La estudiante María José Lizárraga (24 años), quien cursa en la escuela Normal el profesorado de Biología, permanecerá detenida por 30 días por un caso de amenaza de bomba registrado el 28 de agosto en esa institución. Lo más llamativo de este caso fue que en la acusación se expuso un mensaje de texto que se encontró en el celular de la imputada, en el cual se advertía: “vuelvo a hacer la amenaza de bomba ‘chiquis’, no se preocupen”. El mensaje fue enviado en un grupo que Lizárraga comparte con sus compañeros, en el cual previamente habían estado hablando de que tenían que rendir un examen.
El caso está en manos de la fiscala Mariana Rivadeneira, de la Unidad de Delitos Complejos, que remarcó dos cuestiones: están investigando más de un centenar de casos de falsas alarmas y, puntualmente, en la Normal se registraron siete amenazas de bomba desde comienzos de agosto. La investigadora -como lo viene indicando en cada audiencia por este tipo de delitos- reiteró que el despliegue de los operativos de evacuación generan no solo caos, sino también un importante gasto a la Provincia.
Mail anónimo
La amenaza llegó a través de un correo electrónico hasta la casilla de la fotocopiadora de la escuela. La cuenta desde la que fue emitido se llamaba “anónimo” y advertía sobre que un grupo había colocado una bomba en un rincón del establecimiento “como represalia al mal desempeño del personal administrativo”.
IMPUTADA. La estudiante María José Lizárraga (24 años) quedó detenida.
“Ese mail fue el inicio del camino. Solicitamos informes a Google para conocer al usuario que había enviado ese correo. Nos respondieron con el número de IP que corresponde a la imputada. Cabe destacar que está acreditado que Lizárraga es estudiante de la escuela donde ocurrió el hecho”, señaló la fiscala, que como medidas de coerción solicitó la prisión preventiva por 90 días y una inhibición de bienes por $ 3 millones para garantizar una reparación económica al Estado.
Contando con la información del usuario, Rivadeneira solicitó allanamientos que fueron otorgados por el juez Sebastián Mardiza. En una casa de barrio Tiro Federal aprehendieron a Lizárraga y secuestraron tres celulares. La fiscala explicó que, a pesar de que habría existido un borrado de contenido, los peritos del ECIF pudieron encontrar algunos mensajes que comprometían a la sospechosa en el caso. También solicitó que se considerara como un entorpecimiento del proceso que la joven haya eliminado mensajes. Los teléfonos serán peritados para intentar recuperar toda la información posible, pero eso llevará tiempo.
Opciones alternativas
Siguiendo el consejo de su abogado, Lizárraga se abstuvo de declarar. El defensor oficial Miguel Rocchio cuestionó que la Fiscalía solicitara la máxima cautelar y por tantos días. “No explican por qué las medidas de menor intensidad no alcanzarían para cautelar el proceso”, sostuvo. Además planteó que, al haber pasado más de 24 días del hecho, el borrado de los mensajes podía responder a cualquier otro motivo y no a querer obstaculizar una investigación.
Rocchio solicitó que se ordene el arresto domiciliario y que no se tenga en cuenta el pedido de la inhibición de bienes: “un juez de Impugnación ya consideró que es una medida excesiva en otro legajo por este tipo de hechos”.
Resolución
La jueza Fanny Siriani, luego de escuchar a las partes, decidió hacer lugar a la preventiva, por el plazo de 30 días para que avancen las pericias, pero rechazó ordenar un embargo de bienes. También hizo una reflexión al momento de resolver.
TODAS LAS PARTES. La audiencia del caso se desarrolló vía Zoom.
“Es difícil otorgarle la máxima cautelar a una joven sin antecedentes, pero hay indicios certeros de su participación en el hecho y se acredita un riesgo de entorpecimiento. Tengo en cuenta también que no es una adolescente que por torpeza podría cometer el delito de intimidación publica. Estamos tratando con una estudiante de un terciario, que está próxima a recibirse”, indicó.
La magistrada luego señaló: “este tipo de delitos nos recuerdan al peor momento de nuestra historia. Atentar contra una escuela a la que asisten niños y adultos amerita que cautelemos el proceso”.
La defensa impugnó el fallo.
