En Tucumán, durante el transcurso del año, se han registrado siete casos en los que presuntos ladrones han perdido la vida a manos de sus víctimas. Esto representa un incremento en comparación con el mismo período del año anterior, cuando solo se contabilizaron cuatro casos.
En lo que va del 2023, se han contabilizado un total de 47 homicidios, de los cuales 11 están relacionados con situaciones de robo. Cuatro de las víctimas murieron durante los asaltos que sufrieron, mientras que una mujer perdió la vida en medio de un tiroteo. Además, un policía abatió a un joven que intentó ingresar a su hogar, y cinco sospechados de intentar cometer delitos contra la propiedad fueron ultimados por sus víctimas.
Aunque se ha producido un incremento en estos casos, la cifra se mantiene por debajo de la mayoría de los primeros semestres de los últimos años. Por ejemplo, en 2017 se registraron ocho casos, en 2018 fueron seis, en 2019 hubo 16, en 2020 se contabilizaron 13 y en 2021 fueron ocho. Además, por segundo año consecutivo, hay más presuntos ladrones muertos que víctimas de homicidios en ocasión de robo.
Dos de los casos más recientes están siendo investigados por el equipo de Homicidios, liderado por los comisarios Adrián Moreno, Miguel Carabajal y Jorge Dib, bajo la supervisión del fiscal Ignacio López Bustos. Aunque ambos casos tienen el mismo motivo, presentan diferencias en su desarrollo.
En el primer caso, ocurrido el domingo, los propietarios de la vivienda sintieron ruidos en el techo y uno de ellos, temiendo por su seguridad, se levantó y disparó a los intrusos que descubrió en su hogar. Como resultado, uno de los invasores resultó mortalmente herido.
En el segundo caso, que tuvo lugar el jueves, un joven adicto que vivía en situación de calle fue acusado de cometer dos robos en un lapso de menos de 30 minutos. Posteriormente, murió en el Hospital Padilla debido a las puñaladas que recibió. Aún no se sabe con certeza lo que sucedió en este caso.
En los registros, se observan tres factores comunes en estos casos: todas las víctimas tenían entre 19 y 29 años, sufrían graves problemas de adicción a las drogas y en cuatro de los casos las víctimas utilizaron armas de fuego. Además, solo uno de los presuntos ladrones estaba autorizado a portar armas, ya que era un policía en servicio.
De los siete casos, solo en dos la Justicia ha procesado a los responsables por homicidio, aunque aún se desconoce qué sucederá con el último caso. En los otros cuatro casos, los autores no fueron acusados de homicidio doloso. Uno de ellos fue acusado de homicidio culposo, a otro no se le presentaron cargos y a los dos restantes solo se les acusó de posesión de armas sin autorización.
El fiscal López Bustos consideró una sección del artículo 34 del Código Penal que establece que se puede entender como legítima defensa cuando alguien rechaza el intento de escalamiento o fractura de su vivienda durante la noche, sin importar el daño causado al agresor. También se aplica cuando se encuentra a un extraño dentro del hogar, siempre y cuando haya resistencia.
Patricio Char representa a la familia de Gonzalo Sebastian González, el joven que falleció tras resultar herido en un incidente confuso ocurrido el año pasado. “En 24 horas, la Fiscalía determinó que se trataba de un incidente en el que se había evitado un robo y decidió no presentar cargos contra el oficial. La investigación reveló posteriormente que el policía interpretó erróneamente que se trataba de un robo cuando en realidad eran dos jóvenes discutiendo”, opinó Char, quien continúa litigando el caso.
“Evidentemente, hay una política criminal que respalda la Doctrina Chocobar y que lleva a la gente a buscar lo que se llama justicia por mano propia. No estoy de acuerdo, estos casos deben ser llevados a juicio. Es una situación complicada que deja a los habitantes de Tucumán al borde de la ley de la selva”, agregó.
“Todo lo que estamos experimentando es un reflejo fiel de cómo los ciudadanos responden ante la ola de inseguridad. Ante la duda de enfrentarse a un delincuente armado, las víctimas no corren riesgos y defienden a su familia, su vida y sus propiedades. Esto demuestra que las personas están dispuestas a matar y están más decididas frente a un peligro potencial”, expresó el abogado Aníbal Paz.
Su colega Víctor Padilla añadió: “No deja de ser alarmante que se registre una muerte de estas características cada mes. Esto no hace más que reflejar el problema de inseguridad que estamos enfrentando y que debe ser abordado de manera urgente”.
A su turno, José del Río señaló: “Primero, debemos reconocer que el aumento de esta actividad está directamente relacionado con el incremento de los robos, ya sea en viviendas o en la vía pública”. “Creo que la sociedad debe ser educada para actuar con prudencia, porque de lo contrario podría haber excesos que traspasen la delgada línea entre la legítima defensa y un delito injustificado. El exceso está al acecho si no se ejerce una acción defensiva adecuada y proporcionada”, agregó.
“No puede vivir en paz desde aquella fatídica madrugada”, afirmó Javier Lobo Aragón, defensor de Andrés Sauma, un carnicero que mató a un joven en el interior de una casa que no era suya. En abril, un vecino le informó sobre la presencia de desconocidos en la propiedad. Junto a su esposa, se subieron a su camioneta y se dirigieron al lugar. Al percatarse de la presencia de los intrusos, golpeó la puerta para ahuyentarlos, pero al parecer intentaron atacarlo, lo que llevó a Sauma a realizar varios disparos que resultaron en la muerte de uno de ellos.
La auxiliar Luz Becerra, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Sale, lo acusó de homicidio culposo y recuperó la libertad. “Ahora vive preso del miedo. Tiene consigna policial desde el mismo día del hecho porque sufrió varios ataques por parte de los allegados y amigos del fallecido”, explicó Lobo Aragón.
El profesional dijo que, a pesar de que los ataques fueron disminuyendo, el temor no desapareció. “Estas personas balearon y prendieron fuego en varias oportunidades el frente del domicilio. Para seguridad suya y de todos los vecinos, ofreció instalar una garita en la cuadra, pero le dijeron que no. Actualmente tiene que pedir consigna policial para dejar materiales en la vivienda que está refaccionando”, finalizó.
