“La dispensa de medicamentos debe ser realizada exclusivamente en establecimientos habilitados para esos fines por el Siprosa y poseer un profesional farmacéutico matriculado en carácter de director técnico”, explicó el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, que se basó en la ley 5.483 para manifestar su postura sobre el caso de un grupo de personas que había comenzado a acopiar medicamentos -según dijo su vocera- para crear una “farmacia solidaria” a la cual pudieran acudir las personas que no pueden costear sus remedios.
A pesar de que la iniciativa fue recibida con beneplácito, la vivienda de Isabel Frías fue inspeccionada por personal del Siprosa y allí secuestraron los genéricos que la agrupación pretendía donar.
“Vino personal del Siprosa a inspeccionar el lugar, les expliqué que la idea era ayudar a la gente”, dijo Frías, que es auxiliar de farmacia, en entrevista con LG Play. La mujer destacó que a raíz de la nota publicada el lunes en LA GACETA hubo visitadores médicos y otras personas que se acercaron para donar fármacos a la causa. “Me explicaron que tenía que tener ciertos permisos para que nuestro proyecto funcionara de forma legal. Tuvimos mala suerte, porque aquí sólo recibimos donaciones”, argumentó.
La mujer manifestó que alrededor de 800 personas están colaborando con esta causa desde la pandemia. “Tenemos un grupo de Whatsapp con varias familias, todo con un fin solidario”, aclaró.
En el escrito que el colegio de Farmacéuticos presentó en LA GACETA se remarca: “más allá de la finalidad y las buenas intenciones de la iniciativa que se relata en la nota (periodística realizada el 21 de agosto), tal práctica se encuentra en situación de irregularidad, al menos en lo que al tratamiento de medicaciones se trata, con las graves consecuencias que a la salud pública pudieren producirse y se hace pasible de eventuales sanciones en el orden administrativo y judicial”.
