El Presupuesto 2020 incluirá recortes en distintas áreas de gasto del Estado para asegurar el cumplimiento de la meta de superávit acordada con el Fondo Monetario Internacional, que deberá ser para el año próximo de 1% del Producto Bruto. Subsidios a tarifas de energía y transporte, vivienda, transferencias a provincias y distintos programas sociales serán algunas de los rubros que tendrán mayores ajustes, de acuerdo al proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se presentó este lunes en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y explicó los fundamentos del proyecto de ley. Uno de los aspectos decisivos de la iniciativa es la continuidad en 2020 de la austeridad fiscal por la cual, este año, el Estado terminará con un déficit primario -la diferencia entre ingresos y gastos-, cercana a cero.
El documento completo que el oficialismo envió al parlamento, y al que TN.com.ar tuvo acceso, explica que el ajuste necesario para alcanzar la meta de 2020, que será de superávit, es equivalente a 1,7% del PBI. Será un número muy similar al 1,8% del Producto que necesitó recortar el Gobierno a lo largo de este año.
Hacienda detalló que las podas en el gasto público estarán repartidas en cinco áreas. La principal es la de subsidios económicos, que incluye tanto las subvenciones a las tarifas de energía como a las detransporte púbico. En ese sentido, de acuerdo a las planillas oficiales, los fondos para subsidios tendrán un incremento nominal de 5,4%. Esta cifra no tiene en cuenta la inflación proyectada para 2020 –43,1% en promedio según el Presupuesto-, por lo que en términos reales el recorte sería cercano al 37%.
En este contexto, el dinero que el Estado destina a las boletas de energía contarían con un ajuste mayor, por 38,6%. En total, habrá unos $397.000 millones para ese fin. Respecto a los subsidios al transporte, Hacienda prevé una partida cercana a los $121.000 millones. El Gobierno anunció en los últimos meses un congelamiento de las actualizaciones tarifas hasta el año próximo.
Según el Palacio de Hacienda, los menores envíos para subsidios a la energía estarán explicados por “menores compras de combustibles importados, una mayor oferta local que permitirá reducir los precios de generación y el recupero de deudas pendientes con distribuidoras”.
En segundo lugar, habrá recortes en gastos de capital, que son aquellos que se destinan principalmente a obras públicas y mejoras de infraestructura. En ese sentido, los fondos para vivienda tendrán una caída nominal de 12,8%. Poniendo en consideración la evolución inflacionaria, en definitiva el ajuste será más cercano al 56%. Por otra parte, en los casos de educación y agua potable los recortes serán de 36% y 31%, respectivamente.
Otra parte de los ingresos necesarios para alcanzar el superávit provendrá, de acuerdo al proyecto de ley, de una menor cantidad de transferencias directas a las provincias, aunque se vería compensada por la devolución de 3 puntos porcentuales de coparticipación que hasta 2016 la Nación desviaba desde la caja a los gobernadores hacia Anses.
Los gastos operativos del Estado también tendrán un ajuste, que representará 0,2% del PBI. Los fondos para actos electorales sería recortado casi en su totalidad, mientras que las erogaciones paramedicamentos y alimentos tendrían un aumento de 48,7% y de 56%, respectivamente. En ambos casos están por encima de la suba de precios prevista.
Por último, habrá una poda en las partidas consideradas como “otros programas” sociales. En esos item se incluyen, entre otras iniciativas, las Becas Progresar y Argentina Trabaja. La diferencia nominal entre lo que recibieron en 2019 y 2020 será de 19,2%. En términos reales, con inflación incluida, implicará un ajuste de casi 24%.
Simultáneamente, Hacienda prevé un crecimiento de los ingresos que tendrá el Estado a través de la recaudación de impuestos. Entre los tributos habituales -IVA, Ganancias, impuesto al cheque- y los recursos considerados “no tributarios” -por ejemplo, aquellas ganancias que obtiene el sector público por inversiones financieras o la venta de activos estatales-, representará un 0,4% del 1% del PBI de superávit proyectado.
El proyecto de Presupuesto consideró que, en relación a los recortes hechos en el último año, el “esfuerzo fiscal” debería ser menor en los próximos años debido a que la economía podría comenzar a recuperarse y que la exposición a shocks externos que corten el financiamiento del Estado tendrían que caer.
“Sostener (el ajuste fiscal) en un marco en el cual la economía retornaría al crecimiento, implica mirando más allá de 2020 ingresar en una etapa donde el esfuerzo fiscal será más moderado y con menor riesgo de restricción externa. El déficit dejará de ser uno de los principales factores que explican la persistencia de la inflación. Y, una vez consolidado el equilibrio, habrá más espacio para avanzar en reducciones de la carga tributaria”, concluyó Hacienda.
