Cuando dijeron que volvían mejores, se olvidaron de decir mejores para qué. Y es que el Gobierno asienta un grave antecedente de cara a lo que viene con la expropiación de Vicentin. La empresa cerealera en manos del Estado sólo puede lograrse de forma compulsiva en medio de una pandemia que da lugar a un continuo estado de excepción que impone una forma de gobierno peligrosa. Y es que, a diferencia del pasado, se obvia al Congreso y directamente por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se permite intervenir en una compañía importante.
La gravedad de lo sucedido queda registrada en un accionar que empalma con la conducta de los tiburones que cuando huelen sangre se convierten en una máquina depredadora. Y es eso justamente lo que Alberto Fernández pretende hacer, porque se aprovecha de una empresa caída en desgracia por malos manejos financieros. Lo peor del caso, es que ni siquiera la Justicia determinó el destino de Vicentin, quien se encuentra en litigio por la fortuna que debe al Banco Nación y a otras entidades crediticias.
Pero no solo el Gobierno se aprovecha de una empresa privada que está en pésimo estado, el carancheo no se detiene allí. Sino que, también, pasa por encima de la Justicia al decidir intervenir por decreto a Vicentin, en una clara acción inconstitucional. Esto se debe a que solo un juez está en condiciones de decidir algo por el estilo. Pero claro, el Poder Judicial extiende la feria al unísono de la cuarentena y hace oídos sordos ante el avance de Alberto Fernández sobre la propiedad privada de los argentinos.
La idea de defender la llamada “soberanía alimentaria” queda desbaratada en un país que exporta una materia prima que los argentinos no usan para comer. Es apenas el sueño húmedo que alberga la agrupación La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, hijo de la dueña de la idea de quedarse con Vicentin. Entre gallos y medianoches, Cristina Kirchner y Alberto Fernández le dieron rienda suelta a la voracidad estatizadora del kirchnerismo, un aspecto que está en el ADN de este movimiento.
Así, Alberto Fernández se descubre como un mentiroso ante sus interlocutores. Esto se debe a que la semana pasada, les juró a los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA), que solo eran “ideas locas” las de ir por las empresas privadas. Y es que el estado ciertamente otorgó dinero a muchas compañías para intentar salvarlas en medio de las consecuencias económicas de la pandemia por coronavirus. No pasaron ni cinco días que la confiscación de la empresa privada tuvo lugar.
¿Por qué conformarse con poseer parte de las acciones, como propuso Fernanda Vallejos, cuando se puede ir por la totalidad de la compañía? Parece ser que esa idea envalentonó a Alberto Fernández que decidió en un abrir y cerrar de ojos avanzar por algo que no le pertenece. Deja asentado, de esta manera, un grave precedente hacia el futuro. ¿Qué pasará con las cientas de empresas que están en una mala situación a causa de la pandemia? ¿También sucumbirán ante la avanzada kirchnerista?
Así lo hacía en Venezuela Hugo Chávez, en el marco de una absoluta falta de garantías y llevándose puesta a la mismísima Constitución que resguarda la propiedad privada de cada habitante. Sin embargo, el Estado pretender hacer comunitarios los bienes que son privados. “El peronismo es capitalista”, aseguró Alberto Fernández a los hombres de negocios que lo visitaron la semana pasada. Pero el instinto populista de la coalición gobernante parece ir en otra dirección diferente. El agravante es que el mundo financiero compuesta por los acreedores privados ven con malos ojos esta decisión.
Por un lado, ¿cómo convencerlos de que el país no puede pagar sus deudas cuando pretende comprar una enorme empresa privada? ¿Pero, sobre todo, qué ánimos podrán tener los inversores de traer aquí sus dólares cuando la falta de seguridad jurídica y la confiscación de bienes son moneda corriente? No en vano, el mercado tomó mal esta medida y se evidencia en la caída del valor de las acciones de compañías privadas argentinas, como se vio en Wall Street en los últimos días.
Además, la sociedad parece haber despertado de su letargo pandémico y se hizo escuchar anoche por medio de un fuerte y masivo cacerolazo en repudio de la intervención en Vicentin. Ya la noche anterior, familiares de trabajadores de la empresa hicieron un banderazo a modo de abrazo simbólico de la compañía. Y es que el temo se apodera de todos cuando observan que esto solo puede ser el comienzo de algo más grave. Del inicio de un modo chavista de llevar adelante un plan de expansión que avasalle las libertades individuales y la propiedad privada. Este jueves, Alberto Fernández mantendrá una reunión con el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli. ¿Dará marcha atrás o redoblará la apuesta? Como en una especia de juego de truco, la jugada le puede salir mal al presidente que dilapidó porcentajes de la imagen positiva que recogió en medio de la pandemia. La cual amenaza vidas pero que no es la única. Porque la amenaza que se cierne sobre la sociedad argentina es un fantasma que recorre el país intentando cristalizar el “vamos por todo” que quedó pendiente por parte del kirchnerismo.
