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El 74,6% de la renta agrícola se la lleva el Estado

Un informe de FADA analiza los efectos de la sequía y del atraso cambiario.

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Imagen Ilustrativa
Descacharreo

Lejos de obtener paliativos oficiales para contrarrestar los efectos de la sequía en los cultivos, el Estado se queda con el 74% de la renta agrícola, según el último reporte de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). “Si lo medimos en aquellos productores que alquilan el campo los impuestos se llevan más del 100% de la renta. Este efecto se da en un año donde la producción en campo alquilado ha generado pérdidas en gran parte de las regiones productivas”, advierte David Miazzo, economista Jefe de FADA.

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 74,6%, la participación del Estado en soja es del 83,5%, maíz 69,7%, trigo 57,9% y girasol 63,7%. Según el diagnóstico, frente al a problemática como la sequía, la estructura tributaria argentina en lugar de reducir el peso de los impuestos, lo aumenta. ¿Por qué? “Esto es consecuencia de que el impuesto con mayor participación es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta”, analiza Fiorella Savarino, investigadora de FADA.

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Otro elemento clave para entender la situación es el atraso cambiario. Si comparamos con junio de 2022, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 110%, pasando de $120,16 por dólar a $252,99. En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en este periodo cayó un 1,7%. Medido a precios de junio de 2023, el tipo de cambio de junio de 2022 era el equivalente actual de $257, el de junio de 2021 era el equivalente actual de $326.

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“Esto significa que el tipo de cambio se ha atrasado respecto a la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares, un escenario malo para cualquier actividad exportadora”, observa Nicolle Pisani Claro, economista de FADA. La situación actual se potencia con otro factor: el efecto del cepo importador. Esto encarece el precio interno de los productos importados. El cepo tiene impacto directo sobre insumos claves para labores y fletes como neumáticos, repuestos y el precio de los camiones y maquinarias. Es de esperar que en 2023 el cepo importador se profundice, ante el menor ingreso de divisas a causa de la sequía.

El 74,6% de la renta agrícola se la lleva el Estado

De todas maneras, Miazzo aclara que “la baja de costos en dólares de gran parte de los fitosanitarios y fertilizantes y el atraso en las tarifas de fletes y labores respecto a la inflación amortiguaron en parte el impacto de la presión tributaria”.

Por otro lado, el segundo factor fue el atraso de las tarifas de fletes y labores respecto a la inflación, motorizado por la baja producción debido a la sequía que tiene como consecuencia una baja demanda y, por ende, una baja en el precio de estos servicios”, completa Miazzo.

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Los impuestos nacionales no coparticipables representan $ 3 de cada $ 4 del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina, es dinero que se produce a lo largo y ancho de Argentina y queda en manos de Nación. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables, representan el 18,5% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Con los quebrantos generalizados que genera la sequía, se acumularán saldos millonarios de saldos técnicos de IVA. “En los modelos desarrollados por FADA para este informe, en el promedio nacional, los cuatro cultivos medidos generan saldos técnicos”, indica Pisani Claro.

Las provincias reciben parte del 18,5% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Índice FADA se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este último impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 5,6% de los impuestos totales.

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