Mañana se cumplirá un año desde que el 10 de diciembre del 2019 el gobierno de Alberto Fernández asumió formalmente el poder. El balance no podría ser más deficitario en materia institucional y más superavitario para mal en lo que hace a los retrocesos evidentes que sufrió el país. Claramente, existe ausencia de un plan de gobierno, lo cual quedó explícito en el marco del mal manejo de la pandemia de coronavirus.
Cabe recordar que en un principio, desde el propio oficialismo decían que no llegaría, y que en todo caso era menos grave que una gripe. Pero de golpe la teníamos encima, y fue entonces que nos ordenaron una cuarentena enorme, rígida, en la que faltó planificación del gobierno. En ese sentido, los argentinos la pasaron mal, preocupados por sus trabajos, la educación de sus hijos y hasta por su vida personal. Sin embargo, jamás esto fue inquietud del oficialismo.
Para colmo, en el marco del aislamiento social, se produjo un enorme deterioro institucional del sistema republicano, los graves ataques contra la propiedad privada y el retroceso en seguridad y lucha contra las mafias. Al mismo tiempo, los resultados fueron desastrosos en materia sanitaria y económica, con el cierre de comercios, Pymes, pérdida de empleos y ni hablar de un pasivo educativo inestimable para millones de chicos.
Como si esto fuera poco, ahora el Gobierno reitera prácticas del pasado, tales como látigo y chequera para disciplinar y desfinanciar provincias que son gobernadas por signos diferentes al oficialismo, poniendo en jaque el federalismo. Además, busca cambiar las reglas electorales a meses de las elecciones legislativas con el único fin de ganar tiempo y también apuntar a que afloren las internas en la oposición haciéndole más fáciles las cosas.
Cabe mencionar también el avasallamiento de las instituciones mediante la reforma judicial, la modificación de mayorías calificadas para designar un Procurador afín y los traslados de los jueces que investigaron a Cristina Kirchner con los que sólo buscan la impunidad. Ni hablar de la inseguridad jurídica y la violación de la propiedad privada que comenzó con la expropiación de Vicentín, que por suerte frustraron miles de argentinos que se movilizaron.
Pero además, es necesario recordar que debido a las medidas implementadas en el marco de un entorno macroeconómico que desincentiva la inversión, se produjo la huida de varias empresas junto con la pérdida de miles de puestos de trabajo genuino. Todo esto quiebra la posibilidad de una recuperación basada en la inversión privada y la producción en medio de una situación social alarmante.
Y es que mientras la pobreza afecta al 64% de los niños y al 70% de los adultos mayores, el Gobierno decidió ajustar a los jubilados y eliminar el IFE, afectando a los más vulnerables. Sin mencionar que en medio de la pandemia, el Gobierno divide en lugar de unir a los argentinos. Cabe preguntarse entonces si en lo que queda del mandato de Alberto Fernández se chocará con el iceberg o si se doblará a tiempo, siempre y cuando no sea ya demasiado tarde.
