La elección Eduardo “Lalo” Cobos como Defensor del Pueblo quedará en la historia, a causa de los reales intereses que el ex legislador persigue. Y es que no se trata de un funcionario que defienda al pueblo, sino más bien defiende su propio sueldo. El cual no solo es más que bien remunerado, sino que no logra justificarse a razón de la falta de accionar de Cobos al frente de la Defensoría del Pueblo.
Y es que, si para muestra basta un botón, la tarifa de gas para los hogares de todo el país aumentará un 6% promedio y el Gobierno nacional podría anunciar el ajuste la semana próxima, a casi un mes de haber incrementado un 9% el valor del servicio de suministro de energía eléctrica. Y esa es apenas una pequeña muestra de los aumentos en los demás servicios con los que vendrá el mes de junio.
¿Y el Defensor del Pueblo? Brilla por su ausencia cuando debería estar más presente que nunca en un marco en el que Cobos no hace más que evidenciar su clara inacción en este tema. Según la ley, él podría intervenir de oficio en este tipo de aumentos y, sin embargo, no hizo nada al respecto. Y está claro que tampoco hará nada en el futuro cuando las subas de las tarifas lleguen sin parar.
Pero si de inacción hablamos, ¿Qué podría decirse del accionar de Cobos en el marco de lo que fueron las detenciones ilegales que sufrieron algunos ciudadanos que lo único que hacían era defender sus fuentes de ingresos? Ante las detenciones, el secuestro de mesas y de sillas en los bares, se repitieron una y otra vez durante esta semana. Y el Defensor del Pueblo nunca apareció dejando en situación de desamparo a los afectados.
Lo peor del caso es que otra vez la ley avalaba que el Defensor del Pueblo tomara cartas en el asunto. Y es que se trató de operativos policiales violatorios de la propiedad privada, sin orden judicial y amparándose en un DNU marcadamente inconstitucional. Nada hizo al respecto Eduardo Cobos. Cabe recordar que los tratados internacionales a los que suscribió Argentina con la reforma de la Constitución de 1994 tienen rango constitucional.
Justamente, esto significa que, al ser violada la Constitución Nacional, el mismo Defensor del Pueblo debería haber actuado de oficio. Sin embargo, optó por guardar un silencio cómplice, dejando actuar al Estado de forma ilegal cercenando la libertad individual de la sociedad. Eduardo Cobos no sólo no actuó sino que además dejó hacer. Lo grave es que Eduardo Cobos estaría volando la propia ley que creó la Defensoría del Pueblo.
La Ley N° 6644 deja en claro en su Artículo 1º que la creación de la Defensoría del Pueblo es “para la protección y defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas y de la comunidad, consagrados en la Constitución Nacional”. Entonces, ¿Por qué no hizo nada Eduardo Cobos cuando la Policía detuvo a civiles amparándose en un DNU inconstitucional? Simplemente porque los intereses que defiende no son los del pueblo.
Para colmo, en el Artículo 4º, donde se deja en claro cuál es el objeto de la creación de la Defensoría del Pueblo, establece de manera indubitable que Eduardo Cobos “tiene a su cargo velar por la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos”. ¿Por qué no hizo nada cuando hubo personas privadas de su libertad de forma ilegal? ¿Acaso esos derechos humanos no valen?
En el Artículo 10º referidos a las atribuciones del Defensor del Pueblo, se especifica que debe “intervenir de oficio o a petición de parte, del modo más inmediato y por el medio más idóneo posible, para emprender cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos o hechos de la Administración Pública”. Sin embargo, Eduardo Cobos nada hizo al respecto y dejó al pueblo a la merced de la tiranía de un DNU.
En definitiva, hasta aquí quedó demasiado evidenciado que Eduardo Cobos se encuentra muy lejos de la posibilidad de poder ejercer de forma digna el cargo de Defensor del Pueblo. Y es que para el ex legislador sus propios intereses y el abultado sueldo que percibe son más importantes que defender a los civiles de los abusos de las empresas de servicios y del mismo Estado nacional en su versión policíaca.
