Una nueva jornada de protestas piqueteras tiene lugar este miércoles en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Con reclamos dirigidos directamente a Sergio Massa, las organizaciones sociales de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera no fueron recibidos por el ministro de Economía y acamparán hasta mañana en Plaza de Mayo si no obtienen respuestas por parte de los funcionarios del Palacio de Hacienda.
Los representantes de las agrupaciones que desde temprano confluyeron frente a Casa Rosada, fueron recibidos pasadas las 14 por el director de asuntos institucionales de la cartera económica, pero indicaron que no obtuvieron respuestas a los reclamos. Por esa razón, una columna decidió trasladarse a las puertas del Ministerio del Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio, donde ahora piden una reunión con el ministro Juan Zabaleta.
En Desarrollo Social anticipan que habrá encuentro con el ministro el 24 de agosto.
“Pasada una semana de la asunción de Massa como superministro, no hay una sola medida para aquellos que somos los mas afectados por el ajuste”, sostuvieron desde el Polo Obrero, la organización encabezada por el dirigente Eduardo Belliboni, que acusan al ministro de que tener “superpoderes” solo para “aplicar una política de ajuste al servicio del pacto con el FMI y el enriquecimiento de la clase empresarial”.
“Hace 20 días le planteamos a Batakis que queríamos una reunión, vino otro ministro, le entregamos una carta. Vinimos a Desarrollo Social. Nos recibió un funcionario de tercera línea. No está el ministro. Hay un recorte en la partida de los alimentos, no tenemos respuesta”, advirtió Silvia Saravia, antes de la votación en la que las organizaciones votaron acampar al menos hasta este jueves.
En ese sentido, los referentes piqueteros aseguran que tanto Massa como antes Martín Guzmán y Silvina Batakis, “solo le hablan a los bancos y a los mercados”. Y recordaron que mañana se anunciará “una inflación escandalosa”, al vaticinar que el porcentaje de la suba de precios en alimentos “superara los dos dígitos”.
“Eso bajará a la línea de pobreza a más del 50% de la población trabajadora. El ajuste esta llegando a los compañeros que están desocupados y ni siquiera tienen un programa social que los ayude a poner un plato de comida en la mesa”, alertaron.
La Unidad Piquetera solicita una actualización en los montos de los programas como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, un incremento del salario mínimo y un bono de emergencia de $20.000. Además, reclaman más comida para los comedores y merenderos populares, y exigen “que se cumpla con la entrega de las herramientas y maquinarias prometidas para más de tres mil emprendimientos”.
Protestas en Jujuy
A la par de la movilización en el centro porteño, un amplio abanico de organizaciones sociales, desde la izquierda hasta aquellas que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), protagonizó este miércoles una marcha en San Salvador de Jujuy para exigir que el gobierno del radical Gerardo Morales “cese con la persecución y criminalización de la protesta social” y “se restablezca la paz democrática y el Estado de derecho en la provincia”.
“Lamentablemente, hoy no están garantizadas las libertades democráticas en esta provincia donde los hechos que están ocurriendo nos remiten a la época más oscura de la dictadura militar”, denunció la dirigente del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez, quien viajó a esa provincia del norte argentino junto a otros integrantes de la UTEP.
La semana pasada, en el marco de la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Jujuy que tuvo lugar en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, el dirigente social Juan Grabois se refirió al gobernador Morales al señalar que “garantizar el saqueo, el despojo y la dominación geopolítica son los tres elementos que explican por qué Jujuy es el laboratorio de la represión, por qué hay un señor que asumió la suma del poder público de manera totalmente impune”.
En ese sentido, Grabois indicó que “las violaciones a los derechos humanos no podrían suceder sin el pacto de poder que mantiene Morales con el PJ de Jujuy”. Y pidió el tratamiento del proyecto de ley que plantea la intervención del Poder Judicial de esa provincia, al tiempo que instó a instituciones del Estado a que presenten la denuncia por delitos federales relevados en el informe, en el que figuran supuestas detenciones arbitrarias y torturas.
”Si el Estado nacional está de acuerdo en que hubo violaciones a los Derechos Humanos y se violó la ley de Seguridad Interior, ¿por qué no puede ser el Estado nacional el que denuncie? Si no, que quede claro que hay una decisión política de no presentarla, de no defender con la firma lo que se dice con el pico”, aseveró.
