El Gobierno ahora apuesta a dictaminar el proyecto esta semana y llevarlo al recinto, junto al paquete fiscal, el lunes 29. Quieren tener la media sanción aprobada, como mucho, para la madrugada del 1° de mayo.
El jueves a última hora, Martín Menem recibió en su despacho a los jefes de bloque dialoguistas y fijaron la hoja de ruta. La idea es dictaminar la Ley Bases en plenario de comisiones el miércoles, sumándole la Reforma Laboral, que todavía no está consensuada, y el jueves darle luz verde al paquete fiscal en Presupuesto. El lunes empezaría la sesión y “como mucho”, creen que terminará en la madrugada del feriado.
Para llegar a cumplir con estas fechas, el viernes delegados de jefatura de Gabinete y de Economía de la Rosada estuvieron reunidos durante toda la tarde con los representantes de las bancadas. Recolectaron los planteos y quedaron en trabajar el fin de semana para hacer una devolución.
Las visiones están mucho más cerca que en el verano, cuando se dio la paradoja de que la ley llegó a ser sancionada en general y después quedó vacía de contenido porque el oficialismo retiró el proyecto cuando empezaban a votarse los artículos en particular.
Sin embargo, todavía hay puntos clave de la norma con final incierto, como el artículo 70 de desregulación de la economía privada, la actualización del Impuesto a las Ganancias, las modificaciones de fondos fiduciarios, el impuesto al tabaco, la derogación de la moratoria previsional y el régimen de inversión.
“Hay puntos que ya han sido recibidos positivamente pero esperamos a ver el texto y que esos cambios estén confirmados en la redacción”, aseguró un radical clave en las negociaciones.
Sobre la reforma laboral el panorama es más incierto. Hay al menos tres proyectos distintos presentados por la oposición que deben consensuar. La eliminación de la cuota sindical, que incluye el texto de la UCR, es impasable para otras bancadas como la de Miguel Angel Pichetto, y el propio Gobierno no se anima a tanto.
Para que pase, la reforma laboral tiene que ser “light”. Y en ese sentido, se fijan tres puntos clave: extensión del periodo de prueba -algunos dicen 6 meses y otros 8-; creación de un régimen de cese laboral (tipo UOCRA) optativo por convenio colectivo para reemplazar indemnizaciones; y sobre las multas a empleadores por trabajo no registrado deben ponerse de acuerdo en si directamente las eliminan o suspenden por dos años o las reducen.
Ley Bases: principales focos de discusión
La elevación del piso del Impuesto a las Ganancias a $ 1,8 millones para solteros tiene consenso -salvo en gobernadores patagónicos- pero la actualización anual es un reclamo masivo. Piden mantenerlo en cada tres meses, o máximo seis. Otros evalúan algún tipo de “cláusula gatillo”.
En el artículo que se faculta al Ejecutivo a eliminar o modificar los fondos fiduciarios, la oposición exige que se respete la asignación específica -en caso de que la tengan- por vía Presupuestaria y, si no, que si se forman con impuestos coparticipables si lo disuelven que los activos no vayan solo al Tesoro, como plantea Nación, sino a la masa coparticipable.
El artículo 70 sigue “impasable”. Ese punto faculta al Ejecutivo para derogar o modificar regulaciones sobre la actividad económica privada en diferentes casos. Aunque se cambió la redacción para especificar mejor los casos, la oposición plantea que sigue siendo “muy amplio” y un “cheque en blanco”.
En el artículo de privatizaciones siguen pidiendo que Banco Nación y sus seis empresas queden en un artículo aparte, como forma de evitar que quienes rechazan esa posible privatización voten en contra de todo el artículo. La oposición, además, plantea que si hay un informe de la SIGEN escandaloso sobre un caso en particular, más allá de la Bicameral de Privatizaciones se faculte a las Cámaras, a bloquear la privatización en un plazo de 45 días.
En el artículo que permite la disolución o intervención de organismos públicos, piden extender el listado ya confeccionado de organismos que no pueden ser “tocados” por el Ejecutivo y agregar, por ejemplo, al laboratorio Malbrán, el Incucai, la Anmat y el servicio meteorológico nacional.
La eliminación sorpresiva del capítulo del impuesto al tabaco -que beneficia a Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, al que llaman “señor tabaco”- genera malestar. La oposición insistirá con incluir esta tema en el proyecto. Lo plantearán en el recinto y si todos se unen pueden conseguir la mayoría para imponerlo. “Nos cansamos de esto, del juego de los intereses, que el Presidente ponga un manto de sospecha sobre todos, pero sean ellos mismos los que retiran el tema y nadie se hace cargo”, señalan. /Clarín
