La división Homicidios, una de las unidades más “calientes” del área de investigación de la Policía, no cuenta con calabozos en su unidad. Pero en sus instalaciones, según los últimos datos confirmados por fuentes judiciales, se encuentran seis detenidos. Los procesados fueron ubicados en las oficinas del personal y duermen en cualquier lugar, siempre con un custodio que no les quita los ojos de encima.
Esa escena se repite en varias dependencias como Robos y Hurtos y Sustracción de Automotores (todas de la ex Brigada), en la gran mayoría de las seccionales de la capital y las comisarías del interior de la provincia. La crisis carcelaria que se vive en la provincia ha llegado a su máximo nivel. Y por ahora no se avizora una solución a corto plazo.
Los números de personas alojadas en las dependencias policiales de la provincia son elocuentes. La cifra global supera las 1.200. De ese número, 76 son personas que ya fueron penadas por un tribunal, 848 a las que se le dictó la prisión preventiva y 59 tienen arresto domiciliario, lo que representa un total de 983 reos.
A esa cantidad se le debe sumar los 105 detenidos que esperan que la Justicia resuelva su situación procesal. Y faltan los detenidos por contravenciones, que en el informe son 120, pero durante los fines de semana esa cifra se puede hasta triplicar.
Esta historia de complicaciones para alojar detenidos comenzó en 2015 y hasta el momento no tiene final.
En agosto de ese año los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus a favor de los presos, los policías y los vecinos de las comisarías por la cantidad de personas que estaban privadas de su libertad en esos calabozos. En esos momentos había cerca de 500, según el censo que habían realizado.
Su planteo fue aceptado y ellos fueron los que controlaron hasta que en noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia, a través de su oficina de Derechos Humanos, se hizo cargo del asunto. Hubo varios planteos y fallos en contra del Poder Ejecutivo, creación de comisiones y declaraciones de emergencia, pero nada sirvió. La situación fue empeorando año tras año. El número de detenidos en las comisarías se incrementó un 140% porque pasó de cerca de 500 a más de 1.200.
La jueza de Ejecución Alicia Merched, después de constatar la gravedad del asunto, ofició al ministro de Seguridad Claudio Maley para que resuelva el problema, que se empeoró con la pandemia, ya que las puertas de los penales se habían cerrado para el ingreso de nuevos internos.
“Al día de la fecha se encuentran en las diferentes comisarías de la provincia la cantidad de 917 personas privadas de libertad, entre procesados y condenados, lo que resulta a la luz de la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales a los que nuestro país y nuestra Provincia se encuentran adheridos, totalmente inadmisible”, destacó en la resolución firmada el 26 de mayo pasado.
La nota de la jueza sirve para demostrar que este es un problema que se agrava día tras día. El informe reúne la información hasta el 18 de junio. Desde la resolución de Merched, la cantidad de detenidos que deberían estar en el penal y que permanecen en las dependencias aumentó de 917 a 983.
“Entre la población de penados y procesados que están en los calabozos de las comisarías se encuentran personas alojadas por delitos graves y violentos, como así también personas con enfermedades infectocontagiosas como VIH, entre otras”, explicó la jueza en el fallo.
“Por lo expuesto, se torna urgente y necesario que se dé trámite por medio del ministerio a su cargo de lo plasmado en la presente y así evitar desenlaces irreparables tanto para los internos como para la sociedad en general”, explicó.
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