Mañana puede llegar a ser un día clave debido a que podría legalizarse un crimen como el aborto en la Argentina. Justamente, a causa de que es posible que se consagre un delito penado por la mismísima Constitución Nacional, es que sería una fecha que podría entrar en la historia negra de la historia argentina. Pero estaríamos equivocados si señaláramos que solamente en el Senado es que se daría un acto ilegal.
Y es que este accionar cuestionable desde todo punto de vista, ocurrió desde el primer momento, cuando la Cámara baja de Diputados de la Nación le dio tratamiento a la interrupción voluntaria del embarazo. El problema pasa por el hecho de que este tema jamás podría ni siquiera haberse tratado en el Congreso debido a que la Constitución de la Nación lo prohíbe, pero también los tratados internacionales, que exhiben lógicamente una prohibición expresa.
Se trata de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, los cuales prohíben de forma expresa la regresión de los derechos consagrados. Entonces, la degradación institucional a llegado a tal punto que lo que hicieron los diputados que votaron por aprobar el aborto y lo que harán los senadores al votar a favor, es una clara violación a la Constitución Nacional, que ellos juraron defender y respetar al momento de ocupar sus cargos.
En ese marco, fuentes consultadas por Tucumán Despierta confiaron que se presentarían un sin número de pedidos de inconstitucionalidad, en el caso de que se apruebe el martes el aborto. En esa línea, también serán denunciados penalmente todos los diputados y senadores que votaron por el sí, a causa de haber violado nuestra carta magna y los tratados internacionales que se encuentran consagrados en ella.
Incluso, cabe mencionar que existe la posibilidad de que inclusive podrían denunciar a la Argentina por la violación a los tratados internacionales. Y es que es así de claro el hecho de que es totalmente ilegal aprobar el aborto, ya que, para que esto sea posible, primero el país tiene que reformar la Constitución Nacional y renunciar a los tratados internacionales, con la gravedad que este hecho representaría.
Recordamos que en 1984, el Congreso sancionó la ley 23.054, con la cual aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica. En su artículo 4° se refiere al denominado “Derecho a la vida”, el cual reza que “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Y en 1990 se sancionó la ley 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1989. En el artículo 2° de la ley, el Congreso interpreta que “Con relación al artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad”.
Asimismo, en el artículo 6° de la Convención se ratifica que “Los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida”. Como si esto fuera poco, en la reforma constitucional de 1994, se agregaron a la carta magna varios convenios internacionales, entre ellos, expresamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Es por esta razón que, en tanto estas normas constitucionales estén vigentes, el Congreso nacional carece de toda capacidad para aprobar una ley que legalice el aborto y posibilite el homicidio de un niño por nacer, teniendo en cuenta que su vida está protegida por la Constitución Nacional. De hecho, se incorporó el artículo 75° inciso 22, que habla en relación a los convenios internacionales agregados en su texto.
“En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”, reza el artículo 75° inciso 22. En lo que hace al plano local, el Colegio de Abogados de Tucumán, se pronunció al respecto y dejó en claro que el proyecto de aborto legal es inconstitucional y sacó un comunicado.
En el mismo, señalan que, como ya lo señalamos en este medio, la vida humana desde la concepción está protegida por nuestro ordenamiento jurídico. Así lo dictamina la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Tucumán y casi todas las constituciones provinciales. Como también los tratados internacionales que tienen rango internacional, nuestro Código Civil y Comercial y numerosas leyes nacionales y provinciales.
Es por esta razón que recurrir a estos instrumentos legales con el fin de brindarle un marco normativo al aborto, no sólo es inconstitucional, sino también improcedente, debido a que viola las normas internacionales y de legislación expresa. Pero también es discriminatorio y lesivo del derecho constitucional de igualdad ante la ley, ya que establece un tratamiento distinto a la protección jurídica a niños deseados de quienes no lo son.
En ese sentido, el Colegio de Abogados de la provincia dejó en claro que todo niño tiene derecho a crecer en su ambiente natural, como es el seno materno y gozar de la protección y asistencia del Estado, el mismo que intenta legalizar su destrucción en el mismo vientre materno. Cabe recordar que el derecho a la Vida es el primero y fundamental derecho de todo ser humano debido a que sin él carecen de sentido los otros derechos.
Y es que incluso el derecho a la Vida es superior y anterior a la Constitución misma, y su tutela es un deber irrenunciable de todo Estado. El ente provincial deja en claro que en lo que hace al proyecto de aborto la vida del niño por nacer se convierte en una cosa destruible por la sola voluntad de la madre. Esto no resiste ni encuentra justificación en ninguna disposición legal de la Argentina.
Un detalle que no debe dejarse al pasar, es que justamente la idea del presidente Alberto Fernández es la de comenzar a vacunar de forma conjunta en todo el país el martes. Es decir, justamente el mismo día en que tendrá lugar la votación, por lo que habría que preguntarse si esto no sería para que los medios estén con enfocados en la vacuna y termine pasando a un segundo plano el tema del aborto.
