Mientras negociaba con el FMI la letra chica del acuerdo que se anunció sobre finales de agosto, el equipo económico comandado por Sergio Massa convalidaba un incremento en los subsidios a la energía, una de las principales cuentas que el organismo multilateral pide recortar.
De acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), los gastos totales de la administración pública crecieron 15,9% en agosto de 2023 en comparación con el mismo período del año pasado y los subsidios energéticos explicaron, en buena parte, ese desempeño.
En su informe de ejecución presupuestaria, ASAP detalló que, dentro de los gastos corrientes, resultó determinante el comportamiento de las jubilaciones y pensiones (que mostraron una caída de 5,7% intaranual en agosto), que representan aproximadamente el 40% del gasto primario.
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“Por su parte, las transferencias corrientes, que concentran una proporción similar del gasto, mostraron en agosto un aumento del 18,4% interanual ajustado por inflación, impulsadas por el incremento de los subsidios a la energía, por mayores transferencias a universidades y por el aumento de otras partidas con destino social”, destacó ASAP.
Entre las transferencias corrientes, los subsidios económicos (energía y transporte, principalmente) son una de las principales partidas. El mes pasado, ese rubro aumentó 10,3% ajustado por inflación. De todos modos, se redujeron 14% real en el acumulado de los primeros ocho meses del año. “Aquellos dirigidos al sector de la energía, que concentraron en el 2023 el 72% del total de los subsidios, crecieron un 2,9% en agosto ajustados por inflación (aunque caen 21,3% en lo que va del año)”, detalló ASAP.
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En particular, la administración nacional giró $250.000 millones (-7,3% respecto a 2022 ajustado por inflación) a CAMMESA para cubrir la diferencia entre el costo de la energía y el precio abonado por los usuarios del servicio eléctrico. Además, transfirió $31.500 millones a Enarsa, por costos relacionados con la importación del gas.
El pedido del FMI
En la letra chica del acuerdo que la Argentina firmó con el FMI, el organismo advirtió que sería fundamental mantener la disciplina fiscal y cumplir con el objetivo de déficit, que se mantuvo en 1,9%.
Para llegar a esa meta, la entidad pidió un nuevo ajuste de tarifas que alcance no solamente a los sectores de altos ingresos, sino también a los de medios y bajos, así como a los usuarios comerciales. La suba de tarifas responde al incremento de los costos de producción en dólares de la electricidad debido a la devaluación.
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“Las autoridades anunciarán su decisión (acción previa) de ajustar los precios de la electricidad mediante la emisión de una resolución (propuesta para finales de agosto de 2023) a partir del 1° de septiembre, para usuarios residenciales de ingresos bajos y medios, así como para usuarios comerciales más pequeños (en línea con la legislación establecida y los objetivos acordados de recuperación de costes)”, había anticipado el FMI.
En esa línea, la secretaria de Energía, Flavia Royón, había reconocido que estaban evaluando un alza de alrededor de 10% en las tarifas, aunque restaba definir a qué usuarios alcanzaría. Sin embargo, el Gobierno todavía no avanzó en la suba de tarifas. Como publicó TN, en el Ejecutivo piensan en apelar a una táctica dilatoria, que consiste en demorar la decisión mientras convoca a las audiencias públicas para autorizar los incrementos.
