varados ni los centros de aislamiento los que hicieron explotar a los formoseños, fue la determinación del gobernador Gildo Insfrán de volver a la fase 1 del aislamiento en la ciudad capital, por 17 casos de coronavirus. La medida terminó por enfurecer a empresarios, comerciantes y jóvenes que llevan un año tolerando fuertes restricciones. Y salieron a la calle, desobedeciendo la orden directa.
Es decir, se trató de una rebelión al poder feudal del mandatario, la primera en 25 años, durante los cuales lo que sucedió fue, justamente, lo que ocurre cuando los ciudadanos no le paran la mano a tiempo a la clase política, terminando manejando con todo el poder las provincias y las consecuencias a la vista. En esa línea, irían los espurios objetivos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como quedó evidenciado en su discurso atacando a la Justicia.
La autodefensa en juicio de la vicepresidenta, fue una colosal ofensiva, como podía preverse. Aunque cuando enfrenta a sus adversarios, cual Némesis, nunca las previsiones alcanzan. Y es que, tal y como lo publicamos en Tucumán Despierta, estamos asistiendo al fracaso de ese proyecto de impunidad y venganza. Los últimos fallos de la Justicia, en su mayoría, han sido un cachetazo para las pretensiones del kirchnerismo.
Las mieles de la impunidad están cada vez más lejos y Cristina Kirchner lo sabe. Y por eso esta semana le declaró la guerra a la Justicia.
Por otro lado, así como la provincia de Santa Cruz es pionera en esta tarea de control de la información, que en realidad es impedir que circule la verdad o se informe sobre lo que acontece, y descalificar, en su caso, a la verdad que logre filtrarse, contarse y decirse, el mismo peligro se replica en otras provincias.
Tal fue el caso de Yapura Astorga durante la semana, ya que no hizo más que desacreditar a la emisora de radio FM La Cañada, de la ciudad de Tafí del Valle y a uno de sus conductores, Darío Medrano, a Tucumán Despierta, a la titular del máximo tribunal provincial y a la periodista del diario La Gaceta, Irene Benito. Y es que el legislador dio muestras de una intentona de limitar la libertad de expresión. No hay mejor manera de preservar la verdad que con libertad y responsabilidad.
El objetivo de Jorge Yapura Astorga es que, sobre los escombros de la verdad, se construya su verdad oficial indispensable para su modelo político de autocracia familiar. Buscar y soñar, desde allí, con adulterar y fraguar la percepción de la realidad en la opinión pública provincial y lograr que todo su latrocinio y corrupción quede en el olvido.
¿Lo permitirá la ciudadanía tucumana?
