Un nuevo papelón pasó el kirchnerismo. El profesor de la carrera de abogacía reprobó. El presidente Alberto Fernández, que siempre recuerda que da clases en la Facultad de Derecho sacó un reprobado en una materia clave: Constitucional. Y como si fuera poco, el tribunal examinador le dijo no sólo que pasó por encima el sistema federal, sino que, además, el examen está flojo de argumentos.
El fallo tuvo otro efecto, quizá, no buscado: el político. No es difícil entender que los ganadores son los alumnos que mantendrán el esquema semipresencial, pero no hay que ser avezado en el análisis para entender que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió fortalecido. Se lo veía cómodo, de remera negra, en la conferencia con sus ministros cuando anunció que se mantiene el mismo cronograma en las aulas.
La situación plantea otro interrogante: ¿Podrá el gobierno bonaerense mantener la decisión de cerrar las escuelas pese a que al otro lado de la General Paz se revirtió la medida? Por ahora, preguntas. Se sabe que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no sólo que está de acuerdo con frenar la presencialidad sino que fue uno de los mentores de la medida, incluso frente a posturas críticas de varios intendentes.
La presión será distinta para el mandatario a partir de la sentencia. La justicia porteña marcó dos cuestiones fundamentales en el fallo que resolvió mantener las aulas abiertas pese a la decisión presidencial de ponerle un cartel de “cerrado hasta nuevo aviso”. La primera, se adentró en la autonomía de la Ciudad y en la procedencia de este tipo de recursos. Pero todavía hay más.
La segunda consideró que una medida extrema como suspender las clases requiere un andamiaje de causas, estadísticas y motivaciones que fundamenten ese estado de excepción. Apenas se conoció el fallo surgieron varias cuestiones. ¿Cómo es que no se espera a la Corte Suprema que es dónde recurrió la Ciudad? El punto es que, para atacar constitucionalmente el decreto de Fernández, el tribunal supremo es el único que puede entender.
Ya que los conflictos entre dos estados solo se dirimen en la cúspide del Poder Judicial. Eso es lo que hizo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. No hubo novedades sobre ese planteo. Pero un grupo de padres o una fundación, en este caso, consideraron que el derecho a la educación es el que está afectado, recurrieron a la justicia local. En esta causa es donde se resolvió la cuestión.
Será ahora momento de otras presentaciones para saber si la justicia local puede o no tomar cartas en el asunto. En medio, ni más ni menos que la educación primaria y secundaria. Y la autonomía porteña, que si bien fue recortada por la ley Cafiero en 1995, mantiene las escuelas dentro de su gestión. Algo que luce obvio, más aún para un profesor de derecho como el presidente.
