Diez días desde el asesinato de Luis Espinoza tuvieron que pasar para que el silencio que guardó el gobernador Juan Manzur lo aturdiera y tuviera que referirse a lo sucedido. Y es que el Gobierno de Tucumán, con el mandatario provincial a la cabeza, se desentendieron de brutal secuestro y asesinato que cometió la Policía local. Desde que la noticia comenzó a trascender, los objetivos fueron dos. El primero de ellos pasó por ocultar la responsabilidad del Gobierno mientras que el segundo pasó por negar la sistematicidad represiva propia del Estado tucumano.
“Hay que caerle con todo el peso de la ley a todos aquellos que hayan cometido el delito o sido participes del asesinato. Tienen que ser juzgados y condenados”, manifestó luego del Tedeum por el 25 de Mayo. Sin embargo, fueron manifestaciones que fueron en contra de los hechos. Porque desde el comienzo la administración provincial intentó hacer ver el crimen de Luis Espinoza como un homicidio cualquiera. Cuando, en realidad, un acto propio de la dictadura fue lo que tuvo lugar en Simoca, donde hasta el cuerpo fue desaparecido.
El juez de instrucción, Mario Velázquez, dejó en off side a Manzur cuando aseguró a medios nacionales que el caso Espinoza “tiene todos los condimentos de la época más atroz de nuestra historia en manos del terrorismo de Estado”. No es casualidad que, tal como se mostró ayer en Tucumán Despierta, hasta la fecha la causa sigue caratulada como “desaparición forzoza agravada”. Mientras lo sucedido trascendía las fronteras locales, en Tucumán, los funcionarios del área de seguridad mantuvieron un silencio cómplice.
En ese marco, no fue más que un acting de pan y circo al estilo del Coliseo romano lo realizado por el ministro de Seguridad provincial, Claudio Maley. Con la Legislatura como escenario de la vergüenza, no tuvieron pudor en montar una pantomima. Y es que, así como el asesinato de Luis Espinoza tiene a la Policía como responsable material y al Estado como responsable institucional, Maley es el responsable político del crimen. Sin embargo, salió airoso del informe que brindó ante unos pocos legisladores presentes.
Cabe recordar que el encuentro se desarrolló a puertas cerradas. las declaraciones vertidas luego a la prensa por el ministro Maley, “Tenemos policías buenos y también tenemos algunos que no son tan buenos”, Maley quien pidió no generalizar ni confundir institución con individuos. De forma cínica, dijo que el asesinato de Luis Espinoza “lastimó a la institución policial”.
Luego, el propio Manzur respaldó al ministro y dijo que “es una persona de bien, que trabaja. No creo que deba renunciar. No he pensado en cambiarlo”. Crímenes como el perpetrado no pueden darse sin el amparo de la complicidad del poder político y judicial. Asimismo, juega un papel importante el accionar de la ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán, Carolina Vargas Aignasse. No solo no cuestionó a Maley, sino que formó parte de la farsa que fue la reunión que éste organizó para recibir a los familiares de Luis Espinoza.
La funcionaria realiza declaraciones en cuanta oportunidad tiene de aparecer en los medios para hablar de obra que nada tienen que ver con su área. Pero en esta ocasión dejó que secretarios del sector que conduce se expresen respaldando a la Policía como institución. Tanto o más llamativo resultó el silencio de la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Érica Brunotto. Apenas una escueta publicación en Twitter realizó con un tono neutro absolutamente inconsistente con el tenor del crimen perpetrado por el Estado del cual ella es funcionaria de un área sensible como la que representa.
“Frente a los hechos de público conocimiento” dijo, sin hacer mención alguna a la desaparición y asesinato cometido por los miembros de la Policía de Tucumán. En esa línea, pidió que “la Justicia debe determinar cuáles fueron los hechos que afectaron su integridad física y le provocaron la muerte”, como si desconociera lo que pasó en realidad. También, pidió “sancionar a los responsables”, sin hacer mención en ningún momento a la decena de oficiales que formaron parte de este crimen de Estado.
En lo que fue una defensa tácita a Claudio Maley y Carolina Vargas Aignasse, Érica Brunotto manifestó hace unos días que desde el organismo que conduce “hemos manifestado nuestro acompañamiento a la familia y nos hemos puesto a disposición. También lo ha hecho el Ministerio de Seguridad”. Incluso, se permitió decir que se haga justicia solo “si están demostrados todos los hechos”. Que el silencio de las autoridades aturda a quienes deben responder política y penalmente por el secuestro y asesinato de Luis Espinoza.
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