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Asesinos y violadores figuran entre los presos que serían beneficiados

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Abusadores sexuales, secuestradores, homicidas y el jefe de una banda de rompehuesos figuran en los tres listados de 662 presos detenidos en los distintos penales y comisarías bonaerenses que podrían ser beneficiados con prisiones domiciliarias.

Frente a la pandemia de coronavirus, el Tribunal de Casación Penal bonaerense aceptó una acción de ha beas c orpus colectivo presentada por los defensores oficiales de los 17 departamentos judiciales de la provincia para resguardar la integridad física de los detenidos que corren riesgo de vida en caso de ser contagiados por la eventual propagación del Covid-19 en los penales, donde no existe la capacidad de aislamiento para aquellos internos que se enfermen, debido a las condiciones de hacinamiento.

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Para elaborar el listado de presos que podrían ser beneficiados con la prisión domiciliario, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que depende del Ministerio de Justicia provincial, tuvo en cuenta que los detenidos fueran mayores de 60 años, que tuvieran enfermedades oncológicas, que estuvieran inmunosuprimidos o con patologías cardíacas severas, además de considerarse la situación de madres y embarazadas.

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Hasta el momento, se confeccionaron tres listados, en los que figuran 230 presos por delitos graves; 417 internos por hechos con penas menores de los diez años de prisión, todos ellos detenidos en cárceles bonaerenses, y 18 reclusos alojados en comisarías bonaerenses.

En esos listados figuran doce acusados y condenados por asesinatos, trece presos con procesos por abuso sexual, tres acusados de integrar bandas de secuestradores, cinco imputados por intento de homicidio, cinco procesados por extorsión y catorce reclusos con causas penales por asociación ilícita.

En los listados elaborados por el Servicio Penitenciario Bonaerense, figura Omar Obdulio Pérez Jiménez, condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral Nº 1 de San Martín por integrar una banda de secuestradores. Pérez Jiménez fue detenido en febrero de 2012 y, debido a la pandemia, luego de cumplir un tercio de la condena, podría ser beneficiado con la prisión domiciliaria. El condenado tiene 56 años y por su edad no estaría incluido en el denominado grupo de riesgo, pero fue sumado al listado porque sufre una enfermedad crónica.

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Entre los condenados y acusados por homicidios que podrían recibir el beneficio de la prisión domiciliaria figuran diez mujeres y dos hombres, de 66 y 68 años. En tanto que las mujeres corresponden a situaciones en que están detenidas con sus hijos o están embarazadas.

“La conjunción de la pandemia decretada y la necesidad de resguardar los bienes jurídicos, como la vida y la seguridad, aunado al hecho de que el público y notorio hacinamiento existente en las Unidades Penitenciarias y comisarías de la provincia, lo que impide que las personas alojadas mantengan entre sí las distancias aconsejadas para evitar el contagio, me llevan a considerar prudente hacer uso de los distintos listados aportados por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, de la provincia de Buenos Aires, a los efectos de acatar las recomendaciones de los organismos internacionales, y con el objetivo de descongestionar los centros de detención”, expresó el juez Violini, en su resolución.

Un rompehuesos, en espera

Hugo César Santos de Francisco, fue condenado por un tribunal de Mercedes a 11 años y cuatro meses de prisión por un secuestro extorsivo. Fue incluido en el listado porque tiene más de 60 años. En tanto que Hugo Alaniz Domínguez fue el tercer procesado por el mismo delito, con posibilidades de que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria. No tiene condena debido a que la instrucción de la causa en su contra lleva menos de un año.

Si bien el juez Violini es el único integrante del Tribunal de Casación que firmó la resolución, el magistrado aclaró que “he mantenido comunicaciones previas con todos mis colegas, por lo que aunque la firma del presente será solo la del suscripto, la decisión que aquí se ha plasmado fue adoptada por mayoría de opiniones”.

Hugo César Schiber fue uno de los catorce condenados por asociación ilícita que figuran en el listado de aquellos presos que podrían dejar la cárcel. Hace casi un año, el Tribunal Oral Nº 7 de San Isidro consideró que el abogado Schiber comandó una banda que hacía fracturar brazos, costillas y piernas de personas humildes para cobrar millonarias sumas de dinero y estafar a compañías de seguros.

Al dictar el veredicto, los jueces condenaron a Schiber a 18 años de prisión. Su hijo Federico, acusado de integrar la banda, huyó a Israel y tiene pedido de captura internacional. Hasta el momento, el Tribunal Oral rechazó los pedidos de prisión domiciliaria presentados por sus abogados debido a que se consideró que existía riesgo de fuga y a que podría amenazar a los testigos. Sin embargo, a partir del criterio fijado por Casación, el Servicio Penitenciario Bonaerense incluyó a Schiber en el listado porque tiene más de 60 de años.

Madres y embarazadas

“Considero en primer lugar a las personas que, conforme dichos listados y las actualizaciones que se vayan agregando, se encuentran en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, como así también a las mujeres embarazadas o madres alojadas con sus hijos en las Unidades Penitenciarias, y que se encuentran condenadas o imputadas en orden a delitos leves. En este caso, entiendo que la solución más equitativa consiste en la concesión del arresto domiciliario a las personas contenidas en dichos listados o respecto de las que se verifiquen las situaciones apuntadas, arresto que deberá aplicarse e implementarse desde los Juzgados y Tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”, se consignó en la resolución de la Cámara de Casación.

Hasta el momento, según fuentes oficiales, la mayoría de los presos que figuran en los listados siguen en su lugar de detención, debido que el relevamiento de aquellos reclusos que reunían los requisitos fijados por la resolución del máximo tribunal penal bonaerense se terminó el martes pasado y fue remitido a cada uno de los juzgados y tribunales en las últimas horas.

“Los jueces de Garantías, Correccionales y Tribunales en lo Criminal deberán evaluar de oficio las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, considerando para tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género”, expresó el magistrado Violini en su resolución.

El universo de 662 presos que podrían dejar las cárceles para seguir los procesos o cumplir lo que les queda de la condena en sus casas está dividido en tres listados. En el listado más numeroso se incluyeron 417 presos, la mayoría de ellos con condenas por narcomenudeo y venta de drogas. En el segundo listado, formado por 230 presos, figuran los condenados por delitos graves, como homicidios, secuestros extorsivos, cinco casos de intentos de asesinatos. Al menos 176, de esos 230 reclusos tienen condenas o procesos por robo agravado por el uso de armas.

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