Un legislador tucumano quedó a un paso de afrontar un juicio por presunta administración fraudulenta, manejo irregular y desvío de fondos durante su paso por la función municipal.
Se trata del peronista Juan Enrique Orellana, quien figura en la lista de 44 intendentes y ex intendentes procesados en un expediente vinculado al uso de fondos provenientes de los Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Según la imputación de los fiscales Carlos Rívolo y José Ipohorski Lenkiewicz, que requirieron la elevación a juicio de la causa, el daño patrimonial estimado es de $ 246 millones.
El expediente se inició en virtud de una denuncia presentada por el entonces director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Allí se dio cuenta de que, entre enero y febrero de 2016, la Unidad de Auditoría Interna de dicha cartera, en conjunto con la Sindicatura General de la Nación, realizaron una auditoría que abarcó el período comprendido entre 2013 y 2015 sobre los procedimientos implementados y los mecanismos de control interno que imperaron en la operatoria de otorgamiento y rendición de transferencias a municipios, en el marco de los Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que se encontraban bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación de Políticas Ambientales de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Los proyectos consistían en transferencias de fondos que provenían directamente del Tesoro Nacional, de carácter no reembolsable, contra rendición de cuentas, con el objetivo de brindar una asistencia técnico financiera a municipios de todo el país, con la finalidad de que lograsen una gestión sustentable de sus residuos sólidos urbanos, a través del desarrollo de proyectos orientados a la eliminación de basurales a cielo abierto, construcción o ampliación de rellenos sanitarios, montaje de plantas de reciclaje, adquisición de vehículos destinados a la recolección de residuos, desarrollo y ejecución de programas de gestión y capacitación, entre otros.
En el marco de aquella auditoría se determinó que, durante el período 2013-2015, se giró un total aproximado de $ 590 millones a distintos municipios. Una vez judicializada la cuestión, se solicitó a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que, en conjunto con la Sindicatura General de la Nación, constataran el estado de las obras, compras o contrataciones contempladas en 121 de esos expedientes (que fueron elegidos al azar), de cuyo resultado surgió que en solo 22 de ellos se habían cumplido totalmente los objetivos y que, en otros 55, no se había verificado lo pautado en los proyectos, pese a haberse transferido el dinero en favor de las respectivas intendencias (en tanto que en los municipios restantes se concluyó parcialmente con lo estipulado).
A los intendentes, entre ellos el “Mellizo” Orellana, se les imputó el haber percibido los fondos en cuestión entre 2013 y 2015 en sus respectivos roles de intendentes. Se les endilga que debían administrarlos para llevar a cabo los proyectos estipulados en los Convenios Marco y Actas Complementarias firmados por cada uno de ellos, cuyos plazos de rendición de cuentas expiraron y, conforme fuera constatado mediante los relevamientos ordenados por el Tribunal, los objetivos pautados no fueron debidamente cumplimentados. De acuerdo al requerimiento, a la fecha no se pudo determinar el destino final que le dieron a los respectivos fondos recibidos por cada uno de ellos.
En el expediente inicial figuraba procesado otro ex intendente tucumano: el peronista César Dip, de Lules. A principios de año, cuando se conoció su procesamiento, Dip explicó que la Municipalidad de Lules había recibido un subsidio de alrededor de $ 250.000 para hacer un estudio de terrenos y decidir donde volcar los residuos urbanos. Dip explicó que en 2014, antes de recibir la partida de la Jefatura de Gabinete, firmó un convenio para depositar los residuos en la planta de Pacará Pintado y, en consecuencia, reasignó el dinero del Pgrisu. “Cuando llegó la plata, armé un proyecto para que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable me autorizara a gastarla en una máquina compactadora de residuos plásticos. La Secretaría efectivamente me autorizó y yo compré la máquina, que costó $ 270.000 y fue inaugurada hace un año por el actual intendente. Están todas las facturas y yo presenté todos los papeles”, argumentó el ex intendente de Lules.
Por su parte, Orellana también se había defendido de lo que considera un “procesamiento incorrecto”. El ex intendente de Famillá relató que recibió entre $ 6 millones y $ 8 millones para construir una planta de tratamiento de residuos. “La planta fue licitada y aprobada por los organismos nacionales, que enviaron los fondos en varias entregas, después de controlar cada avance parcial. La planta hoy está terminada y cumple un rol importante en Famaillá. Estoy tranquilo porque la Justicia deberá sobreseerme, ya que no hay nada que acredite la denuncia”, manifestó Orellana.
