En el día de ayer, Tucumán Despierta volvió a poner en escena la gravosa situación que estaría teniendo en lugar en el cementerio Parque de San Agustín de Yerba Buena. Y es que desenterrar de forma absolutamente ilegal parece ser una práctica compulsiva de parte de quienes estarían jugando con los restos mortales de cientos de familiares de personas que vienen sufriendo este tipo de atrocidad.
En ese marco, este medio de comunicación mostró cómo la familia Luna, encabezados por Héctor y Alicia, denunció al cementerio Parque San Agustín por la exhumación ilegal de cadáveres que le tocó sufrir a estas personas. Al respecto, cabe mencionar que esta denuncia se sumaría a otras de igual calibre, tal y como la que se publicó en Tucumán Despierta hace apenas unos diez días.
Todo comenzó luego de que el concejal de Yerba Buena, Alejandro Sangenis, presentara un proyecto de ordenanza municipal acerca de un pedido de interpelación ante la falta de control de policía mortuaria de cementerios privados. En ese momento, trascendió el caso que inspiró el accionar del dirigente político de la ciudad jardín. Se trata de Lucas Bravo, ciudadano local que da cuenta de la exhumación informal de cadáveres por parte del mencionado cementerio.
Y es que jamás se le brindó la correspondiente información acerca de la acreditación fehaciente de comunicación a los deudos y demás trámites en regla de la exhumación del cadáver de su padre. En la denuncia se dejó constancia acerca de que los restos de su padre fueron exhumados en forma irregular, lo cual constituiría una profanación de sepulcro para eliminar sus restos en un osario sin consentimiento familiar y sin verificar el debido procedimiento.
Es por ello que el concejal Alejandro Sangenis se interesó por esta cuestión y presentó un proyecto de ordenanza municipal de Yerba Buena acerca de un pedido de interpelación ante la falta de control de policía mortuaria de cementerios privados. El proyecto de ordenanza presentado oportunamente deja en claro que “que el poder de policía mortuorio pertenece a la Municipalidad”.
Razón por la cual la gestión de Mariano Campero está obligada a “velar por el trato digno y el respeto a la humanidad de los cadáveres en los cementerios públicos y privados”. En ese sentido, se señala que para la exhumación de cadáveres se debe iniciar un expediente municipal. Pero también contar con una resolución del Ministerio de Salud y una guía de la empresa 9 de Julio, “ya que no se puede exhumar cadáveres sin orden judicial”.
En ese sentido, el concejal Alejandro Sangenis hizo hincapié en el hecho de que el accionar del cementerio Parque San Agustín no es irregular sino más bien ilegal. Ahora bien, en el proyecto de ordenanza se deja en claro las razones detrás de todo. Y es que señaló que “los cementerios privados venden el terreno que constituye las tumbas y cobran un canon mensual de mantenimiento”.
El problema es que “cuando hay atraso en el pago del canon, el código civil autoriza a los dueños de cementerios a cobrar la deuda”. Y se abrazan al hecho de que “el código civil prevé que puede rematar el terreno únicamente por deuda con el cementerio”. De más está decir que lo antes mencionado constituye claramente un delito. Para colmo, más de un año ha transcurrido desde el inicio del reclamo del Sr. Bravo.
Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta ni la empresa que explota la custodia de los difuntos, ni de la municipalidad que ejerce el poder de policía mortuoria. Al mismo tiempo, Sangenis apunta a que se sepa que “si se determinó o no si se trata de un solo caso o es una práctica constante del cementerio del Parque San Agustín exhumar los cadáveres sin respeto a la dignidad y humanidad con que deben ser tratados”.
El concejal de Yerba Buena hizo constar en su pedido de presentación se reserva el derecho de denunciar el caso ante los organismos de derechos humanos y la justicia, en la ocasión de que sea insuficiente o insatisfactoria las respuestas en la interpelación de los mencionados funcionarios que forman parte del gabinete del intendente de la ciudad jardín, Mariano Campero.
No obstante, la nota que presentó Sangenis en la Intendencia y el Concejo Deliberante de Yerba Buena no obtuvo respuestas hasta el momento. Mientras tanto, los casos siguen apareciendo y nadie se hace cargo desde el municipio acerca de esta grave situación. Es por ello que el concejal Sangenis continúa pidiendo a la sociedad que todos aquellos que se encuentran sufriendo estas atrocidades se comuniquen con él a la brevedad.
Para ello y con ese fin, el concejal yerbabuenense compartió su número de celular (3813300306) con el fin de que otras personas que hayan sufrido situaciones parecidas a la de Lucas Bravo en su momento, o la familia Luna ayer, se comuniquen para tomar cartas en el asunto, referido a la posibilidad de otras exhumaciones ilegales como la denunciada en el cementerio Parque San Agustín sobre la que informó Tucumán Despierta.
