Las expectativas de los empresarios del transporte público provincial están puestas en la respuesta del Gobierno provincial. El paro de los choferes de colectivos lleva más de una semana, en reclamo por el pago del sueldo de abril.
“Nos reunimos junto al ministro de Seguridad (Claudio Maley) -de su cartera depende la Secretaría de Transporte- y de Gobierno (Carolina Vargas Aignasse). Pudimos plantearles nuestras necesidades imperiosas en el sector y se dejaron algunas propuestas arriba de la mesa”, explicó lacónico Jorge Berretta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
El transporte público de colectivos estuvo paralizado hasta en 19 provincias en el momento más crítico del conflicto, por falta de pago de los salarios. A nivel nacional, las empresas del interior del país reclaman asistencia financiera extraordinaria para hacer frente a la caída en la recaudación, que oscila entre el 85% y el 90%.
Berretta agregó que ya se depositaron en la Provincia los fondos de los subsidios nacionales ($ 152 millones). Los empresarios afirman que esos montos, sumados a los fondos provinciales ($ 82 millones), alcanzan para abonar el 50% del sueldo de los 4.000 trabajadores del sector.
Gerardo Ingaramo, vicepresidente de la federación que nuclea a las cámaras empresarias de las provincias, había planteado que en el interior, los subsidios significan hasta un 35% de los ingresos de las firmas, mientras que el 65% restante corresponde a la recaudación por corte de boleto. “Con la caída abrupta en la recaudación, no podemos sostener el servicio. Estamos virtualmente quebrados”, había informado.
En simultáneo con el conflicto en el transporte público, los propietarios de taxis organizaron una marcha el martes al mediodía que se detuvo frente al Concejo.
“Nos tienen pendientes los pedidos de aumento de tarifa del año pasado, entre otros puntos. Nuestra actividad está asfixiada, solicitamos otra tarifa para hacer frente a la compra de repuestos que está dolarizada”, comentó Antonio “Chavo” Rodríguez, titular de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera (Atiat).
Los taxistas presentaron un petitorio ante el concejal peronista Ernesto Nagle, que integra la comisión de Transporte. Entre otros puntos, solicitan una suba de tarifa, retrasar los plazos de controles vehiculares y prolongar la vida útil de los coches, que por ley no puede extenderse más de 10 años.
El último ajuste en la bajada de bandera y en la ficha cada 100 metros se otorgó hace casi un año, en junio, cuando se incrementó la bajada a $ 30.
“Los dueños de taxis solicitan un aumento en la tarifa, piden una bajada a $ 60. Nuestro compromiso como concejales es estudiar su pedido, como hacemos con cada presentación”, comentó.
