En los últimos cuatro años hubo de todo: propuestas del oficialismo y de la oposición, planteos de entidades profesionales y hasta actividades académicas de estudiantes. Sin embargo, a 96 días de que finalice la actual composición del Poder Legislativo, todo parece indicar que el debate sobre el acceso a la información pública y la ética pública quedará en manos de los futuros representantes del pueblo.
¿Existe alguna posibilidad de que estos temas sean abordados antes del 26 de octubre, cuando deberían prestar juramento los nuevos legisladores? “Ese tema está presentado y está latente en todas las reuniones de Labor Parlamentaria. Pero es una cuestión de que los bloques, por mayoría, definan incorporarlo o no al temario. No se puede decir si lo va a sacar (como ley) esta o la próxima Legislatura”, le explicó a LA GACETA el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.
El presidente subrogante de la Cámara, Fernando Juri (PJ), se había referido a la cuestión en una entrevista con “Buen Día”, el matutino de LG Play. Cuando se le planteó la falta de apertura a ciertos datos, como la cantidad de asesores que tienen los legisladores, el oficialista reconoció: “el acceso a la información pública es una materia pendiente que tenemos”. Aclaró que “los asesores y los empleados que tiene un legislador están bancarizados”. Ante otra consulta, esta vez con respecto a los reclamos de la oposición por los datos del personal, Juri remarcó: “sin entrar en polémicas, en ese caso deberían dar el primer paso los legisladores de la oposición; que muestren quiénes son sus asesores”.
Propuestas
La actual composición legislativa aportó al menos una decena de proyectos relativos a la transparencia en la gestión pública. La mayoría prevé la adhesión a las leyes nacionales vigentes de Acceso a la Información y de Ética en la gestión estatal. Otros proponen sistemas alternativos. Pero ninguno llegó a ser abordado en las comisiones internas.
En septiembre de 2016, tras la promulgación de la ley nacional, el gobernador Juan Manzur afirmó que la Provincia iba a adherir a ese régimen de acceso a la información pública. Dos meses después, el entonces secretario de la Gobernación (hoy diputado) Pablo Yedlin confirmó esa postura. “Pero nos entusiasma más armar una (norma) propia, que sea más ambiciosa”, dijo.
Este año, al margen de los proyectos de legisladores, el Colegio de Abogados -en febrero- y alumnos de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNT -en mayo- formularon pedidos a la Legislatura para que se avance con esos debates. Por ahora, son una “materia pendiente”.
