Jujuy arde en estos estos días. Las fuerzas policiales de la provincia gobernada por Gerardo Morales reprimieron ferozmente a las protestas que llevan adelante miembros de las comunidades originarias y organizaciones sociales en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente. Desde Tucumán, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita solicitó el pronto accionar del gobierno nacional para frenar esta escalada represiva en el norte jujeño. Mientras que la Red de Acción por el Buen Vivir convocó a una movilización en Plaza Independencia mañana lunes a las 11.
“Las Comunidades Indígenas Diaguitas pertenecientes a la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Pers.Jur.521/12) exhortamos al Estado nacional que actúe de inmediato, de manera clara y contundente ante el desborde autoritario de las actuaciones del gobierno de Jujuy en esa provincia”, reza el comunicado que dieron a conocer este domingo ante la situación en la provincia de Jujuy.
“Vemos con mucha preocupación el avasallamiento de la población más vulnerable quebrantando los derechos constitucionales y las convenciones internacionales que la Argentina ha adherido. Nos preocupa seriamente el avance sobre los territorios de nuestros hermanos originarios de la provincia de Jujuy; es claro que no son considerados con los derechos propios de cualquier ciudadana y ciudadano de nuestro país y menos aún, con aquellos derechos que reconoce la Constitución nacional para los pueblos originarios”, destaca en otro párrafo el documento que lleva las firmas de los caciques Manuel Marcial, Jonathan Rueda, Nora Sequeira, Azucena Cata, Francisco Chaile, Miguel Flores, José Toledo, Daniel Sánchez y Alejo Azar.
“Es imperioso que se decrete el cese de las violaciones de los Derechos Humanos y de inconstitucionalidad de las actuaciones del gobernador Gerardo Morales tanto en territorio como en relación a los procedimientos llevados a cabo para realizar una reforma de la Carta Magna jujeña en perjuicio de un alto porcentaje de la población y en favor de los intereses de las corporaciones mineras y de explotación de recursos naturales de toda esta región”, destaca el documento.
Por su parte, la Red de Acción por el Buen Vivir anunció que encabezará una movilización en Plaza Independencia este lunes 19 a las 11. A la vez, informaron que estarán recibiendo donaciones, como ejemplo, abrigo, alimentos y agua. Las mismas pueden ser llevadas a calle Chacabuco 1080 (La Caracola) hasta el martes 20. “Exigimos la derogación de la Reforma Constitucional del Gobierno de Jujuy por ser ilegítima, inconsulta y gravemente violatoria de derechos constitucionales de la ciudadanía y de las comunidades indígenas preexistentes al Estado argentino. Basta de represión, los Territorios para los Pueblos”, expresaron a través de un comunicado.
Represión y detenidos
Son 16 las personas permanecen detenidas este domingo en las unidades penales del barrio Alto Comedero, de San Salvador de Jujuy, tras haber sido aprehendidas este sábado durante la represión a cargo de la Policía provincial en la entrada a la localidad de Purmamarca cuando reclamaban contra la reforma Constitucional. Inicialmente, el número de detenidos ascendía a 25 personas, pero en la actualidad permanecen apresados nueve hombres y siete mujeres, de acuerdo a los abogados que se acercaron hasta el lugar.
“Mi defendido estaba bastante golpeado y atemorizado. Él ni siquiera estaba manifestando en ese momento porque estaba comiendo, lo señalaron como una persona infiltrada y se lo llevaron”, indicó el abogado Lucio Plaza, quien junto a sus colegas había exigido a las autoridades penales la nómina de detenidos.
Los abogados denunciaron que las detenciones fueron arbitrarias y que “no se han seguido los protocolos ni tampoco la reglamentación que establece el código procesal penal”. La imputación contra los detenidos es por artículo 194 del Código Penal que establece la prohibición de cortes de vías de comunicación, con un máximo de tres años y un mínimo de tres meses de pena, con lo cual “absolutamente todas las personas pueden acceder al cese de detención y recuperar la libertad inmediatamente”.
El corte realizado en la ruta nacional 9 y la intersección con la ruta nacional 52, en la entrada a esa localidad, se mantenía en pie esta mañana con manifestantes de varias comunidades de la Puna y la Quebrada de Humahuaca que protestan contra la reforma constitucional, y que permitían la habilitación al tránsito cada hora. “La liberación de los detenidos ha pasado a ser una cuestión principal, pero no vamos a cesar en nuestro reclamo contra la reforma que se aprobó sin consultas las comunidades”, comentó a Télam uno de manifestantes apostado en el lugar.
Tras la medianoche y después de reprimir por cuarta vez, los efectivos de la Policía jujeña se retiraron de la zona del corte generando con ello un clima de relativa tranquilidad entre los manifestantes. “Hasta el momento no hay una decisión tomada sobre el anuncio del gobernador de dialogar”, expresaron los manifestantes en torno a la inflexibilidad que hay por el momento de levantar el corte de ruta -la principal vía de comunicación con el norte de la provincia- tras la brutal represión de la administración de Gerardo Morales.
El sábado por la noche, el Gobierno de Jujuy convocó al diálogo a los presidentes o comuneros de las comunidades indígenas de la provincia a los efectos de informar sobre los alcances de la ampliación de derechos que implica la reforma de la Constitución, en los que se resguardan “preceptos reconocidos en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, así como los instrumentos internacionales sobre derechos indígenas”. Remarcó el Gobierno que, con la reforma realizada, Jujuy se ha convertido “en la única que incluye el derecho a la consulta previa, libre e informada”.
Por su parte, La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el próximo jueves tras la represión policial desplegada por el gobierno de Gerardo Morales contra manifestantes. El paro, explicó Ctera, responde a “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”. Con esta medida de fuerza, los gremios exigen el cese de la “represión al pueblo jujeño”, un “aumento salarial a los docentes” y el rechazo a la “reforma constitucional” provincial aprobada el viernes pasado.
La confederación que nuclea a educadores de todo el país responsabilizó por la “creciente conflictividad en Jujuy” al “accionar” del gobernador y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, a quien denunciaron por “otorgar aumentos por decretos, sin diálogo”. Además, apuntaron contra Morales por impulsar una “Constitución inconsulta y antidemocrática” y reprocharon que “ante los paros contundentes y las multitudinarias movilizaciones responde con represión”.
