El kirchnerismo insiste en el deseo de contar con algún tipo de regulación destinada a intervenir sobre la línea editorial de los medios. No lo plantearían ya como un proyecto concreto sobre regulación de comentarios ofensivos sino, aparentemente, como una norma restrictiva sobre publicidad oficial.
Ningún concepto de los que desplegaron en estos días de conmoción supera a este, absolutamente reñido con el precepto constitucional sobre la libertad de expresión. Por eso, no debemos distraernos. La libertad de expresión y la libertad de ciudadanos y periodistas para expresar cualquier idea u opinión política, se vuelve a poner en riesgo.
Cualquier instrumento que se intente aplicar para ejercer censura, ya sea a través de regulaciones dirigidas a restringir el derecho de expresión por vías indirectas, como el reparto arbitrario de publicidad oficial, o bien a través de leyes para limitar contenidos en redes sociales, bajo una supuesta “persecución del odio”, sería inconstitucional y antidemocrática.
Es repudiable que utilicen un hecho condenado por toda la sociedad, como fue el atentado aún no esclarecido hacia la vicepresidenta para volver a emprender como lo hicieron desde el año 2008 contra medios y periodistas. Lejos parecen quedar las consignas que desplegaban al sancionar la ley de medios sobre la pluralidad de voces.
Al parecer desde la Casa Rosada se pretende hegemonía absoluta para que la “conversación colectiva” se establezca solo entre los que sostienen su ideario. Nada más fascista y antidemocrático que negar la voz a otros, debilitando la posibilidad de contar con un debate público robusto.
Justamente, un debate público que sea sin cortapisas y donde la libertad de decir, opinar y pensar no esté permanentemente apuntada. Es por ello que cabe pensar qué debilitada resulta una democracia, si los funcionarios hablan de balas y armas cargadas para referirse a la prensa independiente.
