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El duro alegato de la fiscalía contra Sergio Urribarri: cartelización de la publicidad pública y desvíos millonarios de dinero

Encabezado por Cecilia Goyeneche, a quien el peronismo desplazó de su cargo en diciembre, el equipo acusador desnudó el mecanismo con el que las firmas amigas obtuvieron U$S 3,2 millones.

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El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, junto la fiscal federal Josefina Minatta. Gentileza Elentrerios.

Sergio Urribarri dejó de ser embajador en Israel este jueves por la noche, horas después de que el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos lo halló culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. El Ministerio Público Fiscal había pedido doce años de cárcel contra el ex gobernador, quien finalmente fue condenado a ocho años de prisión. Criminalidad económica, cartelización de publicidad y desvíos millonarios de fondos fueron algunos de los ejes del duro alegato con el que la fiscalía acusó a Urribarri.

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La lectura de la sentencia demandó cinco horas. Al final, se escuchó la decisión del Tribunal integrado por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón: condenar a quien en ese momento era embajador en Israel, que seguía la audiencia desde Tel Aviv.

Los fundamentos de la sentencia se entregarán a las partes el 26 de abril. Pero los argumentos que justificaron la condena contra el ex gobernador de Entre Ríos fueron detallados en el extenso fallo, que confirmó las principales acusaciones de la fiscalía.

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El equipo acusador se conformó con la fiscal Cecilia Goyeneche a quien el oficialismo -en una muy criticada maniobra- suspendió el 2 de diciembre. Dos meses antes, el 26 de septiembre, ella había sido quien expuso ante el tribunal los delitos que cometió Urribarri.

Frente a lo que calificaron de una “embestida del poder político”, el Ministerio Público Fiscal armó un equipo integrado además por Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quienes siguieron adelante con la estrategia de la fiscalía y convencidos de que había pruebas suficientes para llegar a una condena.

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Los ejes principales de la acusación se enmarcaron en la “criminalidad económica de funcionarios y privados”, en referencia a la cartelización de publicidad en la vía pública. Fueron cinco los hechos juzgados. Cuando Cecilia Goyeneche inició el juicio, dijo que “la corrupción le cuesta a Argentina entre el 8% y el 10% del PBI”.

El equipo de fiscales indicó que los cinco hechos “tienen un común denominador: con mayor o menor éxito, procuraron en todos los casos, la apariencia de regularidad de los procedimientos con el fin de encubrir la desviación de poder y la sustracción de los dineros públicos frente a los organismos de control y la ciudadanía”.

Se explicó -y luego el Tribunal le dio la razón al equipo de fiscales- que durante casi seis años, entre 2010 y 2015, se desarrolló en Entre Ríos, “una maniobra sistemática destinada a favorecer a un grupo de empresas dedicadas a realizar publicidad estática en la vía pública“.

Concretamente las empresas “Tep”, “Next”, “Montaña Publicidad” y “Jesús José María Bustamante Publicidad” (éste último condenado en sentencia de juicio abreviado del 24 de mayo de 2018, quien además reconoció su responsabilidad civil e indemnizó al Estado), direccionando desde el Estado Provincial, a su favor contrataciones por un monto histórico que superó los 21,5 millones de pesos (más de 3,2 millones de dólares)“, remarcó el Ministerio Público Fiscal.

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La organización delictiva, sostuvieron, perduró durante casi seis años pudiendo “escapar al control de los organismos competentes, pues siempre se mantuvo oculta -para los organismos de control pero no para las personas que aquí imputadas- la identidad del verdadero dueño de las empresas”.

Junto con Urribarri fue condenado su ex ministro Pedro Báez. A ambos se los señaló como responsables de armar la estructura delictiva, ya que “decidían discrecionalmente, a través de la contratación directa, qué empresas contratar (Tep-Next, que era la misma empresa, Montaña y Bustamante)”.

Todo esto permitió una “cartelización”, ya que durante el período investigado esas tres empresas “absorbieron casi de manera exclusiva, la publicidad estática en vía pública, actuando bajo la ficción de un aparente reparto de la publicidad entre empresas inscriptas en el Registro Integrado de Medios, pretendiendo de tal manera legitimar estos beneficios”.

De forma enfática, los fiscales alegaron que Urribarri y Báez fueron artífices de 142 contrataciones “irregulares, discrecionalmente definidas por estos dos funcionarios, valiéndose para ello de los altos cargos que ostentaban, decidiendo, tal como si se tratara de un emprendimiento privado, qué empresas contratar y el monto de las contrataciones”.

La defraudación al erario público fue millonaria, y la principal responsabilidad la colocaron en cabeza del ex gobernador, quien posibilitó que “con el correr de los años se genere una estructura cada vez más aceitada, que funcionaba con personajes que actuaban tanto desde la administración pública como desde el ámbito privado”.

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También se acusó a Urribarri de usar esas campañas publiciatarias con fines netamente personales. Primero permitió que las “contrataciones fueran sacadas de la órbita del Estado, sustrayendo directamente el dinero o bien, en algunos casos, aplicando la contratación a publicidad política/partidaria que tenía a Sergio Urribarri como protagonista“:

Cuando el Tribunal comunicó su sentencia, la reacción inmediata del embajador en Israel fue descalificar a la justicia. Dijo desde sus redes sociales: “Estamos ante una nueva entrega de arbitrariedades y atropellos, que no es sino la lógica a la que hemos estado sometidos en estos seis años. Seguimos soportando el ensañamiento y las injusticias”. Pese a su descargo, el presidente Alberto Fernández le pidió su renuncia, que se concretó cerca de las 23 del mismo jueves.

FuenteClarín
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