La política de Alberto Fernández en materia de seguridad se ha desentendido de la actividad de narcomenudeo que se concentra en territorios con baja presencia del Estado. Esta se torna muy violenta en el intento de las bandas de dominar el territorio y por ello no es extraño observar los aumentos significativos de los homicidios narco en zonas calientes como Rosario y algunos lugares del conurbano bonaerense.
También se desatendieron programas integrales, como Barrios Seguros. Dicho programa había comenzado en lugares muy violentos, tomados por las bandas narco y, con la acción conjunta de una serie de políticas sociales, de infraestructura y la presencia de fuerzas federales, se había logrado pacificar barrios con altas tasas de homicidios, como en el barrio Carlos Gardel, en Morón, y Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe.
Tampoco se observa una política proactiva en el seguimiento de los que lavan el dinero ilegal obtenido de esta actividad, iniciativa que es crucial para destruir estas organizaciones en el corazón del negocio criminal. Las equivocadas decisiones operativas llevaron al retiro de fuerzas federales del territorio en muchas provincias y el muy mal trabajo de coordinación del Ministerio de Seguridad nacional con los gobiernos provinciales.
La falsa ideologización de la política pública generó una serie de decisiones equivocadas, por ejemplo, el apoyo a la liberación de presos en el contexto de Covid. A partir de una implementación caótica e injusta, en muchos casos se liberó miles de presos antes de que cumplieran las instancias y mínimos procesales. Se revirtió la búsqueda de prófugos culpables de homicidios, violadores, secuestradores, narcotraficantes, etc.
Estas decisiones arbitrarias terminaron generando en muchos casos un reciclaje de delincuentes peligrosos, que son una ínfima minoría en la sociedad, pero que fueron liberados en las calles antes de que cumplieran su condena, volviendo a victimizar a aquellos que los sufrieron y frustrando a las fuerzas de seguridad que ven cómo muchos de los violentos que ellos detuvieron vuelven al barrio, impunes, a continuar su raid delictiva.
El último elemento que muestra con absoluta claridad la inacción y falta de prioridades del Gobierno en materia de seguridad se observa en la ejecución presupuestaria. Frente al aumento significativo de la inflación este año, las partidas de seguridad recibieron un refuerzo del 11% respecto del crédito inicial, muy por debajo de la inflación acumulada en lo que va del año. Pero además fue desproporcionadamente baja respecto de los refuerzos de otras partidas.
Esto muestra con pasmosa claridad que la seguridad de los argentinos no es una prioridad del Gobierno. La profunda crisis económica y social más los efectos de un encierro prolongado producto de la pandemia tienen su impacto en el aumento de la inseguridad, pero las malas políticas públicas y decisiones del Gobierno en materia de seguridad agravan aún más la situación y están generando la espiralización del aumento en la criminalidad que padecemos.
