El Gobierno amplió hoy el pedido para apartar a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia por “razones de decoro y delicadeza” en la causa en que decidieron que la administración nacional pague a diario a la Ciudad 1.100 millones de pesos de la coparticipación federal. El pedido fue justificado en el inicio del juicio político contra los magistrados en el Congreso y en los supuestos chats entre un funcionario del máximo tribunal y el ministro porteño Marcelo D´Alessandro.
La solicitud lleva la firma del Procurador del Tesoro Carlos Zannini, la principal espada jurídica de Cristina Kirchner, y pretende que para resolver en este caso los magistrados de la Corte convoquen a conjueces, es decir que se sortee la recusación entre los presidentes de las Cámaras Federales de todovel país para que cinco de ellos decidan. Otra alternativa sería que la propia Corte decida rechazar in limine este recurso y seguir avanzando en el trámite del caso.
Esta ampliación de la recusación -adelantada por LA NACION el fin de semana- es el preanuncio de un nuevo capítulo de la guerra jurídica con el Gobierno porteño, que prepara un recurso para que la Corte haga cumplir al Estado nacional su fallo por el cual debe transferirle todos los días 1.100 millones de pesos en concepto de coparticipación federal.
Se trata de una medida cautelar que dictó la Corte en esta causa por la coparticipación federal a fin del año pasado y que fue el disparador del pedido oficial de juicio político contra todos los jueces del máximo tribunal, junto con la difusión de supuestos chats entre D’Alesandro (de licencia) y Silvio Robles, funcionario de la Corte y mano derecha del juez Horacio Rosatti, en el que supuestamente aludían a causas del tribunal.
