Con la lectura del veredicto, finalizó ayer lunes por la mañana el juicio en contra de Norma del Valle Reartes (54), imputada por delito de estafa por una serie de hechos cometidos entre 2016 y 2021. Mediante engaños, ofrecía a sus víctimas la adjudicación de casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La mujer aducía ser empleada del organismo y tener contactos e influencias dentro del mismo para facilitar la adjudicación de las casas.
La investigación se había originado luego de una serie de denuncias realizadas por un grupo de personas que se fueron acumulando con las presentaciones de nuevos damnificados. El debate oral y público, que inició la semana pasada, se desarrolló durante cuatro jornadas. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos Concepción, a cargo de Mariana Rivadeneira, llevó adelante la acusación contra la mujer.
Se le reprochó que, en fecha no precisada, entre los meses de agosto de 2016 y enero de 2021, procurando obtener un beneficio económico indebido, fue que mediante llamados telefónicos se contactó con los ciudadanos (más de 40 víctimas), a quienes con la intención de crear en ellos cierto grado de confianza y seriedad, les manifestó falsamente ser empleada del (IPV), ofreciéndoles la entrega de una vivienda social.
Para ello les pedía una serie de documentación y dinero con el fin de concretar el trámite. Durante el debate, el auxiliar de fiscal, Juan José Ibáñez, expuso que las sumas que la mujer requería a sus víctimas iban desde $20.000 pesos y ascendía hasta los $200.000. En total, la acusada habría recaudado una cifra superior a los 2 millones de pesos. Como parte del circuito de su engaño, les enviaba a las víctimas mensajes de textos.
Los llamaba telefónicamente de manera frecuente y hacía reuniones grupales con todos los damnificados a los que, incluso, trasladaba hacia los barrios I, II, III, de la ciudad de Concepción, a fin de que conozcan las viviendas que les serían entregadas. Finalmente, cuando llegaba la fecha pactada para la entrega de las viviendas prometidas, la misma no se concretaba debido a que la acusada la dilataba mediante excusas y pretextos de falta de finalización del trámite, para luego cortar todo tipo de comunicación con las víctimas.
Como pruebas, la fiscalía ofreció el testimonio de cada una de las víctimas. Los mismos fueron reforzados por las imágenes de capturas de pantalla de conversaciones entabladas entre ellas y la acusada a través de la aplicación WhatsApp, que fueron aportadas durante el transcurso de la investigación. También se aportó diversa documentación que los damnificados intercambiaban con la mujer y, en especial, carpetas con las notas que las víctimas dirigen al IPV.
Las cuales habían sido encontradas en los allanamientos realizados en el domicilio de la imputada. En este sentido, fueron claves las pericias caligráficas realizadas por el Departamento de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal. Según los informes técnicos, las firmas halladas en la documentación aportada por las víctimas, corresponden con el puño caligráfico de la acusada.
