Un sumario administrativo global procurará deslindar las responsabilidades atinentes a las anomalías detectadas en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital. Cinco meses después de que trascendieran las irregularidades, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió investigar a todo el personal de la unidad. Los vocales Daniel Posse (presidente), Antonio Daniel Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Leiva especificaron que la pesquisa interna debía incluir a los ex funcionarios Carlos Eduardo López y Demetrio Aristóteles Kuchimpos. El sumario será llevado adelante por el camarista penal Fabián Fradejas.
La Acordada 962/19 del 20 de agosto pasado relata las presentaciones relativas a expedientes paralizados que la jueza Carolina Ballesteros hizo a partir de febrero, cuando tomó a su cargo el Juzgado N°5; las respuestas de López y de Kuchimpos, que negaron los hechos y alegaron una persecución, y las conclusiones de la auditoría practicada en la oficina. Según Ballesteros, había más 200 -quizá 300- causas frenadas y alrededor de 1.500 actuaciones contravencionales sin registrar. La jueza detalló la existencia de al menos 12 denuncias de pornografía infantil carentes de trámite. Además, dio cuenta al alto tribunal sobre el cajoneo de expedientes de altísima sensibilidad, entre ellos, la investigación contra 27 legisladores acusados de cobrar coimas en 2002 encontrada en un armario, con una sentencia de 2010 dictada por la ex jueza Mirta Lenis de Vera sin notificar.
“Celos profesionales”
En forma previa a estos hallazgos, Ballesteros prescindió del secretario López, que hoy se desempeña en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, con el argumento de que este había abandonado el turno del sábado 16/02/19. La Acordada 962/19 refiere que el funcionario dijo que la jueza sólo quería afectar su buen nombre y honor, y perjudicar su hoja de servicios, y rechazó que se haya ausentado sin aviso y sin el consentimiento de la magistrada. “Además, considera que el proceder de Ballesteros es una burda forma de tomar revancha de una enemistad pública manifiesta que lleva años”, expresaron los vocales. López manifestó que Ballesteros le tiene “celos profesionales” por haber coincidido en la gran mayoría de los concursos del Consejo Asesor de la Magistratura en los cuales se presentó y haber quedado mejor posicionado que ella. El secretario también apuntó contra su par del turno vespertino, Karina Rivera, y puso en duda la actuación de Ballesteros en expedientes en los que intervenía el esposo de esa funcionaria, el abogado Sebastián Herrera Prieto.
Kuchimpos, que se fue del Juzgado N°5 después de López también por iniciativa de la jueza, afirmó que aquella había buscado excusas para reemplazarlo por colaboradores de su confianza. El prosecretario desmintió que Ballesteros haya dispuesto tareas de organización a fin de normalizar el trámite de los expedientes atrasados. Kuchimpos, que fue trasladado a la Cámara Penal, añadió que Ballesteros no había inventariado las causas instruidas por otros empleados del Juzgado N°5. El prosecretario afirmó que había sido víctima de un trato “patoteril, injuriante y descalificante”.
Luego de analizar los procesos frenados que había identificado la magistrada, los auditores concluyeron que los dos secretarios del Juzgado de Instrucción N°5, López y Rivera, poseían igual responsabilidad en la mora de presentación del despacho de las actuaciones que requerían un decreto sencillo de pase a la fiscalía. Los responsables de la auditoría precisaron: “no advertimos que la responsabilidad deba recaer sólo en los funcionarios firmantes del cargo puesto que es lógico que este sea rubricado por los funcionarios del turno matutino como consecuencia de que en el turno vespertino no existe atención al público, ni ingreso de actuaciones o de causas que no requieran trámite urgente del turno”.
Tres subrogantes y 20 presentaciones
Carolina Ballesteros, jueza de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital desde febrero, envió alrededor de 20 notas a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán con información sobre el estado deplorable en el que había encontrado el despacho. El Juzgado N°5 quedó acéfalo en mayo de 2016 por la jubilación con el 82% móvil de Mirta Lenis de Vera. Desde entonces, se turnaron en la atención del despacho los jueces Marcelo Mendilaharzu, Víctor Manuel Rougés y Juan Francisco Pisa, quienes cobraron un monto adicional por actuar como subrogantes.
