Tucumán ha vuelto a ser noticia nacional luego de que en el día de ayer el gobernador le aceptara la renuncia al más que cuestionado juez Francisco Pisa. Con esta decisión, quedaron sin efecto los pedidos de juicios políticos y destitución que pesaban en contra del magistrado a causa de su lamentable actuación en lo que hace a las desestimadas denuncias por acoso que derivaron en el femicidio de la docente salteña, Paola Tacacho.
De esta manera, este juez altamente cuestionado y señalado como quien desde la Justicia le habría otorgado siempre impunidad al poder político, logró zafar, apenas unas horas antes que se empezara a tratar su juicio político en la legislatura provincial. Pero, como si esto fuera poco, lo que causa más indignación al conjunto de la población, es el hecho de que Francisco Pisa podrá cobrar una más que jugosa jubilación.
Y es que la desagradable noticia que llegó del Poder Ejecutivo sobre el hecho de que le aceptaban la renuncia, no sólo hizo que al juez se lo desligaran de todos los cuestionamientos habidos y por haber. Además, lo premiaban con una suculenta jubilación del 82% móvil, por lo que le corresponderán en términos de haberes previsionales, un total de más de $300.000 por mes, luego de que se oficialice su jubilación.
Pero, como si todo esto fuera poco, la aceptación de la renuncia de Pisa, no tan sólo anuló su destitución, sino que significa algo peor. Y es que hasta que la ANSES haga efectiva su jubilación, este cuestionado magistrado seguirá impartiendo justicia cómodamente desde su despacho. Es decir que, al aceptarle la renuncia, lo dejaron libre de culpa y cargo, por lo que puede tranquilamente seguir ocupando su cargo de juez como si nada habría pasado.
En ese sentido, cabe destacar que no es la primera vez que esto ocurre en Tucumán. Y es que algo parecido ocurrió en su momento con el ex fiscal Carlos Albaca, quien estuvo a cargo de la investigación por el asesinato de Paulina Lebbos desde fines de abril del año 2006. Cabe recordar que la primera medida que tomó fue dictar el secreto de sumario, medida que se mantuvo durante siete años.
Es por ello que en el año 2013 la Nación designó a Bernardo Lobo Bugeau para que informara sobre sobre la actuación de Albaca, por lo que su tarea determinó que existieron de parte del funcionario judicial numerosas fallas y entorpecimientos en la investigación. Para colmo, en diciembre de 2013 Albaca puso en duda que Paulina haya sido asesinado y apuntó contra la propia víctima.
A causa de todo esto, se vio acorralado por los pedidos de juicio político, razón por la cual, Albaca optó por una jubilación. Para ello presentó su renuncia para acogerse a la jubilación con el 82% móvil, renuncia aceptada por el entonces gobernador, José Alperovich. La aceptación de la renuncia sirvió de ardid para que la Legislatura brinde otro favor al ex fiscal, ya que la comisión de Juicio Político desestimó los pedidos de juicio político formulados por la oposición.
Con tiempo ganado, Carlos Albaca logró que en cuestión de días la ANSES determine que el ex fiscal se jubile con el beneficio de la movilidad y la porcentualidad, que por esa época superaba a los $50.000 mensuales. Pero hasta que se hizo efectiva su jubilación, siguió ocupando su cargo como fiscal. Otro caso parecido es el de la ahora también ex fiscal Adriana Giannoni, quien hace un mes presentó su renuncia, la cual fue aceptada de inmediato por Manzur.
Mediante un decreto firmado el 2 de enero que se publicó recién hace un mes en el Boletín Oficial, el gobernador provincial aceptó la renuncia condicionada que había presentado en diciembre la fiscal Giannoni, quien se vio atrapada en un mar de cuestionamientos. Y es que la dimisión de la funcionaria se enmarca en un pedido de juicio político que realizó la Fundación Mujeres x Mujeres en conjunto con Católicas por el Derecho a Decidir.
Días antes de que presentara su renuncia, estos grupos decidieron denunciar a la fiscal en el marco de su desempeño en un caso de interrupción legal de un embarazo, practicada por profesionales de la salud a una niña de 14 años víctima de abuso sexual. Solicitaron la medida contra la fiscal por “ignorancia inexcusable y negligencia en el ejercicio de sus funciones”, en un caso que generó controversia a nivel nacional.
Esto se debe al hecho de que el planteo se abrió a partir de una causa de Giannoni por un aborto de una menor realizado por médicos del Instituto de Maternidad. La fiscal puso la lupa sobre los médicos que atendieron a una menor, de 14 años, que había sido víctima de abuso sexual y quedó embarazada. En tanto, Giannoni presentó su ‘renuncia condicionada’ para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria.
Cuando complete los trámites jubilatorios, la fiscal Ginnoni, dejará sus funciones, pero, mientras tanto, seguirá ejerciendo funciones. Claramente, se observa que en el caso del juez Pisa y de los fiscales Albaca y Giannoni, se repite un mismo patrón de conducta de parte del poder político. Y es que, luego de que fueran acusados de ser funcionales al mismo, resultan salvados y hasta premiados con una jubilación de lujo.
En ese sentido, existen sobrados ejemplos que ponen en evidencia la vergonzosa connivencia entre el poder político y algunos magistrados funcionales al poder de turno. Y es que, además de los casos mencionados, por ejemplo, antes de que el fiscal Carlos Albaca tomara la causa del asesinato de Paulina Lebbos, su antecesor, Alejandro Noguera, fue apartado de la causa luego de haber sido fotografiado saliendo de la casa del entonces gobernador José Alperovich.
“Fui a pedirle ayuda”, dijo aquella vez, en medio de un escándalo de repercusiones nacionales. Y es que así de manifiestas son las relaciones carnales entre la Justicia y el poder político. En ese marco, cabe recordar también que fue un propio funcionario del gobierno provincial encabezado por Alperovich quien defendió al ex fiscal Albaca, se trata del por entonces ministro fiscal, Luis Di Mitri.
El mismo, luego de asegurarse de que la renuncia de Albaca fuera aceptada, también se jubiló con unos $60.000 (de aquellos años). De esta manera, queda claro que se trata de una especie de devolución de favores de parte de los funcionarios judiciales, cuando se encuentran en aprietos. Y desde el poder político los auxilian en compensación por la ayuda recibida. Es por ello que cabe preguntarse: ¿Hasta cuándo continuará esta vergonzosa y lamentable realidad?
