Las irregularidades advertidas en la causa abierta en 2002 contra los 27 legisladores acusados de recibir coimas exigen la investigación de las responsabilidades de los jueces, de la fiscala y de los funcionarios que la tramitaron, según el peronista disidente Oscar López. El dirigente se presentó el lunes ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y pidió a ese cuerpo que promueva las pesquisas en sede penal, y que eventualmente active los procedimientos de destitución y de expulsión. López denunció a dos ex jueces jubilados con el beneficio del 82% móvil, Mirta Lenis de Vera y Víctor Manuel Rougés, y a los magistrados Alejandro Tomas (Nº 1) y Juan Francisco Pisa (Nº 3); a la fiscala Mariana Rivadeneira, y a los funcionarios Jimena Suárez y Demetrio Kuchimpos. El denunciante precisó que, por amistad, dejaba afuera del asunto al juez correccional Marcelo Mendilaharzu y al secretario Carlos López.
La presentación sostiene que los magistrados y funcionarios mencionados podrían haber cometido delitos en conexión con la parálisis de la investigación de un presunto pago de sobornos a cambio de aprobar la reforma constitucional que impulsaba el ex gobernador Julio Miranda. López agregó que las revelaciones eran de tal gravedad institucional que incluso podrían dar lugar a la intervención federal y que, por ello, correspondía abrir las investigaciones. El denunciante expresó que las anomalías detectadas en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán se sumaban a otros antecedentes recientes -mencionó concretamente las circunstancias que precipitaron la jubilación con el 82% móvil del ex fiscal Guillermo Herrera– y que todos ellos abonarían la idea de que en la Justicia penal de la provincia existe un sistema dedicado a “garantizar la impunidad”.
La causa contra los 27 legisladores de 2002 apareció bajo un armario del Juzgado Nº5 luego de que la jueza Carolina Ballesteros tomara posesión de esa oficina. La secretaria Karina Rivera informó que había encontrado el último cuerpo del expediente, el número 24, el 8 de marzo pasado. Allí estaba agregada una sentencia del 3 de mayo de 2010 firmada por Lenis de Vera que había anulado el pedido de sobreseimientos y en los hechos implicaba la continuidad del caso. Esa resolución nunca fue notificada a las partes durante los nueve años que transcurrieron desde su emisión y aunque en el propio expediente había proyectos de cédulas sueltas elaborados en 2014.
Ballesteros informó a la Corte el hallazgo de esa causa de altísimo interés público mediante una nota del 11 de marzo. Antes y después, la jueza había mandado otras misivas al alto tribunal en las que comunicó la existencia de alrededor de 250 procesos sin trámite, entre ellos 13 actuaciones de pornografía infantil. El universo de expedientes cajoneados, además de la pesquisa relativa a los 27 legisladores -donde hay al menos cinco imputados que siguen desempeñando cargos políticos-, incluye otras causas contra funcionarios públicos, como una por supuestas amenazas que involucra al concejal Armando Cortalezzi (PJ) y otra por presunta defraudación atribuida al intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (UCR). A días de jurar como jueza, Ballesteros desplazó al secretario Carlos López y al prosecretario Kuchimpos, quienes fueron reubicados en otras unidades judiciales.
El 27 de marzo, la Corte envió a los auditores Mariana Tasquer y Agustín Ladetto al despacho de Ballesteros con la finalidad de constatar la existencia de casos detenidos. Dos semanas más tarde, trascendieron los informes sobre la causa de los 27 legisladores que aquellos y la jueza enviaron a la Corte a propósito de un pedido de los radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf. De los respectivos análisis del período de nueve años de parálisis surge que en la causa intervinieron Lenis de Vera y Tomas, quien en 2014 sólo autorizó la inhibición de Carlos López. Este funcionario se apartó del caso con el argumento de que había sido designado asesor ad honorem a instancias del ex legislador peronista imputado Gerónimo Vargas Aignasse.
Ni Rougés, ni Mendilaharzu, ni Pisa tocaron el proceso pese a haberse desempeñado en forma rotatoria como magistrados subrogantes del despacho Nº 5 desde la jubilación de Lenis de Vera y hasta la llegada de Ballesteros. Entre 2010 y 2019 el expediente entró varias veces a la fiscalía de Rivadeneira, según la jueza y los auditores, pero la fiscala responsabilizó por la parálisis a la secretaría del Juzgado Nº 5. Ballesteros expresó que, en ese ámbito, el proceso contra los 27 legisladores estuvo sucesivamente a cargo de los funcionarios Carlos López, Suárez (sólo consta que Tomas la designó reemplazante del primero) y Kuchimpos.
AUTOR
Irene Benito
